Dos millones están en el área rural y más de un millón en las ciudades. En el área rural hay familias que tienen un ingreso de sólo 360 bolivianos al mes, en tanto que el ingreso mensual para familias consideradas de mayores ingresos llega a los 5.602 bolivianos.
La Paz/OPINIÓN.- La extrema pobreza agobia a más de tres millones de bolivianos, casi un tercio de la población total del país (de poco más de 9 millones de habitantes), pero se ensaña mayoritariamente en el área rural, donde viven más de dos millones de personas pobres en extremo. En tanto que en las ciudades habita más de un millón de personas en situación de carencia extrema.
La dramática radiografía fue revelada por la Fundación Jubileo, institución de la Iglesia católica, especializada en temas e investigaciones económicas y sociales.
Su reciente estudio señala que una tercera parte de la población boliviana habita en el área rural, donde el 64 por ciento es extremadamente pobre.
Cerca de 3.500.000 personas viven en poblados y comunidades rurales del país, de los cuales, dice Jubileo, más de dos millones subsisten con menos de un dólar por día. Detalla, citando datos de la estatal Unidad de Análisis de Política Sociales y Económicas (UDAPE), que son extremadamente pobres en el área urbana el 24 por ciento del total de habitantes (seis millones) y el 64 por ciento del área rural.
Esto implica, dice, que la situación de esos más de 3 millones de personas es de inseguridad alimentaria, por lo que el Estado está en la obligación de atender a esos sectores definidos como “en condición crítica”.
Advierte que en los últimos años, el país prestó mayor dedicación a la agenda política, “lo que distrajo la atención sobre estos desafíos económicos y sociales. Varias estrategias de reducción de la pobreza quedaron a mitad del camino, pero las acciones que sean adoptadas para atender a la población más empobrecida requieren constituirse en política de Estado, que perdure en el tiempo y se aplica más allá de una gestión de gobierno”.
Destaca que en el área rural, el 76 por ciento de la población es pobre y el 64 por ciento es extremadamente pobre. Además de esa condición, esos sectores estuvieron casi al margen de la participación en la toma de decisiones.
Señala que en los grupos más vulnerables, su capacidad productiva es muy precaria y sus ingresos están lejos de garantizar una vida digna.
En el área rural, en general, el promedio de ingresos mensuales de 1.013 bolivianos por familia, considerando que cada una tiene aproximadamente cinco miembros. En el área urbana, el ingreso familiar promedio es de 2.525 bolivianos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Jubileo analiza la situación de ingresos del hogar en el área rural, y establece que el segmento o quintil más pobre apenas percibe 360 bolivianos mensuales por familia, mientras el nivel más alto alcanza a 2.116 bolivianos por hogar, cifra también insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, vestimenta, salud y educación, entre otros.
Los ingresos promedio en el área urbana varían entre 754 bolivianos para el quintil o segmento más pobre y 5.602 bolivianos para el quintil con mayores ingresos. Esto implica, que hay una brecha de inequidad, agrega.
Según la estructura de gasto de los hogares rurales, la mitad de los ingresos económicos es destinado a la compra de productos alimenticios. “En consecuencia, el incremento en los precios de los productos alimenticios incide más en el poder adquisitivo de los hogares rurales, con la consecuencia de mayor hambre y desnutrición”, agrega Jubileo.
Además de destinar la mitad del ingreso a alimentos, según datos del INE que recoge Jubileo, un 20 por ciento se destina a vivienda y servicios para el hogar, 9 por ciento para educación, 7 por ciento para transporte y comunicación, 4 por ciento para salud y educación y 9 por ciento para otros gastos.
Esos niveles de pobreza extrema son expresados por la población rural como la mayor preocupación. El estudio de la Fundación Jubileo acerca de las percepciones sobre la coyuntura del país, “los pobladores del área rural siguen con atención la evolución de los acontecimientos políticos, sin embargo, al responder sobre la identificación de los temas más importantes anteponen los que se refieren a su situación económica y social”.
Según ese estudio de percepción en el ámbito rural, realizada en el mes de junio del año 2008, el 23 por ciento tiene como principal preocupación la pobreza, el 17 por ciento la falta de empleo, el 17 por ciento la inflación (o aumento de precios), el 15 por ciento la división y desunión de los bolivianos, el 14 por ciento la política, el 7 por ciento la falta de desarrollo económico y el 7 por ciento la corrupción.
También, dice Jubileo, expresaron una particular preocupación por la subida de precios de alimentos procesados, como arroz, aceite, fideo, azúcar y carne de res.
La organización católica especializada en temas económicos advierte que los precios que se pagan en el mercado para los productos agrícolas de los campesinos son bajos, porque se comercializan sin valor agregado. “Esto hace que los pequeños agricultores dependan de un puñado de productos agrícolas no procesados y en condiciones de intercambio comercial desfavorables respecto a los productos manufacturados”.
Propone, para responder al desafío de mejorar las condiciones de vida de la población rural más pobre, una política de fomento de la actividad productiva que contemple un mayor apoyo a las organizaciones familiares campesinas y apoyo a la producción agrícola sostenible a pequeña escala, incluyendo la comercialización y acceso a mercados.
Además, capacitación para la investigación agrícola, apoyo técnico y promoción del conocimiento, especia e innovación de acuerdo a vocaciones productivas locales, acceso a la tierra, agua, créditos e insumos y promoción de la participación y capacitación de la mujer campesina.
Recuerda que en el Foro Jubileo 2000 como en el Diálogo Nacional Bolivia Productiva 2004 se trabajó específicamente sobre tierra y productividad, donde se determinó que las soluciones suponían la democratización del acceso a la tierra y recursos naturales, diversificación de la producción rural y apoyo a los sectores sociales vulnerables.
Además, recuerda que el Plan Nacional de Desarrollo, del año 2006, propuso la transformación estructural de la tenencia y acceso a la tierra, modelo de asentamientos humanos y desarrollo sostenible, marco normativo para los derechos de los indígenas y originarios, desarrollo tecnológico y rural, aspectos que han sido incluidos en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado.
El proyecto de Constitución, que será sometido a voto el 25 de este mes, señala que “el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los sectores rurales, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria”.