Editorial El Diario
En las críticas hay que distinguir las que son agrias y buscan el menoscabo y las que son constructivas por su sentido reflexivo, con miras a corregir ciertas conductas, siendo éste precisamente nuestro propósito mediante el análisis de algunos hechos que son de dominio de la opinión pública y que no han podido menos que dejar un sabor a dictadura. En primer lugar, se puede recordar la declaratoria de persona non grata al Embajador estadounidense, señor Philip Goldberg, súbitamente asumida de modo unilateral por el presidente Evo Morales, en momentos en los que el diplomático mantenía una entrevista con el canciller David Choquehuanca, quien recibió la decisión presidencial por teléfono, prácticamente en presencia de dicho diplomático.
Los motivos desencadenantes de tan drástica medida –supuesta conspiración contra el Gobierno- no fueron probados hasta el momento. Hace pocos días el cuerpo diplomático acreditado recibió la advertencia verbal del Presidente de que a simple sospecha de injerencia en asuntos internos, cualquiera de sus miembros se atendría al indicado precedente. Se trata de una afirmación inédita en las relaciones internacionales…
El despido de la DEA del territorio nacional se produjo mientras discursaba en la concentración de algún movimiento social, en forma tan sorpresiva como la anterior. Estos hechos parecen demostrar que el Gabinete Ministerial no es consultado en cada situación o que su reverencia a la persona del Mandatario es tan acentuada que no le permite emitir consejos. En orden cronológico contemplamos la cerrada defensa presidencial hacia el Ministro Secretario, Juan Ramón de la Quintana, en el bullado caso vinculado al presunto contrabando de 33 camiones con destino al Brasil. La negativa tajante del Ministro de someterse a investigación recibió en muchas formas el respaldo del Primer Mandatario, cuyo desenlace más dramático tuvo lugar en la humillación a un periodista del matutino La Prensa, en el propio Palacio de Gobierno y en acto público, emplazándole a ratificar las denuncias que con títulos espectaculares había ocupado las páginas de dicho medio, sólo por pertenecer a dicha casa periodística.
Este acto se alejó notoriamente de la normativa legal para casos de dicha naturaleza, la misma que prescribe procedimientos muy distintos a los ejecutados, revelando nuevamente falta de un adecuado y oportuno asesoramiento a S.E. La tácita ratificación de confianza al nombrado Ministro, contrasta con antecedentes que brindan los gobiernos extranjeros en resguardo del principio de transparencia, que es la base fundamental que otorga credibilidad al manejo de los intereses del país; lo contrario supone desprecio no sólo a ese principio sino a su praxis. Sin ir lejos se puede citar, como ya se lo hizo a otro nivel, el relevo en pleno de los ministros que acompañaban al Presidente Alan García del Perú, por presuntos preparativos de corrupción en materia de hidrocarburos.
La anticipada ratificación de los ministros, que hizo en días pasados el presidente Morales, si ellos fueran objeto de censura por parte de la oposición, en el Poder Legislativo por supuesto, prejuzga la inocencia o la buena gestión de dichas autoridades, cerrando los ojos a que pudiera darse lo contrario y, en el fondo, invita a la discrecionalidad administrativa e inclusive al autoritarismo en el manejo de cada uno de los ministerios, bajo la garantía de su inmunidad cualquiera fuese la causa de la censura y deslegitima el derecho constitucional de fiscalización que asiste a las Cámaras Legislativas. Huelga decir que tal voto de confianza e indemnidad va a contramano del proyecto de Constitución, según el cual, los ministros censurados deben ser removidos de inmediato. Esperamos que las precedentes reflexiones no caigan en saco roto a fin de que no continúe la erosión que por tales actos recurrentes afectan a la actual gestión de Gobierno.