Tal es la importancia de los medios de comunicación privados en Bolivia que el caso de YPFB y su escabrosa relación con Catler Uniservice, definitivamente, no hubiese salido a la luz pública de no ser la actividad de los periódicos, canales de Tv y radios independientes del poder político.
Editorial La Razón.
Por lo menos tres factores permitieron que se develaran los escándalos económicos que se producían en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) bajo la presidencia de Santos Ramírez, parte de la cúpula del gobernante MAS.
El primero y, sin duda, decisorio, fue el asesinato de Jorge O’Connor D’Arlach. Aparentemente, una acción torpe y, por ende, innecesaria, a menos que los planificadores del asalto a la coima de 450 mil dólares que portaba el empresario tarijeño hubieran tramado el crimen con la finalidad, quizá, de eliminar cuanta huella fuera posible de la corrupción en YPFB.
De no haber ocurrido esa fatalidad, seguramente el cuantioso soborno hubiera pasado desapercibido. Pese a que, ahora, se sabe que tanto la Fiscalía de Distrito de La Paz como el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción fueron alertados con bastante anticipación a los hechos. Se trataba de anónimos, alegan sus autoridades, pero sorprende que ni por la magnitud de los datos hayan atinado a realizar alguna acción preventiva.
Otro detalle significativo es que la entrega de la coima se iba a concretar en la vivienda de familiares de la esposa del ex presidente de YPFB. ¿Era mucha la confianza en lo que hacían o antes se llevó a cabo la misma operación y todo salió perfecto? Sobre este particular, una fuente muy cercana a los involucrados deslizó a La Razón que hubo otras entregas similares y que al menos uno de los directos participantes del volteo sabía de ellas, como también conocía a la persona que O’Connor D’Arlach entregaría el referido monto de dinero, el martes 27 de enero, día de su asesinato.
Tal es la importancia de los medios de comunicación privados en Bolivia que, así como ese dato, todo el caso de YPFB y su escabrosa relación con la empresa Catler Uniservice, definitivamente, no hubiese salido a la luz pública de no ser la actividad de los periódicos, canales de televisión y radioemisoras independientes del poder político.
Fueron esos medios de comunicación los que destaparon el escándalo, los que investigaron y los que indujeron a desentrañar, como cuestión primigenia, que estaba envuelto nada menos que uno de los hombres más poderosos del país.
De esa manera, y no por algún organismo o medio oficial, se descubrió la firma de un contrato doloso, por donde se lo mire, entre YPFB y unos personajes que se hacían pasar por representantes de empresas al parecer fantasmas para instalar, en una población fronteriza de Santa Cruz, una planta destinada a separar los líquidos del gas natural que se exporta a Brasil.
Está claro que un medio estatal, en el actual Gobierno, no difunde informaciones que afectan a la gestión de Morales, ni por radio, ni por prensa ni por televisión. De hecho, desde el primer indicio, con la muerte de O’Connor D’Arlach, prácticamente han ignorado este importante hecho noticioso. Así, ¿dónde queda la prédica del vocero gubernamental, Iván Canelas, quien no hace mucho dijo que los medios del Estado serían equilibrados? El Gobierno, según Canelas, sólo quiere que los medios “se acerquen a la realidad y la verdad”. ¿Y ésta no era una verdad?
Ojalá todos, no sólo las empresas privadas de comunicación, se embarcaran en el interés colectivo de erradicar la corrupción. El Ejecutivo se ha puesto firme, pero lo antes dicho indica que su lógica no incluye a la política de comunicación oficial.