Los cocaleros están al borde de romper la unidad del sector

Adepcoca evaluará el 12 de enero si votan “a conciencia” en el referéndum del 25.

A tres años de la gestión de Evo, los cocaleros del Chapare y de los Yungas de La Paz, están al borde de una fractura interna.

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Conflicto: los cocaleros de Yungas cuando tomaron las oficinas de Digcoin en Villa Fátima, en La Paz

La Prensa

Los cocaleros de los Yungas piden al Gobierno la creación de una planta para industrializar coca. Uno de los impasses recientes fue la toma de Digcoin porque el Gobierno cerró mercados internos.

A los tres años de la gestión del presidente Evo Morales, los cocaleros del Chapare y de los Yungas de La Paz, que son la base social del Poder Ejecutivo, están al borde de una fractura interna debido a la pelea por espacios políticos en la administración gubernamental, mercados y recursos económicos.

Entre ambos sectores que se dedican a la producción de coca existen diferencias marcadas que han puesto incluso en duda el apoyo de los productores yungueños al proyecto de Constitución Política en los referendos constituyente y dirimente del 25 de enero.

Una “manzana de la discordia” es la instalación de una planta para la producción de derivados en la ciudad de El Alto, como planteó la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que fue rechazada por el Gobierno del presidente Morales.

Los cocaleros yungueños, hace tres semanas, compraron seis hectáreas de terreno en la urbe alteña para la edificación de la procesadora, pero el viceministro Cáceres, por orden del Jefe de Estado, descartó esa posibilidad porque la factoría debería ser implementada en los Yungas, donde se produce la coca.

Esta negativa provocó la reacción de los productores de hoja de coca. Hernán Justo, secretario ejecutivo de Adepcoca, afirmó que fueron engañados por el Poder Ejecutivo, que les prometió industrializar la hoja con fines de exportación.

Las autoridades gubernamentales admitieron que Bolivia no podrá exportar productos terminados del arbusto porque existen normas internacionales que señalan a la coca como un estupefaciente.

A esto se suman los reclamos de la dirigencia cocalera de los Yungas por el “abandono” al que fueron sometidos por parte de la administración gubernamental. El secretario de Actas de Adepcoca, Nicolás Chincha, en una anterior entrevista efectuada por este matutino, se quejó por la distribución inequitativa de los recursos destinados al desarrollo alternativo.

El Gobierno destina el 60 por ciento de los fondos para el financiamiento de proyectos en el Chapare, bastión del presidente Morales; en cambio, para el norte de La Paz sólo llega el 20 por ciento. “Pero qué vamos a hacer, ellos tienen el poder, el mando, hay un viceministro que define, que es Felipe Cáceres, y él tiene la última palabra en eso”. El Viceministro dijo que “si presentan proyectos (los de Yungas) habrá financiamiento”.

El Secretario Ejecutivo de los cocaleros yungueños anunció que debido a estas actitudes del Gobierno del presidente Morales los más de 10.000 afiliados se reunirán en la ciudad de La Paz en una asamblea a fin de analizar si promueven el voto a conciencia en los referendos por el proyecto de nueva Constitución Política o si llevan la votación por consigna.

Según fuentes consultadas, las entidades estatales vinculadas con la producción de coca están controladas por los productores de hoja de coca del Chapare y no así de los Yungas, de hecho este sector no tiene cuotas en el Poder Ejecutivo.

El secretario permanente de Adepcoca, Claudio Manrríquez, en contacto telefónico con La Prensa, cuestionó la falta de atención al pliego petitorio de su sector por las autoridades gubernamentales. Recordó que después de tres de meses de negociaciones no obtuvieron respuestas favorables, por eso incluso se vieron obligados a tomar las instalaciones de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) en la zona de Villa Fátima.

En relación con el descontento de los productores del norte de La Paz, el presidente de las Seis Federaciones de cocaleros del Chapare, Julio Salazar, descartó que haya una ruptura entre sectores y con el Poder Ejecutivo.

Aseguró que esa situación “no pasará”, porque él había conversado personalmente con varios dirigentes del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) para evitar este extremo.

El representante sindical, sin embargo, admitió que existe malestar en sus compañeros de La Paz, que el 21 de octubre ingresaron en columna desde la Cumbre para pedir la aprobación de los referendos por la nueva Constitución Política en el Congreso Nacional.

El más reciente impasse entre los cocaleros de los Yungas y el Gobierno fue a mediados de este mes, por una resolución del Viceministro de Defensa Social que prohibía la venta de coca en Cochabamba y Santa Cruz, con el propósito de controlar que esa producción no fuera al narcotráfico; sin embargo, los productores tomaron Digcoin y el Ejecutivo resolvió suspender esa medida.

Adepcoca no forma parte de la Conalcam

La Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas no forma parte de la estructura de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) encabezada por el secretario ejecutivo de los colonizadores, Fidel Sucro.

De acuerdo con las averiguaciones de este matutino, este sector participa en las movilizaciones en apoyo al Ejecutivo; sin embargo, no tiene “poder de decisión” como ocurre con otros sectores sociales como la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FMCBS), Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Central Obrera Boliviana (COB), Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qollasuyu (Conamaq) y la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

La Conalcam es considerada como una asociación de organizaciones “supraministerial” que coordina las políticas y acciones gubernamentales. Participó como tal en los encuentros previos al diálogo del Gobierno con los prefectos de la llamada “media luna” en la ciudad de Cochabamba, en el mes de septiembre.

El 21 de octubre también organizó una caminada desde Caracollo (Oruro) para pedir al Congreso Nacional la aprobación de las leyes de convocatoria a referendos constituyente y dirimente debido al rechazo de la Corte Nacional Electoral (CNE) de administrar las consultas con un decreto supremo como solicitó el presidente Evo Morales. Asimismo, participó en al menos cuatro cercos al Legislativo.

ANALISTA

Cuatro razones para el distanciamiento

Carlos Hugo Laruta, sociólogo

El distanciamiento de los grupos cocaleros tiene varias causas. La primera es la confirmación de que los cocaleros del Chapare efectivamente son el núcleo duro de apoyo social del Gobierno, esto es totalmente razonable porque Evo Morales era un dirigente de los cocaleros del Chapare y no dirigente de los Yungas.

En segundo lugar, el presidente Morales ha sido muy suelto de boca, es decir, aunque juró cumplir la ley (sigue vigente la 1008), él dijo que podrían haber 15.000 o 20.000 hectáreas en los Yungas y mucha gente empezó a incrementar sus sembradíos. También ofreció industrializar y puso una piedra fundamental de una planta de industrialización en Irupana, la que ha quedado en eso, en una piedra fundamental. Entonces hubo un sobredimensionamiento que afectó fundamentalmente a los cocaleros de los Yungas.

En tercer lugar, es claro que la cuota de poder a favor de los cocaleros del Chapare es mucho más grande que la de los Yungas. Por ejemplo, el viceministro de Defensa Social y Lucha contra el Narcotráfico, Felipe Cáceres, viene del Chapare.

Finalmente en cuarto lugar, en materia de desarrollo rural y de desarrollo agropecuario, los Yungas no han recibido absolutamente nada nuevo. No hay cultivos adicionales de ajonjolí, de cultivación de cítricos, ni fomento al café. USAID estaba haciendo algunos esfuerzos pero por los problemas que tuvo con el Gobierno esto se ha detenido. De hecho, el campesino de Yungas está siendo cercado sólo a la producción de coca y el Estado no ha promovido el cultivo de otros productos.

Campaña por el Sí en Yungas

El Movimiento Al Socialismo (MAS) desplegó su aparato de propaganda hasta el norte de La Paz para promover la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado en los referendos constituyente y dirimente del 25 de enero.

El senador oficialista Lino Villca dijo que a pesar de la posición de sectores como los cocaleros, de poner en análisis la opción del voto en esa consulta, otros sectores como los cafetaleros y campesinos decidieron respaldar la aprobación del documento constitucional.

El MAS desplegó equipos humanos y logísticos para que visiten las organizaciones sociales “de base” con el propósito de promocionar el contenido del texto.

Asimismo, las reuniones de estos sectores son aprovechadas para hacer campaña por el Sí al igual que las radios comunitarias y locales. El legislador señaló que se están distribuyendo copias del proyecto de Constitución “para que la gente conozca por qué votará por el Sí”.

Estas comitivas recorren Caranavi, La Asunta, Quiquibey y otras poblaciones. Asimismo, informó que otros legisladores de las circunscripciones uninominales emprendieron similares tareas en sus provincias. A esto se suma el trabajo de las mismas organizaciones sociales que aprovechan las reuniones sindicales para exponer las ventajas de la nueva Carta Magna que será sometida a consulta popular.

Los puntos en cuestión

Los cocaleros de Yungas se quejan porque el Gobierno destina el 60 por ciento de los recursos del desarrollo alternativo a la región del Chapare y solamente un 20 por ciento al norte paceño.

Además cuestionan la falta de apuro en la industrialización del arbusto, pues los productores yungueños compraron un terreno de seis hectáreas en El Alto con el propósito de montar una factoría, pero el Ejecutivo rechazó la iniciativa y pidió que la fábrica se traslade hasta los Yungas. Sin embargo, tampoco existen mercados para vender los productos derivados de la coca.

Asimismo, señalan que las entidades estatales están controladas por los cocaleros del Chapare que son la base social del presidente Evo Morales.

El 12 de enero analizarán si respaldarán institucionalmente el proyecto de Constitución Política del Estado de forma particular. Para el revocatorio el voto fue “pleno”.