Dirigentes anunciaron que marchas, bloqueos y otras medidas se centrarán en La Paz.
Mineros, comerciantes de autos y de ropa usada, médicos, trabajadores de la CNS y cocaleros, en apronte.
Importadores: una de las masivas protestas de los comerciantes de vehículos usados, la semana pasada en el centro de La Paz
La Prensa
A menos de una semana del referéndum se prevé una serie de conflictos sociales en La Paz. Mineros, comerciantes de autos y de ropa usada, médicos, trabajadores de la CNS y cocaleros, en apronte.
Al menos seis sectores anunciaron que se movilizarán en la sede del Gobierno en esta semana previa al referéndum, en reclamo a la atención de sus demandas. Se trata de los médicos, importadores de autos usados, cocaleros de los Yungas, trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), vendedores de ropa usada y mineros relocalizados.
A partir de hoy, los importadores de vehículos retomarán las calles paceñas para exigir flexibilización del decreto que prohíbe el ingreso en el país de coches usados que no tengan boleta de importación con fecha anterior al 5 de diciembre de 2008.
El dirigente del sector Zenón Mamani explicó que los afectados llegarán de otras regiones del país para marchar, pero además para asumir medidas de presión “más fuertes”, ya que el avanzar de rodillas y extraerse sangre son acciones que “ya pasaron”.
Afirmó que la semana pasada llegaron a movilizarse 1.200 personas, aunque no supo precisar si el cansancio acortará ahora las filas de los manifestantes. “Tal vez venga la misma cantidad de gente del interior, lo que pasa es que no hemos terminado de coordinar”.
Por otra parte, el Colegio Médico de Bolivia anunció un paro nacional de 24 horas para el miércoles 21 de enero en demanda del cumplimiento de sus peticiones. Entre sus principales exigencias están la inamovilidad funcionaria, la aceleración de procesos de calificación y pago del escalafón médico, que no se emita la resolución ministerial que reglamenta el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y que se respeten los aranceles médicos departamentales.
Según esta institución, el viernes 16 los presidentes departamentales asistieron a un ampliado en el que determinaron mantener el estado de emergencia, ratificaron el paro y dieron plazo hasta mañana al Ministerio de Salud para firmar un acta de entendimiento, en la que debe constar el compromiso de que se atenderán sus pedidos.
El tercer conflicto que enfrenta el Gobierno esta semana es el paro general indefinido que sostienen desde el 13 de enero los trabajadores de seguridad social de la Caja Nacional de Salud (Casegural), medida ratificada en una asamblea de emergencia celebrada el sábado.
Según la secretaria ejecutiva de la CNS, Rosario Vega, los trabajadores incluso podrían agudizar las presiones si no se aprueba la institucionalización de cargos y si el Gobierno no interviene la actual gestión de la gerente administrativa Silvia Farfán Borda, quien fue acusada de mala administración, ya que faltan medicamentos en los centros de atención, así como insumos, y se descuidó el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales.
Por otra parte, la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas amenazó con iniciar esta semana un bloqueo de caminos si el Ejecutivo no responde a su pliego de 2008, que incluye el permiso para comerciar un mayor volumen y el retorno del trueque de 150 libras de hoja de coca por otros productos.
En un ampliado, la semana pasada, las bases resolvieron pedir la destitución del viceministro de Coca, Gerónimo Meneses, y del director general de la Coca e Industrialización, Luis Cutipa. La dirigencia informó que solicitó una entrevista con el presidente Evo Morales para plantearle su inquietud.
También se prevé la reactivación del conflicto con los comerciantes de ropa usada, quienes anunciaron el inicio de marchas para exigir la ampliación del plazo de venta de estos productos que fenece en abril.
Finalmente, el Gobierno deberá nuevamente atender el pedido de ex mineros relocalizados de Catavi y Siglo XX, quienes ganaron un proceso en contra de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por el pago de más de 20 millones de bolivianos de beneficios sociales, por lo cual ya salieron a marchar la semana pasada. En mayo del año pasado, estas personas tomaron la sede de Comibol para acelerar el fallo de la justicia y entonces el Ejecutivo se comprometió a impulsar el proceso. Ahora exigen que se haga efectivo el pago ganado y adeudado.
Ministro Rada advierte chantaje en las demandas
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que este lunes se reactivarán varios frentes de conflicto para el Gobierno. Explicó que las acciones de presión que llevan adelante los importadores de autos usados, trabajadores de la Caja Nacional de Salud y, a partir de hoy, los denominados “ropavejeros”, entre otros sectores, no pueden sino calificarse como “chantaje preelectoral”, en virtud de la cercanía del referéndum del 25 de enero.
“Le adelanto una noticia: el día lunes (hoy) se va a reactivar un movimiento que prácticamente estaba dormido durante todo este tiempo, el de los ‘ropavejeros’, que otra vez van a volver a reanudar sus medidas de presión como un chantaje preelectoral para lograr concesiones del Gobierno”, dijo el Ministro en una entrevista concedida a la red Gigavisión, canal 21 en La Paz.
A escasos días de la consulta ciudadana, la Policía determinó acordonar el primer y el segundo perímetros de la plaza Murillo, para evitar que las marchas entren a protestar a las puertas del Palacio Quemado. También es probable que se agudice el conflicto del transporte interdepartamental, que días recientes decidió dejar de pagar peajes hasta que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) repare todos los caminos dañados por las lluvias.
En ese contexto, el ministro Rada dijo que el Ejecutivo está dispuesto a negociar con los gremios pero no a someterse a un “chantaje preelectoral en el que se realizan movilizaciones a pocos
días del referéndum para politizar estos temas y lograr beneficios”.
Resumen de conflictos
Los médicos esperan hasta mañana suscribir una carta de entendimiento o realizarán un paro.
Trabajadores de la CNS piden la intervención del Gobierno y la institucionalización de cargos.
Importadores de vehículos usados continúan sus medidas y piden el ingreso de sus productos.
Comerciantes de ropa usada esperan que el Ejecutivo no cierre el ingreso de prendas en abril.
Cocaleros de Yungas amenazan con bloqueos si no se atienden demandas, como el trueque.