El resultado obvio es la ineficiencia de la empresa y los actos de corrupción, todo ello documentado por los medios de comunicación.
José Luis Orihuela Aquin* en La Razón.
Cuando el Gobierno nacionalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le dijo al país que la petrolera estatal sería la empresa estrella y el motor de la economía y del desarrollo nacional, porque generaría los recursos para luchar contra la pobreza. Apenas han pasado tres años de esa decisión y YPFB atraviesa por la peor crisis de corrupción que se hubiera vivido antes y después de la capitalización.
Esta crisis tiene su origen en la decisión del presidente de la República, Evo Morales, de designar autoridades “a dedo”, es decir, con un perfil político y no profesional especializado en el área petrolera. El resultado obvio es la ineficiencia de la empresa y los actos de corrupción, todo ello documentado por los medios de comunicación.
El primer presidente de YPFB en ser destituido fue Jorge Alvarado, junto al viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez, y al superintendente del sector, Víctor Hugo Sainz, por un contrato que pretendían firmar con un consorcio privado para exportar crudo al Brasil sin realizar una convocatoria pública y violando las normas.
La misma suerte corrió Manuel Morales Olivera y un grupo de asesores conocidos como los “rugrats”, quienes viajaron a Cuba supuestamente para capacitarse en fiscalización del sector; sin embargo, unas fotografías demostraron que fueron a vacacionar. El viaje le costó a YPFB y al Estado 342 mil bolivianos. Al margen de este hecho, quedó demostrada la “doble negociación” de Morales Olivera con las transnacionales petroleras, aplicando contratos duros para unas y blandos para otras. La historia no acabó ahí. El presidente Morales nombró como nuevo presidente de YPFB a Guillermo Aruquipa, hombre de confianza del entonces senador Santos Ramírez, quien al tomar posesión juró luchar contra la corrupción. Meses después fue apartado de la estatal petrolera ante denuncias de funcionarios sobre politización de la empresa, retiro de personal técnico para contratar a familiares y tolerancia ante la comisión de irregularidades.
Llegó el turno de Santos Ramírez, uno de los hombres fuertes de Morales y fundador del Movimiento al Socialismo (MAS). Él asumió el cargo con la misión de convertir a YPFB en una empresa altamente competitiva y pujante. Pero el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, quien había firmado un contrato con la petrolera por 86 millones de dólares, expuso a la luz pública un millonario negociado destapando una red de corrupción que involucró a: altos funcionarios de YPFB, familiares de la esposa de Ramírez, empresas fantasmas, fundaciones y gente del hampa con un amplio prontuario delictivo.
Lejos de convertirse en la empresa estrella del gobierno del MAS, YPFB fue convertida en un botín de guerra para beneficio personal de funcionarios libres de control y fiscalización. Ante todo este panorama, cabe una pregunta final: ¿Yacimientos puede recuperar la credibilidad y la confianza ciudadanas y demostrar que el Estado es un buen administrador?
*José Luis Orihuela A. es abogado.