El manejo de fideicomisos o manejos económicos directos en YPFB, avalados por el Ministro de Economía, es cuestionado por grupos del partido de Gobierno.
Ministro Luis Arce
La Paz/ANF
Un grupo de dirigentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene dudas sobre la transparencia del ministro de Economía y finanzas Públicas, Luis Arce, en la creación de los llamados fideicomisos petroleros, que se crearon a favor de la estatal YPFB.
La inquietud está situada en mandos intermedios del partido gobernante y en otros sectores sociales que suelen llegar con regularidad al presidente Evo Morales, merced al escándalo que estalló en el denominado «buque insignia» del programa de nacionalizaciones del Gobierno.
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El senador Lino Villca (MAS) se animó a expresar las dudas que existirían al interior del partido, al hacer notar su incomodidad por el pasado del ministro Arce y las presuntas vinculaciones familiares de esta autoridad con el Banco Unión; entidad que administró los recursos del fideicomiso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según el parlamentario, Arce Catacora fue subgerente de Reservas dependiente de la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia por varios años, hasta que fue promovido a Ministro de Hacienda en 2006. Recordó que ocupó el cargo durante la crisis de octubre de 2003, tiempo en el que, según dijo, se habrían administrado los gastos reservados de la gestión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y del ex mandatario Carlos Mesa.
«Hay que preguntarle a nuestro hermano Presidente porqué lo mantiene, todos los ministerios son decisión de él, únicamente los movimientos sociales podemos sugerir cambios, pero no determinamos, entonces se debe preguntar al Presidente porqué lo mantiene a Luis Arce Catacora», dijo el senador Lino Villca.
Manejo económico
El uso de los recursos del fideicomiso fueron cuestionados por efecto del dudoso contrato que YPFB firmó con la sociedad accidental Catler-Uniservice.
Estas irregularidades saltaron a la luz pública, luego del asesinato del empresario tarijeño, Jorge O’Connor D’Arlach, quien cuando murió, el 27 de enero pasado, llevaba consigo 450.000, dólares posiblemente destinados a una coima para el destituido ex presidente de YPFB, Santos Ramírez, detenido en la cárcel de San Pedro.
YPFB había contratado a Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos, por un monto de 86 millones de dólares, de los cuales la mitad ya contaba financiación específica, a través del fideicomiso que se contrató con el banco Unión. (Periódico Opinión)