Subeditorial de La Razón.
Una nueva muestra de irracionalidad desencadenó ayer una tragedia en Patacamaya, a 110 kilómetros de la ciudad de La Paz, donde se enfrentaron policías, importadores y propietarios de vehículos usados, además de trabajadores de la zona franca del lugar. ¿El resultado? Un muerto y varios heridos. ¿Y todo por qué? Por una protesta en contra del decreto que prohíbe la internación de motorizados con una antigüedad superior a cinco años.
Ni siquiera 24 horas duró la tensa calma, por este conflicto, antes de que volviera el luto al territorio nacional. En tres meses, primero fue Porvenir, en el departamento de Pando; luego, Achacachi y, ahora, Patacamaya, ambas, poblaciones paceñas.
Totalmente despreocupados por los perjuicios que ocasiona este tipo de medidas de presión a la ciudadanía, los importadores de coches usados y trabajadores de las zonas francas de La Paz, Oruro, Patacamaya, Cochabamba y Santa Cruz iniciaron este lunes un bloqueo indefinido de carreteras, en demanda de la revisión del Decreto Supremo 29836 por parte del Gobierno. Su protesta ya dejó al menos un muerto.
El pueblo tiene derecho a manifestarse; eso no está en entredicho. Sin embargo, el reclamo debe ser sensato, nunca más absurdo que la acción que lo determinó. En medio mes de diciembre —época de vacaciones—, cuando los centros turísticos tienen la oportunidad de captar visitantes nacionales y extranjeros, un sector como el de los importadores de vehículos, apoyado por otros, atrevidamente se da a la tarea de bloquear caminos y, de esa forma, perjudicar a miles de bolivianos.
Para colmo, su medida de presión no se justifica desde el punto de vista de la protesta misma. El decreto del Gobierno busca controlar la saturación del parque vehicular, que es uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de las ciudades capitales de Bolivia en la actualidad. Además, no puede ser que, cuando se trata de impedir que el país se convierta en un lugar de automotores residuales, un grupo de personas pretenda ir en contra del sentido común.
A esto se suma el grave daño que los vehículos antiguos ocasionan al medio ambiente. El Gobierno hace bien en no flexibilizar el Decreto 29836.