La Prensa.
Editorial.
Más se ha preocupado el aludido presunto protagonista de tapar la boca rompiendo lanzas contra quienes lo han apuntado con el dedo firme y duro.
Como pocos, o mejor dicho, como ningún otro, desde que en el país, por pronunciamiento y voluntad sin fisuras, fue repuesta la democracia, el Gobierno de Evo Morales no ha vacilado un instante en apretar el cuello a los que no comulgan con lo que dice y menos con lo que hace.
En la actitud del jefe del Estado hay un desconocimiento y un pisoteo lacerantes de los más elementales derechos ciudadanos. Y tal vez el caso más ilustrativo de este aserto sea el del ya tan zarandeado ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro sin formas de juicio y hasta negándole de manera flagrante y reiterada su legítimo derecho a la defensa.
La fuerza de la circunstancia, o más bien la circunstancia de la fuerza, ha convertido a Fernández en irredimible chivo expiatorio. Las pocas diligencias legales que se han intentado en su favor no han llegado, en los hechos, a ninguna parte y si acaso alguna de ellas encontró eco en tibio proveído, pues se lo archivó sin que a los todopoderosos de este tiempo pesado les temblase el pulso.
Con particularidades muy diferentes viene desarrollándose otro entramado, no digamos jurídico porque no ha entrado en este campo, sino de franco encubrimiento. De aquel entramado, una de las principales figuras del aparato gubernamental y hombre muy allegado al Presidente de la República aparece, a la sombra de grandes indicios y de testificaciones lapidarias, complicado en un escandaloso caso de corrupción, concretamente, de millonario contrabando rodeado de agravantes insólitas y dolorosas que pocos saben si fueron circunstanciales o elaboradas cortinas de humo.
Poco o más propiamente nada ha hecho el protagonista presunto del contrabando, en escala mayúscula desde luego, por deslindar responsabilidades, por sacudirse de la polvareda en que a ojos vista está envuelto. Más se ha preocupado el aludido presunto protagonista de tapar la boca rompiendo lanzas contra quienes lo han apuntado con el dedo firme y duro.
Y es aquí, justamente, donde empieza a colmar de indignación a los que creen en la majestad de la ley la actitud de la más alta jerarquía administrativa y política, en parte porque si fue exigente, severa, estrecha en el caso de Leopoldo Fernández, ahora con uno de los del equipo, Ministro en ejercicio, obra con blanduras, abre ancha su manga, hace de la vista gorda con gracia criolla. La clásica ley del embudo, repudiable pese a lo de “clásica”, angosta en un extremo y muy ancha en el opuesto.
Inexcusable se hace proveer cuanto sea menester para poner en claro este caso, no sólo en obsequio y servicio de la justicia, sino porque suscita curiosos comentarios acerca de íntimos relacionamientos entre los que figuran en papeles de denunciante y denunciado y la posterior réplica de éste, en lugar de la dimisión que se esperaba.