La justicia del Chapare

Editorial El Nuevo Día.

Qué paradoja. El mismo día en que los gobiernos de Bolivia y Argentina firman un acuerdo de entendimiento para encarar una lucha conjunta contra el narcotráfico, en Villa Tunari se produce la señal más clara de lo que realmente está ocurriendo en el país en relación a las drogas. Hablamos de la orden de libertad que les concedió un juez a las hermanas Juana y Elba Terán y a Tomás Veizaga, quienes fueron detenidos en posesión de casi 150 kilos de cocaína, el 23 de septiembre pasado.



El caso llama la atención porque se trata de los familiares de Margarita Terán, una dirigente del Chapare muy cercana al presidente Morales, fundadora del MAS y ex miembro de la Asamblea Constituyente. La audiencia, conducida por el juez José Luis Dávila, fue instalada de forma absolutamente ilegal, pues el juzgado de Villa Tunari no tiene competencia en el caso y se hizo a hurtadillas, ya que la fiscal Claudia Mancilla, responsable del proceso, no fue notificada y se enteró cuando la orden de liberación bajo fianza ya había sido emitida.

De cualquier forma, la liberación bajo fianza de estas tres personas es una aberración jurídica, puesto que se trata de un delito flagrante, cuya pena seguramente debe ser mayor a los tres años de cárcel. El Código de Procedimiento Penal indica que en este caso no procede el beneficio de cesación de las medidas cautelares, puesto que existe el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia. No existen antecedentes similares en la aplicación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas desde su promulgación hace 19 años, pese a que la aplicación de esta norma ha estado en manos de “jueces neoliberales y politizados”, como suelen calificarlos los miembros del actual Gobierno.

El trabajo de la fiscal que intervino en la detención de las hermanas Terán no fue nada fácil. Ha sido víctima de amenazas y agresiones por parte de activistas de sindicatos del Chapare y por último, un juez recurre a la trampa para favorecer a sus espaldas a un grupo de acusados vinculados familiarmente con las más altas esferas de la política nacional. Cuesta creer en la supuesta decepción que siente el zar antidrogas boliviano y ex dirigente cocalero, Felipe Cáceres, quien descalifica al juez Dávila con los mismos epítetos que usa el MAS para defenestrar a los jueces que no suelen ser benevolentes con la línea política oficialista.

Sería justo, en primera instancia otorgar el beneficio de la duda y pensar que se trata de un hecho aislado o de la actitud comedida de un juez que no quiere caer en desgracia con un régimen decidido a aplicar sus propios métodos en materia judicial. Sin embargo, está claro que los escrúpulos cada día escasean más en el oficialismo y que esta pérdida de valores, incluye ceder terreno no sólo en aspectos como la justicia, la democracia y las libertades, sino en aspectos muy delicados como la producción y el tráfico de drogas. Como dijo alguien, este sí que fue un triste regalo de Navidad para Bolivia.

No existen antecedentes similares en la aplicación de la Ley 1008 de Sustancias Controladas desde su promulgación hace 19 años, pese a que la aplicación de esta norma ha estado en manos de “jueces neoliberales y politizados”, como suelen calificarlos los miembros del actual Gobierno.