Dicen que no sólo se debe investigar a Ramírez, sino también a Gustavo Torrico por lotear viviendas y cotear COTEL y a Juan camión Quintana por el contrabando de los 33 camiones en Pando.
Rueda la cabeza de Ramírez por escándalo de corrupción (foto archivo)
La Paz | ANF
Los ex dirigentes de la Federación de Juntas vecinales de El Alto (Fejuve), Carlos Rojas y Jorge Chura, esperan que el proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción «Marcelo Quiroga Santa Cruz» sea aprobada y promulgada lo más antes posible para que sea estrenada en el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, quien es acusado de corrupción y nepotismo al interior de la empresa estatal.
«Me pregunto si esa supuesta coima que debía recibir el señor Santos Ramírez, tenía que compartirlo con Evo Morales, si es su hombre de confianza, o posiblemente ya hubieron otras comisiones cuando se legalizó los chutos contratos petroleros tras la nacionalización de los hidrocarburos», dijo Rojas.
El ex dirigente de la Federación de Gremiales de El Alto Juan Escobar, expresó su confianza en que la Cámara de Senadores de luz verde a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para que se esclarezcan todos los actos de corrupción que mancharon la gestión presidencial del MAS.
«No sólo se debe investigar a Santos Ramírez, sino también a Gustavo Torrico quien es acusado de lotear viviendas y de cotear COTEL y a Juan camión Quintana por el contrabando de los 33 camiones en Pando que fue de pleno conocimiento de las autoridades de palacio Quemado», manifestó.
Las investigaciones que se desarrollan hasta el momento dan cuenta que los familiares del entonces presidente de YPFB tenían conocimiento del traslado de los 450 mil dólares hasta la casa de la avenida tejada Sorzano, donde fue asesinado el empresario tarijeño Jorge O»Connor D»Arlach Taborga, el pasado 27 de enero.
O»Connor D»Arlach fue el presidente del consorcio Catler-Uniservice, contratada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la instalación de la planta de separación de gas licuado de petróleo y gasolina en el campo de Río Grande, Santa Cruz.
En julio de 2008, el mismo O´Connor firmó el contrato «llave en mano» con el presidente de YPFB, Santos Ramírez. El costo de la planta es de 86,35 millones de dólares. En días pasados, la petrolera estatal hizo efectivo un pago de alrededor de 4,5 millones. La constructora tiene un plazo de 340 días calendario para entregar la obra.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desembolsó hasta el momento 6,8 millones de dólares en tres cuotas para la construcción de esa planta de separación de gas licuado de petróleo y gasolina. El plazo para la construcción es de 340 días y el costo total 86.35 millones de dólares. Los Tiempos digital