Fuentes:
2009 INCSR: Country Reports – Afghanistan through Comoros
Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2009 (INCSR)
Bolivia
I. Resumen
El 15 de septiembre de 2008 el Presidente de Estados Unidos determinó que por primera vez Bolivia había “fallado de manera demostrable” en cumplir sus obligaciones establecidas bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos. Esta determinación fue tomada debido a una cantidad de factores, incluyendo la salida forzosa de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y de la Administración Antidrogas (DEA) de la región productora de coca del Chapare, el continuo crecimiento de los cultivos de coca y de la producción de cocaína, las políticas del gobierno de Bolivia de ampliar el cultivo de coca “legal” y su falta de voluntad para regular eficazmente los mercados de la coca. La decisión del gobierno de Bolivia de expulsar al Embajador de Estados Unidos en septiembre y a todo el personal de la Administración Antidrogas (DEA) en noviembre, basándose en acusaciones falsas de conspiración, dañó seriamente la cooperación antinarcóticos y planteó la interrogante de si el gobierno de Bolivia continuará cualquier esfuerzo bilateral con Estados Unidos en esta área.
En el año 2008, el gobierno de Bolivia erradicó más de 5.000 hectáreas en todo el país, de las cuales cerca del 95 por ciento se efectuó en el trópico de Cochabamba (Chapare) y en la región de Yapacaní. No obstante, el cultivo de coca y la capacidad para la producción de cocaína crecieron rápidamente debido a un mayor cultivo y a la adopción de métodos más eficientes para la fabricación de cocaína por parte de traficantes bolivianos. Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
II. Situación del País
Bolivia continúa siendo el tercer mayor productor de cocaína en el mundo y es una importante zona de tránsito de cocaína de origen peruano. El potencial estimado de producción de cocaína de Bolivia se ha incrementado de 100 toneladas métricas en 2003 a por lo menos 120 toneladas métricas en 2008. Según la DEA, dado el número creciente de laboratorios que usan tecnología colombiana mucho más eficiente, la capacidad potencial de producción de cocaína puede haber crecido hasta 192 toneladas métricas. La mayor parte de la cocaína traficada desde o a través de Bolivia tiene como destino Brasil, Chile, Argentina y Paraguay con una cantidad importante que se trasborda hacia Europa. De 2003 a 2007, la producción de coca en Bolivia se incrementó de 23.200 a 29.500 hectáreas, de acuerdo con cálculos estimados oficiales del gobierno de Estados Unidos. Cálculos estimados de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONUDD) señalaron una tendencia similar de crecimiento. Bolivia es también un país productor de marihuana, principalmente para el consumo local, incrementándose la producción de 35 toneladas métricas en 2005 a más de 113 toneladas métricas en 2008.
El presidente Evo Morales, quien permanece como presidente de las federaciones de productores de coca de la región del Chapare, continúa promoviendo una política de “cocaína cero, pero no coca cero”, mientras que la producción de cocaína sigue creciendo marcadamente. Su administración de gobierno propuso un incremento en el cultivo de coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas, en violación de la ley boliviana vigente y de los acuerdos internacionales. Con el apoyo político de los más altos niveles del gobierno boliviano, los productores de coca continúan incrementando los cultivos, especialmente en los Yungas, donde la producción de cocaína se ha incrementado marcadamente. En junio, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue obligada a abandonar el Chapare debido a las amenazas de los líderes de las federaciones de productores de coca contra su seguridad. En septiembre, el gobierno de Bolivia negó permiso para que los aviones de la DEA vuelen dentro de Bolivia, sobre la falsa suposición de que los aviones eran utilizados para realizar vigilancia. Los aviones eran utilizados exclusivamente para transportar personal estadounidense y boliviano en misiones antinarcóticos. En septiembre, el presidente Morales declaró persona non grata al Embajador de Estados Unidos en Bolivia, acusándolo falsamente de apoyar a la oposición y de fomentar la división de Bolivia.
El 1 de noviembre, el presidente Morales anunció la suspensión inmediata de las actividades de la DEA en Bolivia. Una nota diplomática siguió al anuncio exigiendo la salida del personal de la DEA y de sus dependientes en un lapso de 90 días. El gobierno de Bolivia alegó, sin presentar ninguna evidencia, que la DEA estaba involucrada en espionaje político, que conspiraba contra el gobierno, que promovía el narcotráfico y que disparaba contra campesinos. Estas acusaciones son completamente infundadas. Al retirar a la DEA de Bolivia, los programas antinarcóticos, especialmente en el área de la interdicción, sufrirán un serio deterioro. Como resultado de la no cooperación de Bolivia con Estados Unidos en los esfuerzos antinarcóticos, el presidente Bush suspendió la designación de Bolivia como país beneficiario de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) y de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) desde el 15 de diciembre de 2008.
III. Acciones del País contra el Narcotráfico en 2008
Iniciativas de Políticas. Bolivia produce hoja de coca para usos tradicionales, como la masticación, la elaboración de infusiones y rituales religiosos. Sin embargo, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de acuerdo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas, la producción de coca para propósitos tradicionales en Bolivia debió haber concluido en el año 1989. La ley boliviana en vigencia permite hasta 12.000 hectáreas de cultivo legal de coca, la mayor parte producida en el área de los Yungas para abastecer el mercado lícito. En septiembre, el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con 25.000 productores de coca de la federación de Yungas para finalmente erradicar 6.900 hectáreas para el año 2010. La erradicación comenzó el 4 de octubre de 2008; la meta del gobierno de Bolivia es erradicar una hectárea por día. No obstante, este acuerdo también legaliza el cultivo de coca en nuevas áreas de los Yungas en una extensión de 6.500 hectáreas adicionales, elevando por lo tanto los niveles de producción “legal” por encima de las 18.500 hectáreas. Con las 7.000 hectáreas legalizadas en el Chapare, el total de la coca “legal” boliviana supera las 25.500 hectáreas, violando la Ley 1008 de Bolivia y las obligaciones internacionales del gobierno de Bolivia. El acuerdo de los Yungas también contradice la intensión expresada por el gobierno boliviano de reducir el cultivo de coca a 20.000 hectáreas trabajando principalmente a través de la erradicación voluntaria concertada y del control social.
Con la ayuda financiera de Venezuela, el gobierno de Bolivia continuó su plan de industrializar la coca y continuó conversaciones sobre la construcción de dos plantas de industrialización de coca, una en el Chapare y otra en los Yungas, en violación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, Artículo 4, el cual establece que las Partes deben “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos”. La Unión Europea (UE) ha tenido dificultad en dar forma final a los términos de una serie de estudios para determinar la verdadera demanda lícita de coca en Bolivia. El gobierno de Bolivia intentó en varias ocasiones modificar los términos de referencia. Esta demora ha incrementado los costos del estudio y ha retrasado los resultados hasta por lo menos enero del año 2010.
En 2008, el gobierno boliviano con algún apoyo del gobierno de Estados Unidos y de países vecinos, perfeccionó una propuesta, primeramente elaborada en 2006, para mejorar las leyes sobre lavado de dinero y confiscación de bienes y de negociación de penas en casos penales. De ser aprobadas por el congreso boliviano, estos proyectos de ley proporcionarían las herramientas que necesitan las unidades encargadas de la aplicación de la ley para mejorar su capacidad de investigar y enjuiciar casos de narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo y corrupción en Bolivia. Las reformas legislativas pendientes también incluyen una disposición para interceptación de comunicaciones con orden judicial y la reforma del Código de Procedimiento Penal. El congreso boliviano todavía no ha trabajado en la propuesta legislativa. El Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas respondió favorablemente al proyecto de legislación en julio y los planes están en curso para presentar esta legislación en diciembre de 2008 para su revisión por el congreso.
Logros. El gobierno boliviano erradicó 5.484 hectáreas de coca en todo el país en 2008; el 95 por ciento de la erradicación se realizó en el Chapare y en Yapacaní y sólo 5 por ciento (poco más de 300 hectáreas en Caranavi y La Asunta) en los Yungas. La interdicción de base de cocaína y de clorhidrato de cocaína (HCl) alcanzó a más de 26 toneladas métricas en 2008, mientras que fue de aproximadamente 14 toneladas métricas en 2007 y las unidades antinarcóticos del gobierno boliviano localizaron y destruyeron 6.535 laboratorios de cocaína y pozas de maceración, mientras que en 2007 esta cifra fue de 3.039. El incremento en las incautaciones se debe a un incremento en la producción de droga y en el trasbordo de drogas desde Perú.
Esfuerzos para la Aplicación de la Ley. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia intercepta drogas ilícitas, sustancias químicas precursoras e investiga actividades de lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos proporciona apoyo logístico y capacitación a las unidades de la FELCN. La FELCN está estructurada para combatir todos los aspectos del narcotráfico incluyendo la interdicción de drogas, de coca ilícita y de sustancias químicas precursoras, recolección de información de inteligencia, lavado de dinero y operaciones rurales. Incluso con la pérdida de la DEA, la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL, por su sigla en inglés) continuó apoyando la mayoría de los programas de la FELCN en Bolivia. A lo largo de 2008, la FELCN se concentró en los infractores de alto nivel, dando como resultado que más Organizaciones Prioritarias sean investigadas con las naciones socias regionales. Sin embargo, con una creciente oferta de cocaína, más actividades de narcotráfico, organizaciones más sofisticadas operando en Bolivia y la incautación de grandes y sofisticados laboratorios de cocaína manejados por colombianos en el área de Santa Cruz será cada vez más difícil para la FELCN enfrentar estos desafíos sin los recursos de la DEA y la integridad de algunos de los programas será difícil de asegurar sin la participación de la DEA.
Corrupción. No hay casos probados de funcionarios de alto nivel del gobierno boliviano que hayan alentado o facilitado la producción o distribución de drogas narcóticas o psicotrópicas o de otras sustancias controladas o el lavado de ganancias provenientes de transacciones ilegales del narcotráfico. Hasta octubre de 2008, la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) dentro de la Policía Boliviana Nacional y de la FELCN había investigado 2.043 denuncias de varias formas de contravenciones (accidentes de vehículos, uso indebido de equipo oficial e insubordinación). De los 176 casos relacionados con integrantes de la FELCN, ninguna de las investigaciones dio por resultado hallazgos de corrupción. Al presente, 827 de estos casos de la ORP fueron revisados por una junta disciplinaria y los restantes todavía están en la fase de investigación y/o esperan las acciones del tribunal.
Acuerdos y Tratados. Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972 y de la Convención de las Naciones Unidas sobre Substancias Psicotrópicas de 1971. Bolivia es integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos sobre Trata de Personas y Tráfico Ilegal de Migrantes, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. No obstante, Bolivia carece de muchas de las leyes y mecanismos de aplicación necesarios para implementar plenamente esos acuerdos. Bolivia ha firmado, pero aún no ha ratificado, la Convención Interamericana sobre Extradición.
Extradición. El Gobierno de Bolivia y el Gobierno de Estados Unidos firmaron un tratado bilateral de extradición en 1995, el cual entró en vigencia en 1996. El tratado permite la extradición de nacionales por los delitos más graves incluyendo el narcotráfico. En el transcurso del año 2008, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de un ciudadano boliviano por narcotráfico; esa solicitud permanece pendiente. Bolivia solicitó la extradición de dos co-imputados acusados de homicidio; esas solicitudes también permanecen pendientes.
Cultivo y Producción. El total de los cultivos de coca se ha incrementado de 25.800 hectáreas en 2006 a 29.500 hectáreas en 2007, según datos estimados oficiales del gobierno de Estados Unidos. De las dos principales regiones productoras de coca, los cultivos en los Yungas crecieron marcadamente hasta 22.500 hectáreas, mientras que el cultivo en el Chapare disminuyó hasta las 5.700 hectáreas, arrojando un crecimiento global de 14 por ciento. Los datos globales estimados de la UNODD también mostraron un incremento global del 5 por ciento, una tendencia similar de crecimiento.
Durante el año pasado, también se hizo evidente un incremento sostenido en el uso del “método colombiano” que es más eficaz en la producción de cocaína (utilizando la maceración mecanizada de coca y de solventes en vez de ácidos para la extracción del alcaloide). Según la DEA, como resultado, el dato estimado de producción anual de 120 toneladas métricas de cocaína podría incrementarse hasta en 60 por ciento. Debe señalarse que el incremento en las incautaciones de laboratorios y de cocaína en Bolivia del 2007 al 2008 es probablemente un resultado directo de un incremento de los cultivos en 2007 y de una proliferación de laboratorios en 2008 para procesar la coca.
El incremento de la producción de cocaína en Bolivia es una amenaza para los países vecinos, así como para Estados Unidos y Europa. Las autoridades chilenas y argentinas informan un crecimiento de laboratorios de producción de clorhidrato (HCl) de cocaína en sus países, abastecidos por cocaína base boliviana. Las autoridades brasileñas han declarado que la mayor parte de la cocaína incautada en Sao Paulo proviene de Bolivia, siendo un creciente porcentaje de esa droga cocaína de origen peruano que transita por Bolivia hacia Brasil.
Flujo y Tránsito de Narcóticos. Aunque la cocaína producida en Bolivia se está incrementando, hay poca documentación acerca de la cocaína boliviana incautada fuera de Bolivia y, como se señaló arriba, la mayor parte de las exportaciones de cocaína de origen boliviano se trasladan a otros países latinoamericanos y luego a Europa; relativamente una poca cantidad se exporta a Estados Unidos. Crecientes informes de inteligencia sugieren un nexo con mexicanos, colombianos y con el área de las tres fronteras (Argentina, Brasil y Paraguay). En 2008, el gobierno de Estados Unidos desmanteló tres organizaciones importantes relacionadas con la provisión de cocaína boliviana y organizaciones mexicanas.
Mientras tanto, a medida que la disponibilidad de cocaína se incrementa en Bolivia bajo la administración del presidente Morales, el conflicto crece entre organizaciones rivales que intentan apropiarse de territorios y de rutas de tráfico. Esto es más evidente en Cobija, donde docenas de narcotraficantes rivales fueron asesinados en 2008. Anteriormente, este tipo de violencia era infrecuente en Bolivia. La violencia en Cobija ha obligado a muchas personas a huir cruzando la frontera hacia Brasil, una tendencia que probablemente continuará en 2009.
Desarrollo Alternativo (DA). El programa de Desarrollo Alternativo Integral (DAI) del Gobierno de Estados Unidos proporciona apoyo para ayudar a diversificar las economías de las regiones productoras de coca de Bolivia, reducir la dependencia de las comunidades de la coca y apoyar estratégicamente el programa de erradicación voluntaria del Gobierno de Bolivia. La cooperación del Desarrollo Alternativo Integral contribuye a fortalecer la competitividad de los productos agrícolas de Bolivia (por ejemplo, café, banana, piña, cacao y palmito) en mercados nacionales y mundiales, mejorar condiciones sociales básicas (como ser el acceso a agua limpia), mejorar la infraestructura caminera rural y el acceso a los mercados. Desde el año fiscal 2007, el apoyo en el área del Desarrollo Alternativo ha comenzado a trasladarse de la región del Chapare hacia la región de los Yungas en concordancia con los planes de racionalización del gobierno de Bolivia.
En 2008, la cooperación bilateral en términos del Desarrollo Alternativo Integral sufrió deterioro después que el gobierno de Bolivia emitiera dos Decretos Supremos cuyo propósito fue que el gobierno de Bolivia ejerciera un mayor control sobre los recursos proporcionados por los donantes, los cuales se administran bilateralmente y que específicamente exigen que los fondos de los donantes apoyen directamente a las entidades del gobierno boliviano o que sean canalizados a través del Tesoro General. El gobierno de Estados Unidos, actualmente financia a una entidad del gobierno de Bolivia con el fin de realizar mantenimiento y mejora de caminos, pero también confía en otros mecanismos de implementación incluyendo organizaciones gubernamentales locales y no gubernamentales para entregar la cooperación. Los estrictos requisitos de rendición de cuentas del gobierno de Estados Unidos, que hacen énfasis en los resultados, y las preocupaciones acerca de la capacidad de otras entidades del gobierno boliviano para cumplir con estos requisitos, limitan la capacidad del gobierno de Estados Unidos de adherirse exclusivamente a las nuevas directrices de políticas que rigen sobre los recursos de donación. Una revisión intensiva del programa de Desarrollo Alterativo realizada por el gobierno boliviano demostró la magnitud de los resultados logrados por los socios implementadores bajo el programa, pero no tuvo éxito en convencer a las autoridades bolivianas de revisar sus decretos.
Aunque la implementación entretanto siguió efectuándose, las relaciones entre USAID y las contrapartes del gobierno boliviano en el Viceministerio de la Coca y Desarrollo Integral permanecieron tensionadas durante gran parte del año. Las relaciones se deterioraron marcadamente en junio cuando los líderes de las seis federaciones de productores de coca en el Chapare votaron para expulsar a los proyectos de USAID fuera de la región, acción que recibió el subsiguiente respaldo expreso del presidente de Bolivia y de la mayoría de los gobiernos municipales con los cuales los proyectos de USAID habían estado operando de forma productiva. Las federaciones de Yungas, por otra parte, expresaron su deseo de continuar cooperando con USAID y con sus socios encargados de la implementación. El gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Bolivia para realizar una conclusión ordenada de la asistencia otorgada en el Chapare favoreciendo el traslado de los recursos hacia los Yungas, pero hasta la fecha el gobierno boliviano no ha respondido y no existe tal acuerdo.
El apoyo de Estados Unidos a la región de Yungas, que se remonta al año 2001, tiene un origen mucho más reciente del que se llevó a cabo en el Chapare. Los Yungas es una región subdesarrollada y es el territorio de la así llamada zona tradicional, donde se cultiva la mayor parte de la coca legal de Bolivia. Sin embargo, también existe un considerable excedente de coca que se cultiva en esa región. Recientemente, el gobierno de Bolivia firmó un acuerdo con las organizaciones sociales de los Yungas para definir el área donde el cultivo de coca está permitido y para reducir el cultivo de coca en áreas localizadas fuera de esa zona. Los datos preliminares sobre los resultados logrados durante el año pasado indican que las actividades del programa de Desarrollo Alternativo Integral de USAID continuaron produciendo resultados importantes, mayormente superando los objetivos establecidos para el año, a pesar del estancamiento de la cooperación bilateral. La cooperación de Estados Unidos apoyó directamente el cultivo de 12.800 hectáreas de productos nuevos o mejorados como banana, cacao, palmito y café, y de áreas bajo planes de manejo forestal.
En el año fiscal 2008, el monto anual de exportaciones promovidas por USAID alcanzó casi $us35 millones. La cooperación otorgada a comunidades y negocios agrícolas ayudó a generar 5.459 nuevos empleos y nuevas ventas de productos del DA por casi $us28 millones. En el año fiscal 2008, 13.432 familias se beneficiaron directamente con la cooperación de Estados Unidos. Aproximadamente 717 kilómetros de caminos recibieron mantenimiento o fueron mejorados y 16 puentes fueron construidos en las dos regiones donde se llevaron a cabo los programas de Desarrollo Alternativo. Además, el apoyo de USAID ayudó al gobierno de Bolivia a inscribir las últimas 51.400 hectáreas de tierra para alcanzar un total de 466.000 hectáreas en el trópico de Cochabamba en preparación para su titulación, fortaleciendo de esta manera los derechos a la propiedad de tierras y alentando posteriores inversiones agrícolas en productos de desarrollo alternativo.
Programas Nacionales (Reducción de la Demanda). Un informe de la UNODD muestra un crecimiento continuo del consumo de drogas interno en Bolivia. El gobierno boliviano continúa apoyando inadecuadamente los programas de prevención del consumo de drogas a pesar de la evidencia de un creciente consumo de drogas por parte de los bolivianos según reporta por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONUDD). Estadísticas recientes muestran que un 4.6% de la población usa drogas ilegales (cocaína, marihuana, alucinógenas y otras) en Bolivia y que se anticipa que ese número crezca. El gobierno de Estados Unidos apoyó la ampliación del Programa Educativo de Resistencia al Consumo de Drogas, Alcohol, Tabaco y Contra la Violencia (D.A.R.E.) y continuó apoyando a 20 municipios que trabajaron para coordinar programas para la reducción de la demanda en los niveles locales así como un proyecto de acreditación de centros de rehabilitación. El programa D.A.R.E. alcanzó a 22.000 estudiantes, por debajo de la meta de 28.000 estudiantes, debido a problemas sociales y a las inundaciones que ocurrieron en Bolivia a principios del año. En cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG), el Gobierno de Estados Unidos concluyó el programa de maestrías en prevención del abuso de drogas y rehabilitación que incluyó a 32 estudiantes, e implementó un programa comunitario de prevención de consumo de drogas que alcanzó a 50.000 personas. En 2008, la mayor parte de los esfuerzos de reducción de la demanda apoyados por el gobierno estadounidense fueron coordinados con municipios locales y con gobiernos departamentales. A escala nacional ha sido cada vez más difícil lograr resultados dado que el gobierno todavía tiene que producir una estrategia coherente para la reducción de la demanda.
IV. Iniciativas y Programas de la Política de Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos apoya programas que amplían las capacidades del gobierno de Bolivia para reducir el cultivo de coca, arrestar y enjuiciar a los narcotraficantes, promover el desarrollo económico lícito que proporcione alternativas viables al cultivo de coca, desmantelar la producción de cocaína dentro de Bolivia, realizar la interdicción y destrucción de drogas ilícitas y sustancias químicas precursoras que se desplazan dentro y a través del país por medio de fuerzas de tarea operativas, reducir y combatir el consumo interno de cocaína y de otras drogas ilícitas, institucionalizar un sistema profesional de aplicación de la ley y elevar la conciencia de la población boliviana acerca de los peligros de las drogas ilícitas. El Gobierno de Estados Unidos también capacita efectivos de la Policía Boliviana Nacional con técnicas de investigación modernas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Cooperación Bilateral. La cooperación bilateral se deterioró de manera importante en 2008 con la expulsión de la DEA del país, la limitación impuesta a los programas de desarrollo alternativo integral de USAID, la expulsión del Embajador de Estados Unidos y la retórica cada vez más hostil del gobierno boliviano. Sin embargo, funcionarios bolivianos y estadounidenses todavía se reúnen con regularidad para implementar programas y operaciones y para solucionar diversos asuntos. La Oficina para Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL) es el principal proveedor de ayuda y asistencia a las fuerzas de interdicción y erradicación de Bolivia. Antes de su expulsión, la DEA proporcionaba apoyo en asesoramiento operativo directo, enlace, inteligencia y financiamiento a las unidades de la FELCN y USAID proporcionaba un apoyo significativo a los esfuerzos del gobierno boliviano en el área del desarrollo alternativo integral.
A pesar del deterioro en la relación bilateral, el gobierno de Estados Unidos continuó apoyando la consolidación y el desarrollo institucional tanto de las fuerzas de la Policía Boliviana Nacional como de los fiscales de sustancias controladas bajo un programa de capacitación y desarrollo para personal encargado del cumplimiento de la ley (LEDP, por su sigla en inglés). Durante el pasado año, cincuenta y seis cursos fueron brindados a la Policía Boliviana Nacional y a los fiscales, arrojando un resultado de 2.351 funcionarios capacitados. Estas personas recibieron capacitación en las siguientes áreas: control de crisis, liderazgo y administración, técnicas básicas y avanzadas de investigación criminal, investigaciones de narcotráfico, técnicas avanzadas de entrevista, trata y tráfico de personas, temas de derechos humanos e investigaciones de integridad bajo la Oficina de Responsabilidad Profesional del gobierno boliviano. También, 16 oficiales de la Policía Boliviana Nacional recibieron capacitación básica y avanzada para realizar pruebas con polígrafo además de recibir certificación otorgada por Estados Unidos. Estos oficiales certificados son el marco para la unidad de polígrafo de la Policía Boliviana y son responsables por administrar pruebas de polígrafo a todos los investigadores de la ORP y a los fiscales de sustancias controladas.
Lamentablemente, el sistema legal boliviano no puede procesar eficazmente la mayor parte de los casos de narcotráfico y muchos criminales evaden su enjuiciamiento. Para enfrentar esta situación, el gobierno de Estados Unidos ha continuado ampliando la capacitación de los fiscales y del Ministerio Público a través de la implementación de un programa nacional que buscan ampliar las capacidades de los fiscales para identificar, investigar y enjuiciar las violaciones referentes a sustancias controladas, crímenes transnacionales, asuntos de derechos humanos y corrupción.
El Camino a Seguir. El gobierno de Bolivia enfrenta desafíos importantes porque sus políticas permiten la expansión de los cultivos de coca, limitan los esfuerzos de erradicación y debilitan los controles sobre el mercado lícito de la coca. Estamos preocupados por la creciente influencia de los carteles colombianos y mexicanos y por la posibilidad de un número creciente de crímenes relacionados con el narcotráfico en Bolivia. Alentamos al gobierno de Bolivia a revertir sus políticas sobre la expansión de los cultivos de coca. También alentamos al gobierno boliviano a ampliar la erradicación en los Yungas, redoblar sus esfuerzos en el Chapare, eliminar nuevas plantaciones de coca y ampliar sus esfuerzos de interdicción contra las drogas y los precursores químicos ilegales en todo el territorio de Bolivia. Este esfuerzo debería incluir el retorno de la DEA a Bolivia. Estados Unidos también anima al gobierno boliviano a ejercer un control estricto sobre el mercado lícito de la coca, cerrar los mercados ilegales e incrementar la cooperación con los países vecinos en los esfuerzos antinarcóticos.
V. Tablas Estadísticas
* Las hojas-a-HCl tasa de conversión se estima en 370 kilogramos de hoja con un kilogramo de clorhidrato de cocaína en el Chapare. En los Yungas, la relación es de 315:1.