Editorial de Opinión.
Entendemos que el Gobierno tiene portavoces cuidadosamente designados para que hagan conocer sus ideas y sus actos, cuando cualquier funcionario de segundo o tercer nivel se atribuye esas facultades, paradójicamente, hace mucho daño a su propio Gobierno.
Uno de los problemas o defectos de este Gobierno, es que muchos se atribuyen la facultad de formular declaraciones o realizar anuncios que comprometen al sistema. Todos los gobiernos del mundo, organizados conforme a normas administrativas racionales, tienen un funcionario deliberadamente seleccionado para que haga declaraciones e informe a la población de todo lo que hacen las autoridades, con esa dimensión o exigencia social y democrática. La vía de las múltiples declaraciones, puede ser también una estrategia para confundir a la población y en ese ambiente para imponer medidas atentatorias contra los valores de la democracia o los intereses de la población.
Lo mejor es que el Presidente de la República sea el que haga conocer al pueblo las decisiones de su gobierno, así como los grandes principios y valores dentro de los cuales cumple su mandato. La voz del Primer Mandatario, obviamente, es indiscutible para los miembros del poder establecido, y en la lógica de la legalidad imperante, tiene dimensión de obligatoriedad estricta para todos. Se supone que el Presidente ha de informar exactamente lo que hace el régimen que gobierna el país, bajo su dirección.
Las reflexiones anteriores las realizamos para referirnos con el debido cuidado a las relaciones del Gobierno con la Iglesia. Sabemos que en tal interacción hay diversos componentes, hoy nos referiremos sólo a lo esencial, precisamente, porque estamos preocupados por la unidad nacional en circunstancias en que los desafíos internos y externos exigen que todos actuemos consecuentemente respecto de los objetivos generales del país.
La Iglesia católica, es una institución fundamental en Bolivia, algunos miembros del Gobierno como el Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, deberían tener mucho cuidado en los juicios de valor o en las críticas que formulan en relación con las funciones de la Iglesia y con el papel que desempeñan sus representantes. Defender los valores de la democracia así como los derechos humanos no es militar en la oposición política. El perfeccionamiento de los sistemas políticos, en última instancia, es una forma de cooperar a los titulares de esos sistemas para que sean cada vez mejores. Lo que a su vez supone ganar mayor respaldo y proyección en la historia.
Lo que dijo el mencionado Viceministro adolece de tres defectos e insuficiencias, en primer lugar, no es quien se atribuya la representación del Gobierno para formular toda una línea conceptual y política frente a una de las instituciones más importantes del mundo y del país, en segundo lugar, es falta de tino y de sabiduría poner al Gobierno frente a una estructura tan grande, por algo que puede ser más bien motivo de un diálogo fructífero. Finalmente la simplificación y superficialidad en que incurre el funcionario público le hace más daño que bien al Gobierno que dice representar.