El acuerdo suscrito no tiene valor público.
Catler opera desde estudio de su abogado en Salta. El futuro del contrato con Catler es incierto.
Otros tiempos: el 14 de julio, el presidente Morales y otras autoridades validaron el contrato con Catler Uniservice
Ramírez pagó $us 6,8 millones sin protocolizar el contrato
La Prensa
Ramírez asegura que se desembolsaron cuatro a cinco cuotas para la construcción de la planta.
El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez desembolsó 6,8 millones de dólares para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) a pesar de que el contrato con la sociedad accidental Catler Uniservice, encargada de la obra, aún no fue protocolizado y no adquirió carácter público, por lo que, según expertos, puede ser anulado.
Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de esa planta fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días. El 14 de julio se firmó el contrato pero, a los seis meses y medio de ese acto, del que incluso fue testigo el presidente Evo Morales, el documento suscrito legalmente aún no entró en vigor.
El ex titular de la estatal petrolera admitió ayer que el legajo firmado con la sociedad accidental todavía no fue protocolizado, al explicar el por qué no fue remitido a la Contraloría General de la República (CGR), como corresponde. “Todos los contratos tienen que llegar a la Contraloría, llegan cuando cumplen los requisitos, una vez que se dé su protocolización”.
La notaria de Gobierno de la Prefectura de La Paz, Ivana Rodríguez, también confirmó a la red Uno que el documento no llegó a esa instancia.
Santos Ramírez no entró en mayores detalles del por qué no remitió el contrato con la sociedad accidental a la Notaría de Gobierno, ni tampoco por qué, no habiendo adquirido valor legal, hizo pagos a ese consorcio en cuatro a cinco cuotas.
Al respecto, el ministro Héctor Arce dijo, según ANF, que la comisión interventora, encargada de investigar los actos de corrupción en la estatal petrolera, tendrá que “evidenciar” el registro del contrato de YPFB en la Contraloría y la Notaría de Gobierno.
Las supuestas irregularidades cometidas en la suscripción y posterior ejecución de este contrato fueron conocidas luego de que la pasada semana uno de los socios de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, fuera asesinado cuando portaba dos maletines con cerca de 450.000 dólares que al parecer eran una “comisión” para Santos Ramírez.
Procedimiento
El trámite de protocolización es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro.
Un comunicado de YPFB del 31 de enero de 2007 indica que los contratos firmados entre “los titulares de las empresas petroleras y YPFB, entre el 27 y 28 de octubre del año pasado (2006), aún no fueron protocolizados, por lo que aún no ingresan en vigencia hasta garantizar las condiciones técnico-jurídicas”.
Según el analista en hidrocarburos Hugo Del Granado, en términos legales la protocolización de un contrato entre una empresa estatal y otra privada permite que el documento adquiera un carácter público, de lo contrario continúa siendo un legajo privado. Ese hecho, según el experto, también permite iniciar “las acciones de incumplimiento (del legajo) o lo que fuere”.
Además, en términos operativos, sostuvo Del Granado, el que un acuerdo sea reconocido por la Notaría de Gobierno marca la fecha efectiva en la que se empiezan a computar los plazos fijados para que las obras sean concluidas por la compañía.
Al no haberse cumplido ese requisito, el contrato no está legalmente vigente, por lo que puede ser declarado nulo.
El constitucionalista Carlos Alarcón explicó que el acuerdo firmado entre la estatal petrolera y la sociedad accidental Catler Uniservice puede ser anulado por un juez competente porque no se cumplió el requisito de la protocolización y no tiene valor legal.
Añadió que al no haberse cumplido ese requisito para que se constituya en documento público no se debió haber ejecutado ningún pago y que de haberlo hecho fue ilegal.
“Un contrato no debería ser ejecutado mientras no reúna la forma legal que requiere la ley; tratándose de contratos celebrados por entidades del Estado, la ley exige que sean hechos un instrumento público y que sean protocolizados ante la Notaría de Gobierno, si no se cumple esa forma legal no debería haberse ejecutado ese documento”.
Según Alarcón, aun habiéndose ejecutado los términos de éste, si es declarado nulo por un juez competente, “uno de los efectos de la nulidad es que las partes deben devolverse lo que hubieran obtenido en virtud del contrato anulado, éste es el régimen civil de la nulidad de contratos del Estado”.
Por ello, según el legalista, bajo ese procedimiento se puede solicitar la devolución de los recursos que ya fueron erogados por Yacimientos, es decir, los 6,8 millones de dólares.
Alarcón también explicó que se puede demandar a los que firmaron el contrato por haber suscrito un acuerdo que es lesivo para los intereses del Estado, para lo cual se puede acudir a un proceso de tipo penal, y se tendría que hacer una revisión de los términos bajo los que fue firmado.
Irregularidades en la constitución de la sociedad
Las empresas Catler y Uniservice inscribieron una empresa de responsabilidad limitada, Catler Uniservice, en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato con Santos Ramírez, presidente de YPFB. Según El Deber, datos de la Superintendencia de Empresas dan cuenta de que Uniservice tiene personería jurídica tramitada en Bolivia, pero el asiento legal de Catler corresponde a Panamá.
La sociedad se adjudicó una obra por 86,35 millones de dólares, pero declaró un capital de 50.000 bolivianos. Ese bajo capital, asegura el diario cruceño, provocó problemas para que pudiera conseguir las boletas de garantías del sistema bancario nacional, lo que demoró el desembolso de la primera partida.
Catler Uniservice no tiene experiencia en la construcción de plantas de separación de líquidos, que debían producir entre 200 y 350 toneladas de gas licuado por día y 800 barriles de gasolina natural.
Para hacer efectivo el contrato, YPFB evaluó la experiencia de una subcontratada por la sociedad con la que firmó el acuerdo. La empresa experimentada en el ramo, Gulsby, compañía subcontratada por Catler Uniservice, asentada en Texas (Estados Unidos) ya hizo 150 complejos de este tipo. Sin embargo, esta última y las que se asociaron son desconocidas en el contexto petrolero sudamericano.
Una fuente citada por El Deber, que sería secretario de Catler, informó que la planta ya tiene avance de un 30 por ciento, aunque no se puso ni un tubo en Bolivia. Hace dos semanas, una comisión de YPFB había inspeccionado los 37 o 38 equipos que están en construcción en Houston (Estados Unidos). Otro grupo verificó los tanques fijos y móviles que se están construyendo en Esperanza (Argentina). Según la fuente, unas 2.800 toneladas de láminas de acero se fabricaron para esos tanques.
Más datos
Las supuestas irregularidades salieron a la luz desde el martes de la pasada semana.
Ese día fue asesinado Jorge O’Connor, socio de la sociedad Catler Uniservice.
Estaba en posesión de dinero que al parecer era “coima” para Santos Ramírez.
Esos recursos serían un pago porque este último benefició a esa sociedad.
Por el asesinato del empresario a la fecha se encuentran detenidas cinco personas.
Entre ellas, Ernesto y Luis Fernando Córdoba y Franz Michael Rodríguez Caero.
Además, Rufino Rodríguez Coca y Verónica Mamani Quispe, esposa de este último.
El presidente Evo Morales destituyó a Ramírez el fin de semana por ese escándalo.
En su lugar fue posesionado el ex ministro de Planificación Carlos Villegas.
Ayer fueron intervenidas las instalaciones de la estatal, de la que se recabó información.
Catler opera desde estudio de su abogado
Proceso. El diario argentino EL TRIBUNO comprobó que las oficinas de Catler International en Salta no son más que el bufete de su abogado. Los ejecutivos de Uniservice no dan la cara
El Deber
René David Moreno
Catler, la empresa argentina socia de Uniservice opera desde el estudio jurídico de su abogado en la ciudad de Salta. El portal de esta empresa www.catlercorp.com da cuatro direcciones internacionales; en Argentina, Brasil, Bolivia y república Dominicana.
La de Bolivia es donde funciona Uniservice en Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Busch entre el tercer y cuarto anillo, calle cinco Nº 100.
La de Argentina, la dirección es en la ciudad de Salta, calle Juan M. Leguizamon 752.
Según información del diario EL TRIBUNO, de salta, proporcionada para el diario EL DEBER, comprobó que en esa dirección no existe ninguna empresa con ese nombre, no hay ningún cartel que la identifique y tampoco hay funcionarios que estén trabajando para ella.
De acuerdo con este medio escrito salteño, ese lugar es el domicilio y, donde también tiene su estudio jurídico, el abogado de Catler, Jesús Cornejo. A EL TRIBUNO le indicaron ayer que Cornejo estaba de vacaciones y que en 15 días llegaría.
Por si fuera poco, este medio escrito salteño comprobó que el número telefónico que se da en ese portal, es de la ciudad de Buenos Aires y no de Salta, tal como publicó EL DEBER, el sábado pasado.
A EL TRIBUNO le contestó un señor de nombre Jaime Foster.
En cambio a EL DEBER, que hizo otra conferencia telefónica ayer, le siguió contestando un señor que dice tener por nombre Javier Montes y que manifiesta ser el secretario de la empresa.
Ayer, Montes volvió a indicar que el ejecutivo de Catler, Agustín Melano, no se encuentra y que la decisión de la compañía es no hacer declaraciones mientras las investigaciones de la Fiscalía no concluyan.
Una versión similar ofreció Foster a EL TRIBUNO en ese mismo número telefónico.
Cuando a Montes le indicamos si era posible que su empresa recibiera a un equipo periodístico de nuestro diario, esto fue lo que respondió: “Señor, pierde su tiempo, nadie los va a recibir”.
Posteriormente se insistió para conocer cuáles son los trabajos que de manera específica hace Catler en Argentina, y esto fue lo que dijo: “Esta es una empresa privada, no es una empresa pública, no se publican los negocios y tampoco se publican los clientes”.
Con relación a Uniservice, la socia boliviana de Catler, sus ejecutivos principales optaron por no dar la cara.
Tanto Miguel O’Connor como Mario Cossío McGalem no fueron ubicados en la oficina central en Santa Cruz de la Sierra, ni por teléfono en la ciudad de Tarija.
En la oficina de Santa Cruz ayer sacaron el aviso de que estaba ‘cerrado por duelo’. Un guardia de seguridad dijo que no había atención al público, aunque al interior del edificio se encontraban varias personas.
Por otra aparte la agencia Fides, informó que Catler Uniservice ya recibió un desembolsó de $us 6,8 millones, en tres cuotas, por parte de YPFB para la construcción de la planta en Río Grande.
En Santa Cruz se hace el inventario
Con siete notarios ayer el ex director de YPFB, Fernando Vincenti, empezó a recabar toda la información, documentos y computadoras de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Vincenti aclaró que está colaborando a petición expresa del nuevo presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, y descartó que su función sea la de un interventor.
“Simplemente he sido comisionado por el nuevo presidente de YPFB, para colaborar en este proceso de recolección de información para la investigación de las instancias correspondientes, nada más”, dijo Vincenti.
Añadió que toda la información se la pondrá en custodia, para precautelar que no sea escondida o destruida. Se la entregará a una comisión investigadora que llegue a esta ciudad.
Asimismo, fuentes de YPFB dijeron que las actividades de esta empresa se encuentran paralizadas desde ayer hasta hoy.
Por otra parte, el asesor técnico general de la Vicepresidencia de Operaciones, Nelson Cabrera, que fue incluido en la lista de 10 personas que serán investigadas, dio una conferencia de prensa para aclarar que su persona no estuvo involucrada en los actos de presunta corrupción de los que se acusa a Santos Ramírez.
Apuntes
– Reunión. En la primera reunión aclaratoria sobre la licitación, realizada el 27 de mayo de 2008, las empresas Catler International Corporation y Uniservice participaron cada una por su lado, pues aún no estaban unidas.
– Unión. En la segunda reunión aclaratoria del 5 de junio de 2008, ambas empresas participan juntas como el consorcio Catler Uniservice. Sus representantes fueron Julio Jorge Salazar y Mario Cossío McGalem.
– Obras. Uniservice tiene en ejecución obras vigentes entre cuatro y cinco en el departamento de Tarija, según datos que tiene la Prefectura de ese departamento.
– Argentina. De Catler no se sabe qué obras ha realizado o tienen en ejecución. Sus responsables no han dado ninguna información al respecto.
– Preferencias. Algunas empresas ya denunciaron ante la Viceministra anticorrupción que hubo favoritismo para Catler.
El futuro del contrato con Catler es incierto
Sospechas. Pese a que desde Argentina se aseguró que hay un avance del 30% del proyecto y que ya se compraron equipos, el Gobierno no descartó la anulación del contrato para montar una planta de gas
Hilton Heredia García | [email protected]
Se acentúan los problemas de supuesta corrupción en la estatal petrolera y el Gobierno no descarta anular el contrato con la empresa argentina y boliviana Catler Uniservice respectivamente. Las primeras acciones se dieron ayer con la semiparalización del proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande operado por YPFB Andina; el arresto por más de dos horas de los gerentes de Comercialización, Rodrigo Carrasco, y de Administración, Julio Anagua, la posesión de cuatro nuevas autoridades y el anuncio de despido de medio centenar de funcionarios.
“El compañero Evo ha sido claro: hay que despedir a cuanta gente sea necesario para que tengamos una nueva planilla de funcionarios sin ninguna sospecha. En eso está trabajando el nuevo presidente de YPFB y esperamos que en el transcurso de la presente semana salgan los memorándums. No debe quedar nadie sobre el que pese alguna denuncia de nepotismo, tráfico de influencias, etc.”, afirmó anoche el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, que sostuvo reuniones con el presidente a.i de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo.
La autoridad aclaró que se harán dos auditorías. Por un lado, la viceministra Suxo hará una auditoría para ver cómo se hizo la licitación y la adjudicación a la firma Catler Uniservice, y por otro, el ministerio del área instruyó a Villegas hacer una auditoría administrativa operativa a fin de ver cuál es la situación legal del contrato y sobre todo si están cumpliéndose los plazos de ejecución de la obra. No descartó rescindir contrato.
Ayer la viceministra Suxo intervino las oficinas de YPFB junto a diez notarios que levantaron un inventario de toda la documentación de 2008.
Instantes después que la viceministra llegó a YPFB, se hizo presente Ramírez, tras señalar que busca coadyuvar en este proceso de investigación y sugerir que la auditoría sea ejecutada desde el 2006.
Para Suxo, Ramírez cometió irregularidades y presuntos actos de corrupción mientras estuvo al frente de YPFB, tras firmar el contrato con Catler Uniservice, cuyo gerente era el empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, que fue asesinado por delincuentes que le robaron $us 450.000 en la casa de los parientes directos de la esposa de Ramírez.
En ese marco, aseguró que el proceso de adjudicación de Catler por $us 86,3 millones fue irregular, ya que no se envió el contrato a la Contraloría ni fue protocolizado, a pesar de haberse firmado en julio del pasado año y que la ley establece que el ente fiscalizador debe tener este documento a 10 días como máximo luego de realizado el contrato.
Otra de las ilegalidades observadas fue que YPFB no brindó transparencia ni rindió cuentas sobre la adjudicación.
Catler Uniservice fue contratada pese a tener sólo Bs 50.000 como patrimonio y carecer de capacidad técnica y laboral. El tema de la sociedad accidental fue observado.
Al respecto, un alto funcionario de Catler Uniservice informó vía teléfono, desde Argentina, de que el contrato es legal y tiene un avance del 30%. “Todos los equipos en EEUU están adquiridos y los tanques fijos y móviles están en Argentina. Han venido las inspecciones de Yacimientos, han tomado fotografías, hay una verificadora internacional que reporta a diario el avance de la obra, así que si lo rescinden será una cuestión legal”, afirmó. Agregó que Miguel O’Connor firmó el contrato, pues era el representante legal.
En medio de este escándalo, ayer Villegas posesionó a tres nuevos gerentes de YPFB y al viceministro de Planificación. No obstante, dos de ellos responden a la línea de Ramírez.
Por su parte, el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, informó que los gerentes de Administración, Julio Anagua, y de Comercialización, Rodrigo Carrasco, fueron arrestados por dos horas por intentar sacar documentos de YPFB.
Por otro lado, ayer el presidente de la empresa Sapsa, Mario Áñez, denunció que el asesor de Ramírez era piloto del avión secuestrado a esa empresa y que sirvió para beneficio particular.
Temor por paralización de inversiones y parcialización del proceso
Eduardo Paz / Cainco
La gestión nos genera dudas
El sector hidrocarburos precisa inversiones de forma urgente para que no se siga agudizando la escasez de combustibles. Sin embargo, la gestión de YPFB nos genera serias dudas sobre la forma en que se realizarán contratos y si éstos no serán lesivo. El proyecto de la planta en Río Grande está paralizado.
Rubén Costas / Prefecto
Corrupción no tiene castigo
Recién después de cinco casos muy sonados contra Santos Ramírez se le corta la cabeza. Pero, por otro lado, vemos que a Nava (militar acusado de atentado a un canal en caso Yacuiba) se lo premia con beca, demostrando que en el Gobierno no existe control y la corrupción no tiene castigo.
Guido Nayar / Fegasacruz
Debe investigarse a todos
YPFB necesita fiscales y no a la Policía, porque durante la escasez de carburantes existían personas que accedían libremente al diésel y la institución verde olivo nunca identificó a los favorecidos. Que se aplique la ley y se investigue a Santos Ramírez y a todos los que participaron del asesinato.
Saúl Ávalos / Min. Hidrocarburos
Nacionalizadas en la mira
En el caso del presidente de YPFB Transporte (ex Transredes) también se lo investigará por supuestos vínculos familiares con Ramírez. Asimismo, se hará evaluaciones con todos los presidentes de las empresas nacionalizadas y se tomarán decisiones. El señor Mario Arenas también será investigado.