En la Notaría General de Gobierno se asegura que la entidad está vinculada al ex Presidente de YPFB.
Tapadera. La Prefectura de La Paz registra a Khantati, para la construcción de viviendas sociales, en relación con Santos Ramírez. Un pariente político de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, aseguró a La Prensa que el dinero tenía como destino esa fundación. 8 irregularidades en favor de Catler. Jiovana pedirá fin de privilegio.
Pesquisas: Javier Navia (der.), durante el allanamiento de su casa en la calle Iturralde, el miércoles
Investigación da indicios de que $us 450.000 eran para Khantati
La Prensa
Javier Navia es presidente de la fundación y Gonzalo Aramayo integra el Directorio
Un ex constituyente también dice que Santos Ramírez y su esposa son socios de Khantati.
La investigación sobre el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor, a raíz de los cuales se destapó una supuesta red de corrupción en YPFB e irregularidades en la firma de un contrato, da indicios de que los 450.000 dólares que le fueron robados el martes 27 de enero eran para la fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Santos Ramírez, quien además sería su propietario.
En la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz aseguran tener el documento que certifica una relación entre esa organización privada y el ex Presidente de la estatal petrolera.
El ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN), quien se alió al MAS para promover el Sí a la Constitución Política del Estado, también declaró a la agencia alemana DPA que el ex titular de Yacimientos en sociedad con su esposa, la diputada Jiovana Navia, y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la fundación Khantati que se dedica a construir viviendas sociales.
La abogada de Jiovana Navia, Teresa Montaño, desconoce esos posibles nexos porque no habló sobre ello con su defendida. Anunció que esas interrogantes y otras irregularidades que se le atribuyen a la parlamentaria masista serán absueltas hoy en una conferencia de prensa.
Según las indagaciones preliminares, el día del atraco y asesinato de O’Connor, Javier Navia Doria Medina y su primo Gonzalo Aramayo guiaban al empresario a la casa de este último, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, donde al parecer debían depositar los 450.000 dólares que momentos antes había retirado la víctima del Banco Unión.
Las pesquisas apuntan a que el dinero era una “comisión” para Santos Ramírez porque había favorecido la contratación de la sociedad Catler-Uniservice con YPFB para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz), que tiene un costo total de 83,6 millones de dólares.
Fue el presidente Evo Morales quien confirmó la información periodística en sentido de que los 450.000 dólares salieron del Tesoro y pidió indagar a quién estaban destinados.
Luego de que O’Connor, Javier Navia, Gonzalo Aramayo y otros llegaran a ese domicilio, fueron interceptados por los atracadores y se produjo el forcejeo. Los malhechores dispararon contra empresario y tras arrebatarle el dinero escaparon.
Tras presenciar ese hecho y lamentar lo ocurrido, Javier Navia Doria Medina aseguró a un periodista de La Prensa que el dinero “era para la fundación”.
Al día siguiente, de boca de esa misma persona, este periódico conoció que se trataba de la fundación Khantati, ubicada en el edificio Ballivián. La Prensa acudió a ese lugar en más de tres ocasiones. En el piso 10, oficina 8, sólo hay un letrero con la inscripción fundación Khantati. Al tocar, nadie atiende el llamado.
Según Marcelo Ugarte, abogado de uno de los hermanos de la pareja de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, y de su primo Gonzalo Aramayo, ambos forman parte de Khantati. El primero es presidente y el segundo integra el Directorio.
Negó vínculo entre esa fundación y Ramírez, y dijo tener los documentos de constitución de la sociedad. Aseguró que esa organización se dedica a proyectos de vivienda social.
Explicó que esa institución privada se encarga de preparar las carpetas de los proyectos para que después puedan ingresar en alguna licitación.
Dijo que desde 2007, año en que comenzó a operar, ya realizaron entre cinco y siete proyectos en las ciudades de Cochabamba, El Alto y otras poblaciones del altiplano paceño, y que éstos se encuentran registrados en el Viceministerio de Vivienda.
El viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, aseguró a Cadena A que Khantati no figura en los planes de vivienda social. Esa organización, según datos de ese medio televisivo, fue constituida en Potosí.
El hermano de Javier Navia, Juan Carlos, dijo desconocer las actividades de sus parientes en esa institución privada.
Otra versión
Según la versión de Ugarte, el 27 de enero, día en que O’Connor fue asaltado y victimado, éste debía sostener una reunión con sus defendidos, Javier Navia y Gonzalo Aramayo, en el domicilio de este último para “obtener una información que tiene que ver con proyectos de vivienda”.
Explicó que el empresario tarijeño mostró interés para formar una alianza estratégica con Khantati a fin de encaminar estos planes de vivienda.
Según el abogado, precisamente en la computadora que fue secuestrada en el allanamiento de la casa de Aramayo, que se llevó adelante el martes, están los datos informáticos de los proyectos de vivienda.
Aseguró que el ordenador servirá para contrastar la declaración de su cliente y se constituirá en el elemento probatorio correspondiente.
Afirmó que sus defendidos desconocían que O’Connor llevaba consigo dinero en efectivo e insistió en que “lo que se tenía que hacer era una transferencia de información en ese inmueble, pero de dinero absolutamente nada ; ellos desconocen siquiera los recursos que estaba manejando el señor”.
Según su versión, no era la primera vez que se citaban para hablar sobre ese asunto.
Seguirán declaraciones de Javier Navia y Aramayo
Javier Navia Doria Medina, hermano de la esposa de Santos Ramírez (Jiovana Cristina), continuará hoy su declaración informativa en la investigación por corrupción pública. Su primo Gonzalo Aramayo también fue citado por la Fiscalía en el marco del proceso. Ambos están implicados porque al parecer forman parte de una red de corrupción en YPFB que favoreció la firma de un contrato con la sociedad Catler-Uniservice.
Entre los supuestos delitos por los que se los investiga están contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, cohecho activo y cohecho pasivo. Las indagaciones están referidas a la contratación de la sociedad Catler-Uniservice que se adjudicó la construcción de la planta de separación de líquidos en Río Grande (Santa Cruz).
Javier Navia y Gonzalo Aramayo se encontraban junto al empresario Jorge O’Connor el 27 de enero, día en que fue asesinado y le arrebataron 450.000 dólares del Estado que supuestamente eran para pagar una comisión a Santos Ramírez.
Navia y Aramayo ya declararon anteriormente, aunque en el proceso que fue abierto por asesinato y robo agravado. El abogado de ambos, Marcelo Ugarte, aseguró que sus defendidos están dispuestos a declarar para esclarecer los hechos.
Aclaró que la sesión de ayer fue suspendida para hoy porque los fiscales realizan una labor investigativa profunda. Dijo que sus clientes presentaron hasta el momento al menos tres declaraciones, asistieron a la reconstrucción de los hechos, allanamientos de sus viviendas y requisa personal.
Los hechos
El martes 27 de enero, el empresario Jorge O’Connor fue asesinado en el zaguán de una casa.
El hecho ocurrió en la avenida Tejada Sorzano. Tenía en su poder 450.000 dólares.
Estaba acompañado por Javier Navia Doria Medina y Gonzalo Aramayo.
También estaban con ellos Marío Cossío, Fernando Córdoba y Miguel O’Connor.
Ese hecho destapó supuesta corrupción en YPFB e irregularidades en la firma de un contrato.
El acuerdo entre Yacimientos y la sociedad Catler-Uniservice se firmó en julio de 2008.
A la fecha, al menos cuatro instancias iniciaron procesos de investigación.
La Fiscalía, el Senado, la Contraloría y el Gobierno quieren esclarecer este hecho.
El Ministerio Público prevé presentar un informe el martes de la próxima semana.
Se efectuaron ocho allanamientos en los domicilios de los presuntos involucrados.
Ramírez, incluido en pesquisas por el asesinato de O’Connor
La Fiscalía convoca a declarar a Carlos Villegas y Guillermo Aruquipa el lunes 9
Averiguaciones: la esposa de Fernando Córdoba, Yolanda Salinas, ayer en la Fiscalía de La Paz
Los funcionarios que fueron suspendidos de Yacimientos también prestarán declaraciones.
El Ministerio Público incluyó a Santos Ramírez en la investigación por el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, proceso por el que hoy comparecerá ante la Fiscalía. Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y ex funcionarios de la estatal petrolera fueron citados para el lunes 9 de febrero.
El hecho ocurrió el 27 de enero, a la puerta de la casa de Gonzalo Aramayo Doria Medina, primo de la esposa de Ramírez, ubicada en la avenida Tejada Sorzano, en Miraflores.
Javier Navia Doria Medina, cuñado del ex Presidente de YPFB, también estuvo presente el momento del atraco y asesinato a O’Connor. Él y Aramayo guiaron con su vagoneta al vehículo en el que se trasladaba el empresario con los 450.000 dólares al lugar de los hechos.
Los fiscales de la comisión especial asignados a la investigación confirmaron que la declaración de Santos Ramírez está programada para hoy las 09.00, en el piso tercero del Ministerio Público. Explicaron que ex titular de la estatal petrolera fue ”convocado en calidad de investigado”.
Según las indagaciones, Ramírez fue mencionado por Franz Michael Rodríguez Caero, uno de los atracadores de O’Connor. En su declaración señaló que le aseguraron que los 450.000 dólares eran una “coima” para el ex presidente de la estatal petrolera.
Rodríguez Caero, Rufino Rodríguez Coca y su esposa, Verónica Mamani Quispe, fueron encarcelados preventivamente y sobre ellos pesa un proceso por asesinato y robo agravado.
Los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez también están detenidos en el panóptico de San Pedro, porque existen indicios de que son los autores intelectuales del crimen.
Los 450.000 dólares arrebatados a O’Connor eran presumiblemente una “comisión” para Santos Ramírez, quien pudo haber beneficiado a la empresa Catler-Uniservice para que se le adjudicara la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, cuyo costo total asciende a 86,3 millones de dólares.
El ex senador también es investigado por un posible daño económico al Estado descubierto luego del atraco y asesinato de O’Connor. La Fiscalía lo notificó para declarar el lunes a las 14.00 por esos hechos. Su esposa, Jiovana Navia Doria Medina, también es investigada y se presentará en la Fiscalía hoy a las 09.00, luego de lo cual dará una conferencia de prensa.
El fiscal Edward Mollinedo informó que para el lunes 9 de febrero fueron citados el presidente e interventor de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa. Ambos fueron convocados en calidad de testigos, lo mismo que 11 ex funcionarios de Yacimientos suspendidos el sábado, cuando Ramírez también fue destituido.
En esa ocasión fueron relevados de sus funciones el viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio; la directora Jurídica Esther Carmona; el gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco; el gerente de la empresa de Servicios, Rogelio Ashimine; el gerente de Fiscalización, José Baldivieso; ex el vicepresidente de Operaciones Nelson Cabrera; el gerente de Planificación, Juan Carlos Arellano; el gerente de Finanzas y Administración, Julio Anagua; el jefe de Recursos Humanos, Sabino Carme; Juan Carlos Navia Doria Medina y Mario Christian Navia Doria Medina.
Estos dos últimos son cuñados de Santos Ramírez.
Juan Carlos Navia era el responsable de la oficina de Comunicación Social de YPFB. Según él, su contrato feneció el 31 de enero y negó que días antes del atraco hubiera sido transferido a Transredes. Dijo que el 27 de enero estaba en Santa Cruz por encargo de Yacimientos.
Negó toda vinculación con el contrato entre la estatal petrolera y la sociedad Catler-Uniservice.
El pasado lunes, Carrasco y Anagua fueron arrestados luego de ser sorprendidos cuando pretendían esconder documentos en las oficinas de YPFB.
Hermanos Córdoba se acogen al silencio
Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, imputados como presuntos autores intelectuales del robo de 450.000 dólares y el asesinato del ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se acogieron al derecho al silencio.
Entretanto, la esposa de Luis Fernando, Yolanda Salinas, quien se vio involucrada en años pasados en una estafa a Lotería Nacional (Lonabol), declaró ayer en el Ministerio Público. Su abogado, William Sánchez, aseguró que ella no sabía que su cónyuge trabajaba con O’Connor.
Ernesto Córdoba está detenido en la cárcel de San Pedro. Su abogado, Jorge Borda, explicó que ayer no declaró porque “nunca fue funcionario de la estatal petrolera”.
Los fiscales Edward Mollinedo y César Romano se trasladaron por la tarde a la Clínica policial Virgen de Copacabana a interrogar a Fernando Córdoba. Este último, internado porque supuestamente fue secuestrado y golpeado al día siguiente del atraco, declaró que era el “hombre de confianza” de Jorge O’Connor y aseguró también que trabajó un poco más de un año con él y su empresa Uniservice. Él acompañaba a su jefe en el día del atraco.
Fernando Córdoba también se acogió a su derecho al silencio. Su defensor, William Sánchez, señaló que calló “debido a su delicado estado de salud”. El fiscal Mollinedo dijo que solicitaron información al médico forense sobre su estado de salud y se prevé que hoy se reúna la junta médica de ese centro de salud, cuyo criterio establecerá si puede o no ser trasladado al penal de San Pedro.
Los representantes del Ministerio Público, acompañados del fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, también allanaron, por la tarde, la casa de Fernando Córdoba, ubicada en la calle Narciso Dulón, y su discoteca Ticoco’s, en la avenida Las Américas, ambas en la zona Villa Fátima. El abogado Sánchez, quien estuvo presente en las intervenciones, aseguró que los investigadores no encontraron nada.
Los O’Connor se querellan
La viuda y el hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, se hicieron presentes ayer en la Fiscalía de Distrito de La Paz para ratificar la querella criminal contra los presuntos asesinos del empresario tarijeño, a quien victimaron y robaron 450.000 dólares el 27 de enero.
Déborah Denegri y Miguel O’Connor acusaron formalmente de ser autores materiales e intelectuales de esos delitos a los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba, además de Verónica Mamani, Rufino y Franz Rodríguez; todos ellos con detención preventiva en la cárcel.
El fiscal Luis Mamani informó de forma escueta que a su despacho acudieron ambas personas para prestar una declaración ratificatoria de querella, pero que no aportaron nada en la investigación.
La autoridad del Ministerio Público se negó a dar mayores datos sobre la viuda del empresario asesinado.
Mamani es la cabeza de la comisión que investiga la muerte del empresario Jorge O’Connor, quien fue asesinado el 27 de enero mientras le arrebataban un maletín con 450.000 dólares. Ese dinero era presuntamente una comisión para el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, quien fue destituido de ese cargo el sábado 31 de enero.
Los detalles
La toma de declaraciones continuará la próxima semana a funcionarios estatales.
Fueron citados el presidente de YPFB, Carlos Villegas y el “Súper” de Hidrocarburos.
También se tomarán declaraciones a los empleados suspendidos el sábado.