Solo en discurso se combate la corrupción

La Aduana  Nacional sigue siendo el botín gubernamental. De esta entidad salen miles de dólares para financiar el pago a «ponchos rojos» y dirigentes sindicales afines al MAS.

imageEl presidente Evo Morales ha identificado a la Aduana Nacional y a la Dirección de Migración como las entidades más corruptas. Sin embargo como ya es su costumbre dijo tan solo una parte de la verdad y se reservó la otra.

Ocurre que eludió afirmar que en ambas entidades existe corrupción pero que no son las únicas. Por otra parte resulta conmovedor que el presidente recién ahora se le haya ocurrido salir del mundo de ficción en que vive y observar lo que es conocido por todos.



Eludió también indicar a qué se debe la corrupción imperante particularmente en la Aduana y quienes se benefician de este esquema. Acaso Evo no sabe que la Aduana Nacional religiosamente debe entregar todos los meses la suma de 50 mil dólares para subvencionar las actividades de los llamados “ponchos rojos” que se han constituido en los guard de corps del gobierno masista.

Este grupo se beneficia también de las incautaciones de combustible en la población de Achacachi ya que no rinden cuentas a nadie de los decomisos. El principal beneficiado está plenamente identificado. Se trata de Eugenio Rojas, alcalde de esa población y principal dirigente de los “ponchos rojos”, un oscuro «personaje» que justifica los salvajes linchamientos perpetrados por sus comunarios, hasta hoy impunes.

Basta con realizar una evaluación superficial a las planillas de la Aduana Nacional para percatarse que Rojas desde el inicio del actual gobierno ha colocado a más de una decena de sus parientes en puestos claves de la entidad, quienes, como era de esperar, descollan por su incapacidad.

Esta situación es plenamente conocida por el presidente Evo Morales y viene desde la época en que manejaba la Aduana una miembro del clan Morales Dávila. Persistió durante la gestión de César López quien fue rápidamente degradado de héroe a villano luego de que se atreviera a denunciar las vinculaciones del ministro de la Presidencia , Juan Ramón Quintana con el tránsito irregular de 33 camiones con contrabando en el departamento de Pando.

El presidente haría bien en darse una vueltecita por otras entidades como YPFB e investigar las conexiones de algunos funcionarios con el contrabando de combustibles antes que  limitarse a anunciar una situación que ya es conocida por todos. Tendría mayor credibilidad también si es que sancionara a los responsables de los hechos de corrupción y no los premiara con puestos diplomáticos.

Nada más hay que acordarse de Jorge Alvarado, expresidente de YPFB, quien debió renunciar luego del escándalo producido al descubrirse que estaba haciendo negocios particulares con la empresa Iberoamérica Trading aprovechando su cargo. Alvarado fue nombrado encargado de negocios en Venezuela y el Superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Saínz, quien denunció el negociado, fue destituido de inmediato.

Para muestra un botón y está claro que hasta el momento Evo no ha mostrado mínimamente una real voluntad de lucha contra la corrupción y, por el contrario, existen indicios más que suficientes para establecer que la está incentivando.