Macabro | Santiago Meza López declaró que disolvía los cadáveres de 300 personas en ácido.
Miembros de la policía federal muestran al sicario Santiago Meza López, el viernes. | Ap
Los Tiempos
Tijuana | Agencias
Uno de los 20 narcotraficantes más buscados por el FBI ya está entre rejas. Santiago Meza López, conocido como “El Pozolero del Teo”, es además uno de los más sanguinarios.
Arrestado el pasado jueves por el Ejército mexicano en el Estado de Baja California, el detenido ha confesado que se encargaba de deshacerse de los cuerpos de las personas que le llevaban, pero que éstas ya estaban muertas, y por ese trabajo recibía un pago de «600 dólares por semana».
Hacía desaparecer sus cadáveres en ácido. Casi todas sus víctimas eran deudores o enemigos del narcotraficante Teodoro Eduardo García Simental, alias “El Teo”, miembro del cártel de los hermanos Arellano Félix.
En una comparecencia ante la prensa, Meza mostró al personal militar y a los periodistas el sitio donde durante varios años se ha encargado de desintegrar alrededor de 300 cadáveres, ubicado en un barrio de Tijuana. Lo hacía solo, después de muertas las víctimas, y por ese trabajo recibía un pago de 600 dólares por semana.
«Las echaba en un tambo (barril) y ahí se desintegraban», confesó el sicario, y añadió que los restos que quedaban los enterraba en una fosa.
Meza, de 45 años, fue detenido en un complejo turístico de Ensenada, a unos 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, junto a otros dos sicarios: Héctor Manuel Valenzuela, de 45 años, que ha dicho ser «cocinero personal» del primero, y Fernando López Alarcón, de 49 años, asistente de cocina, además de una menor que no ha sido identificada ni presentada públicamente.
La guerra que libra el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico está golpeando las puertas de su propio Gobierno con el arresto de una decena de altos funcionarios acusados de colaborar con el Cartel de Sinaloa, la organización delictiva más grande de México.
Mientras que muchos elogian al Gobierno de Alvaro Uribe por emprenderla contra la corrupción a todos los niveles, hay quienes dicen que los arrestos responden a una vieja táctica de combatir a unas bandas y proteger a otras.
Detenidos bajo sospecha
En los últimos cinco meses, funcionarios de la Procuraduría General, de la policía federal e incluso representantes mexicanos ante la Interpol han sido detenidos bajo sospecha de espiar para el Cartel de Sinaloa o para un viejo aliado, la banda de los hermanos Beltrán Leyva.
Gerardo Garay, ex jefe interino de la policía federal, está acusado de proteger a los Beltrán Leyva y de robarse dinero de una mansión durante una redada realizada en octubre. El ex zar antidrogas Noé Ramírez, quien fue titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, está acusado de recibir 450 mil dólares del Cartel de Sinaloa.
Buena parte de esta información proviene de un agente que se infiltró en la embajada de Estados Unidos y que trabajaba para los Beltrán Leyva. No se han detectado infiltraciones de gente del Cartel del Golfo, que controla los envíos de drogas de la región oriental de México y de Centroamérica.