El Mundo
Gracias
Cuando murió mi madre, mi hermana me preguntó qué le pondríamos en el epitafio, en ese instante -que fue fracción de segundos- mí vida transcurrió en cada una sus etapas, en todas recordé a Carmen Rosa y entonces señalé sin dudar: coloca simplemente Gracias.
Hoy, con la misma convicción de aquel día, me dirijo a ustedes para manifestarles con gratitud y humildad un Gracias por haberme acompañado y soportado durante 51 meses en los que escribí 1502 editoriales en esta casa periodística donde -con tranquilidad les puedo decir- nadie nos colocó ninguna bitácora en este viaje de libertad y de alegría donde solamente nos condujo la brisa y no podemos ocultar la enorme satisfacción que nos causa el oficio más maravilloso del mundo, sabemos que uno puede dejar de escribir en cualquier momento pero lo importante es saber que no fue en vano, que en cada letra, cada palabra, cada frase de las estrofas de los editoriales solo tuvimos la guía de la libertad, los valores y principios.
Que pudimos habernos equivocado, seguro, porque el corazón en oportunidades traiciona la razón y yo definitivamente también tengo corazón y lo expreso escribiendo. El que en este momento decida dejar de acompañarlos es simplemente por motivos de salud, para nadie es un secreto que padezco una enfermedad (Lupus) la cual hoy exige la responsabilidad de evitar los stress que nos llevan a la hipertensión, esa responsabilidad que nos exige por hoy obedecer las recomendaciones del médico, nos marchamos contentos y tremendamente agradecidos porque en este diario desde los accionistas pasando por los periodistas, reporteros y terminando en el “canillita” lograron hacer no una empresa sino una familia, donde sin amos ni esclavos ni guiones ni imposiciones podrán continuar con esta tarea tan digna y bella que -es cierto- da placer y no poder, donde el que me marche no significa nada pues sabemos que nadie es indispensable, lo que debe ser imprescindible son el amor y la entrega de saber que lo que estás haciendo está libre de cualquier interés bastardo. No soy el indicado de hacer inventario de lo que hicimos o dejamos de hacer, eso dejémoslo a la conciencia que es el único juez incorruptible.
¿Porqué me marcho mediante un editorial?, les confieso que esta determinación no fue consultada ni informada a nadie, la tomé hoy y lo hice mediante nuestro conducto habitual, debo también decirles que los accionistas del Grupo Mega y en especial José Luis se está enterando de la misma forma que usted, a Pepe lucho le quiero manifestar mi enorme gratitud por haber permitido que solo mi aleteo fuera el único faro que me llevó hacia los aires de la autonomía y la sembramos por los caminos correctos, de la misma forma que nos manifestamos sin pestañear a la constitución que no es el reflejo de la Bolivia de hoy, les confieso que no presenté mi renuncia directamente a Pepe, es por el temor de que me convenza de continuar en este oficio tan digno, de la misma forma manifiesto que solo en esta casa tengo compromisos de consecuencia que no defraudaré, agradecer de la misma forma a Silvina, Alejandro y Mario que son el motor que arranca y alienta a que cada día lleguemos a su casa con algo nuevo, revelador, donde supimos perder el miedo de llamar por su nombre a las cosas que nos suceden, sin el temor de molestar o afectar a los accionistas (lo cual sucedió más de una vez).
Por lo tanto mi reconocimiento eterno por ello. La despedida es la parte más difícil de este alejamiento que no es un adiós sino un simple Gracias por tantas mañanas que nos acompañó mediante la compra de este vocero de la verdad, de esa que vemos sin compromisos ni mezquindades.
De la misma forma en este preciso instante debo manifestar que gracias a ustedes nadie nos ha podido arrancar la libertad de gritar, y gritamos porque nos duele ver como se aniquila el país, la región donde la mediocridad o ignorancia de los resentidos aplasta lo que nuestros viejos hicieron con sueños y sembrando algo diferente para que nosotros finalmente permitamos que se derroche LA PATRIA (en mayúsculas) no por un partido sino por un cartel. Estén seguros que no los dejaré, sabemos que una pequeña semilla busca reposar y mañana nos sorprenderá con un árbol invencible e incorruptible alimentado por todos los que amamos perdidamente a la región, lo que hoy nos sucede es una vieja deuda social que algunos no se atrevieron a pagarla y hoy todos estamos de una forma u otra caminando al remate.
El periódico me permitió caminar a oscuras, volar contra el viento. Gané amigos, y muchos, debo haber perdido algunos, -si, de esos que no deben ser amigos de nadie-, confíen en la gente que hoy asume el reto, les digo son de “cuchi” (madera imposible de doblar) que saben que hoy deben tomar la posta no por mí, ni por el diario, menos por ellos sino simplemente por ustedes que confiaron y nos permitieron que ingresemos a sus hogares.
Hace días recibí la visita de un estudiante de comunicación, venia cargando varios cuadernos y cuando conversamos me mostró lo que contenían: eran mis editoriales, en ese instante me sentí recompensado, hoy de la misma forma les narraré a mis hijas, a Matías y a mi mujer que tuve la oportunidad de ser yo mismo, algo que en estas épocas es muy difícil. Gracias
El Nuevo Día
País chirapa
Cuando hay votos de por medio, a los políticos no les importa tomar la decisión incorrecta con tal de no bajar su índice de popularidad. En eso Evo Morales es idéntico a sus antecesores. Ninguno de ellos decidió terminar con el comercio de ropa usada, por la misma razón que el Gobierno actual decide extender indefinidamente esta actividad que ya lleva dos décadas en el país y que provoca alrededor de 600 millones de pérdidas, unos 40 millones por año.
Pero con Evo Morales hay una gran diferencia. En estos tres años, el presidente ha expulsado al embajador norteamericano, a la DEA, a Usaid y también se perdieron las preferencias arancelarias contempladas en la Ley ATPDEA, mediante la cual, Estados Unidos retribuye a los países andinos los esfuerzos de éstos en la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de cultivos de coca. Mientras se impulsan estas acciones en nombre de la dignidad nacional y la soberanía del país, Bolivia sigue recibiendo a raudales las chirapas viejas de los gringos, incluyendo calzones, sostenes y calzoncillos.
Al menos cuando funcionaba la ATPDEA, los confeccionistas alteños podían compensar en algo esa supuesta “balanza de dignidad”, pues gran cantidad de productos textiles nuevos se enviaban a las tiendas de Miami o Nueva York con el sello “Hecho en Bolivia”.
Por otro lado, el Gobierno insulta la inteligencia de la ciudadanía cuando habla de sus planes de reconversión industrial y de los plazos fatales que les otorga a los ropavejeros para que liquiden los saldos de mercadería. Se ha comprobado que varios millones de dólares que han salido del erario público para tratar de que los comercializadores de ropa usada se dediquen a otra actividad, fueron invertidos por los mismos comerciantes en pasar más mercadería de contrabando al país. En este momento supuestamente hay 11 mil toneladas que deben liquidarse.
La reciente decisión de ampliar una vez más la actividad de los ropavejeros ha desatado la ira de los confeccionistas, quienes amenazan con recurrir a la violencia para revertir la medida gubernamental. Del otro lado, la posición no es menos beligerante y advierten con quemar los puestos de los textileros. En el medio, el Gobierno, anunciando reforzar los programas de reconversión que ya fracasaron rotundamente y esgrimiendo, sin convencer a nadie, una supuesta intención principista de defender la industria nacional.
La actitud del MAS no sólo refleja que se persiste en el cálculo político como medida de todas las acciones públicas, sino también la ausencia absoluta de una conciencia productiva. El Gobierno está dejando que las cosas se resuelvan en la calles, método que puede funcionar para el ascenso político, pero no para la economía, el empleo, el crecimiento y mucho menos para afrontar la crisis. No se da cuenta que al crecer la informalidad, se benefician unos cuantos, pero se incrementa la pobreza estructural del país. Con el empleo informal sólo se puede aspirar a la supervivencia y es imposible pensar en seguridad social, infraestructura, industria, en otras palabras, no se puede vislumbrar un horizonte más allá de un país chirapa.
El Gobierno no tiene conciencia sobre la necesidad de producir. Impulsa la informalidad sin saber que está empobreciendo al país.
AsÍ nos ven 26 – 03 – 09
Maquiavelo escribió que “sin milicias propias no hay principado seguro”. Esta frase del padre de la ciencia política moderna puede resultar una perogrullada, pero el creciente gasto militar de los países de América Latina parecen confirmar su actualidad. La cifra no sólo ubica a Brasil como uno de los países con mayor proyección militar, sino que también revela la creciente asimetría de fuerzas en la región. El ranking de inversión militar de Unasur lo completan, en el siguiente orden, Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay.
La ciencia moderna – bajo el penoco
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha dicho que el 2009 será el peor año para las aerolíneas de todo el mundo y que en total las pérdidas podrían sumar algo así como cinco mil millones de dólares. El director de radio Fides, Eduardo Pérez, se preguntaba el martes cómo es que el Gobierno boliviano se atreve a lanzar una empresa de transporte aéreo comercial justo en el peor momento de la actividad. El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, dijo que no hay nada que temer ya que el emprendimiento está respaldado por un estudio científico del mercado y que el éxito está asegurado. Negó también que la nueva empresa vaya a caminar con la muleta del subsidio estatal y bla, bla. Eso de “científico” está por verse; que no ocurra como en YPFB, donde ya todos saben cuál fue la “ciencia” que se ha estado aplicando.
Opinión
Los temores del Presidente sobre una demanda marítima de Perú contra Chile
En este panorama lo que el pueblo boliviano tiene que pedir al gobierno de Evo Morales es una explicación clara sobre las negociaciones que se desarrollan con Chile y si realmente hay avances, cuáles son los aspectos globales y la posición de Bolivia respecto a Chile.
Durante la jornada histórica más emblemática y patriótica que tiene Bolivia en su calendario, como es el 23 de marzo, fecha en que Bolivia sufrió la invasión chilena sobre su litoral, el presidente Evo Morales expresó su temor de que la demanda marítima que presentó Perú contra Chile ante el Tribunal Internacional de La Haya afectaría una solución a la propia demanda centenaria boliviana del mar.
Paradójicamente un día antes el canciller David Choquehuanca reconocía que no existían avances en el tema marítimo, es decir que la agenda de 13 puntos que Bolivia mantiene con Chile desde julio de 2006 ha permanecido en un discreto ámbito de conversaciones periódicas que desarrollan los vicecancilleres.
Desde luego que las conversaciones en esos niveles son una incógnita, lo que genera dudas sobre declaraciones del presidente Evo Morales en relación a sus temores de que la demanda peruana sobre un espacio de mar territorial contra Chile, pongan en peligro la salida al mar de Bolivia. Habría que conocer qué es lo avanzado hasta el momento, aunque al parecer es nada o poco, a juzgar por las propias palabras del canciller Choquehuanca.
En medio de estas declaraciones contradictorias, que entre otras cosas, no hacen nada más que confirmar la carencia de políticas coherentes en el asunto más sensible que tiene el país, intervienen ahora situaciones que incluyen nada menos a dos de los países protagonistas de la guerra de hace 130 años que privó a Bolivia de su litoral.
En círculos de opinión de Chile, consideran que la demanda peruana tiene que ver con lo que algunos denominan el uso político electoral que los políticos peruanos utilizan de cuando en cuando, es decir el “factor Chile” y un otro aspecto el “factor Bolivia” en situaciones en que las relaciones entre Bolivia y Perú se han enfriado al extremo, y por el contrario existe un aparente avance diplomático entre Chile y Bolivia con la famosa agenda de julio de 2006.
Por su parte el canciller del Perú, José Antonio García Belaúnde, negó que el recurso que planteó su país ante La Haya, vaya a perjudicar la demanda marítima boliviana, sobre la que dijo, que no conoce avances, sosteniendo que además, no parece ser una prioridad para el gobierno de Evo Morales. El Canciller peruano reveló el haber informado al Gobierno boliviano con anterioridad a la presentación de la demanda contra Chile ante La Haya.
En este panorama, lo que el pueblo boliviano tiene que pedir al gobierno de Evo Morales es una explicación clara sobre las negociaciones que se desarrollan con Chile y si realmente hay avances, cuáles son los aspectos globales y la posición de Bolivia respecto a ese país. Mucho más para despejar dudas, que a raíz del pedido del presidente cubano Fidel Castro, invocando a Chile una costa marítima para Bolivia, originó inmediata protesta de la presidenta chilena Bachelet quien aclaró que es un tema bilateral, y su Vicecanciller, de que Chile no cambiará nada su política exterior con Bolivia. ¿De qué perjuicios habla el presidente Morales?
La Patria
Juicio a la prensa
No extraña la determinación gubernamental, a través de uno de sus ministros más conspicuos, cuando se anticipó un juicio a un medio de comunicación “La Prensa”, que publicó en una de sus ediciones algo que no gustó al Presidente y su entorno, pero de cuyo material existe el respaldo pertinente para demostrar que no hubo exceso ni mala intención en la publicación de un determinado hecho.
Inicialmente la amenaza judicial estuvo bordeando la sala de alguna fiscalía próxima al cumplimiento de instrucciones “superiores” olvidando que en casos como el reclamado en el oficialismo corresponde exclusivamente acudir a la Ley de Imprenta, instancia superior en la que puede y debe ventilarse cualquier problema que involucre a los protagonistas de un hecho periodístico, sea el informador o el medio.
Menos mal que los malos litigantes no insistieron en torcer el curso regular de una demanda que podrá ventilarse en el más alto tribunal de la prensa, para establecer si se cometió delito, se desinformó o se dañó la dignidad de algún dignatario. Lo que es muy claro y por supuesto no cambiará es que esa noticia de marras molestó al oficialismo, seguramente, por las connotaciones que implica decir verdades y querer desfigurarlas políticamente. Ese asunto ya generó reclamos del periodismo, por la actitud prepotente del Primer Mandatario que ultrajó públicamente a un periodista en una bochornosa reacción impropia de un Jefe de Estado.
En los tiempos actuales es sumamente difícil conformar a los gobernantes, máxime si en sus cotidianas labores generan condiciones propicias para denunciar hechos que por irregulares se convierten en factores de corrupción que no pueden ocultarse, pero lamentablemente esas condiciones no son admitidas y se utilizan como el pretexto más común para inculpar a periodistas y medios de información considerados elementos contrarios a los lineamientos del sistema gobernante.
Está visto que el objetivo más claro es coartar la libertad de prensa, presionar para suprimir también la libertad de expresión y asustar a los periodistas o los medios para que no sean vehículos de la denuncia, investigación y seguimiento de los grandes hechos de corrupción que de manera continua se dan en las esferas del Poder Central.
Cualquier juicio a la prensa es posible encaminándolo hacia el establecimiento de la Ley de Imprenta que en su contenido tiene absolutamente todas las condiciones para sancionar a quienes la infrinjan, sean periodistas o medios de comunicación. La Ley de Imprenta correctamente aplicada es una salvaguarda del honor de instituciones o de personas que fueran melladas por el mal ejercicio del periodismo; pero al mismo tiempo también garantiza el uso irrestricto de las libertades de expresión y de prensa como atributos propios de la democracia y los derechos ciudadanos vigentes.
Es tiempo de que se entienda con claridad el derecho a la información que tiene el pueblo y que sólo puede confiar en la imparcialidad, la veracidad y la valentía de los periodistas y los medios que denuncian todo lo que afecta la seguridad ciudadana que vulnera derechos o restringe las libertades. Nada más ominoso que pretender ocultar la verdad con amenazas, presiones, intento de juicios fuera de la jurisdicción que compite exclusivamente a una Ley de Imprenta en plena vigencia. Periodistas y medios no somos omnipotentes ni omnipresentes, somos parte de un Estado democrático con leyes, estatutos y códigos de ética que se practican y se respetan.
La Razón
Soberanía y ropa usada
También pone en entredicho el compromiso del Ejecutivo con la industria, especialmente con los pequeños y medianos productores, oferta que también refuerza la soberanía y dignidad, pero mientras haya vendedores de ropa usada habrá más empresas cerradas y desempleo.
Un acuerdo firmado entre el Gobierno y los vendedores de ropa usada y la esperanza de la Ministra de Producción de que en 12 meses el problema esté superado, desencadenaron la protesta de los pequeños y medianos productores de prendas de vestir, porque consideran que el plazo fijado hace un año no se cumplirá y en el país se seguirá comercializando prendas de segunda mano.
El acuerdo —firmado hace un año y que sirvió de base al decreto vigente— establecía un proceso de “reconversión” para que los vendedores de ropa usada en todo el país adquieran conocimientos para desempeñar otra actividad que permita su subsistencia y que aporte al desarrollo del país.
Nada de eso sucedió y el plan sólo puede proclamar su fracaso, porque a cinco días de su vencimiento encuentra a los vendedores y a los productores enfrentados en las calles; unos celebran el acuerdo que firmaron, paradójicamente, con la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, que amplía una actividad que raya con la ilegalidad —porque se trata de objetos que ingresan al país por la vía del contrabando—, y los otros para clamar de las autoridades la protección a la industria nacional y el impulso para que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen.
Ante la situación de conflicto, el gabinete del presidente Evo Morales aún no decidió la ampliación, pero sí la analiza y no se descarta, como sucedió el año pasado, que el acuerdo referido sirva de base al decreto; además, la ministra Ballivián el martes dijo que se trata de una “meta ambiciosa” pero espera que en los próximos 12 meses el problema de la venta de ropa usada haya sido superado en el país.
No hay reconversión, los fideicomisos destinados para esa tarea no tienen un destino conocido ni se sabe si los ejecutaron. Parte de esos recursos ha desaparecido, según denuncias hechas por el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina).
La venta de ropa usada “da empleo” a miles de bolivianos, pero de acuerdo con los datos ofrecidos por el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Daniel Sánchez, el contrabando de esos objetos beneficia a no más de 25 familias en el país. Y lo que es peor, afecta a la industria nacional y entra en contradicción con las políticas y el discurso gubernamental de defensa de la soberanía y la dignidad de los bolivianos, cuando miles de compatriotas deben cubrir su cuerpo con prendas que ya fueron usadas en países del Primer Mundo y que fueron desechadas.
También pone en entredicho el altisonante compromiso del Ejecutivo con la industria, especialmente con los pequeños y medianos productores, pero mientras haya vendedores de ropa usada habrá más empresas cerradas y bolivianos sin empleo.
Además, el contrabando deja al descubierto que el Gobierno asume decisiones políticas en este tema y que tiene dos varas para medir a los infractores. Mientras que con los importadores de autos usados es inflexible y aplica una norma, pese a que ésta fue observada por la justicia; con los vendedores de ropa usada negocia y no persigue ni sanciona a los contrabandistas, quienes continúan internando las prendas pese a la prohibición que está vigente hace más de dos años. La ampliación de la venta de ropa usada deja al desnudo su lucha por la dignidad y la soberanía.
Subeditorial – Apertura de Brasil sobre las represas
El Gobierno de Brasil aceptó tratar las observaciones que tiene Bolivia sobre la construcción de dos represas hidroeléctricas que realiza en el río Madera, que es de curso sucesivo entre los dos países vecinos. Este gesto de apertura se produjo en una reunión que sostuvieron la semana pasada, en Brasilia, los cancilleres de ambas naciones, David Choquehuanca y Celso Amorim, quienes estuvieron acompañados de su personal técnico respectivo.
La información fue proporcionada a La Razón por el viceministro boliviano de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, a tiempo de destacar que es la primera vez que Brasil reconoció que el asunto debe ser discutido y negociado.
El cuestionamiento nacional es que las represas que construye Brasil en el río Madera (Madeira, en portugués), situadas a unos 100 kilómetros de los límites fronterizos entre los dos países, tienen efectos contraproducentes para el país, en materia ambiental y de salud.
El viceministro Ramos expuso que la única forma de minimizar el impacto de las dos represas en territorio boliviano es revisando su diseño y modificando la “curva guía”, como se identifica al perímetro que define el nivel de las aguas en los embalses.
Según el proyecto que Brasil está aplicando actualmente, ambas represas —llamadas Santo
Antonio y Jirau— causarían la inundación de un área de aproximadamente 500 km2 en territorio boliviano, y sus espejos de agua darían lugar a que proliferen males tropicales, como el dengue y la malaria, en una zona amazónica de potenciales riesgos.
Ante la disposición brasileña de abrir una negociación, Bolivia debería insistir también en la iniciativa que tenía el Brasil: construir esclusas en las cachuelas que el Madera tiene en territorio nacional, para dar lugar a que este valioso curso fluvial permita que Bolivia pueda acceder al océano Atlántico.
De esta manera, ambos países aprovecharían, por igual, las aguas del río; en un caso para contar con represas que, en conjunto, producirán unos 6.500 megavatios de potencia y, en el otro, para que el Madera se torne navegable en toda su extensión, lo que le permitiría a Bolivia exportar su producción agroindustrial por el Atlántico.
Nota del Día – Edificios en la zona Sur
La residencial zona Sur cambia de sky line poco a poco, las casas con amplios jardines son sustituidas por imponentes edificios que albergan oficinas y familias que se trasladan a esta parte de la ciudad en busca de tranquilidad y de un clima más amable.
Como marca la tendencia a nivel mundial, las construcciones permiten hacer un despliegue de arquitectura y diseño que muestra el avance en este rubro de los profesionales bolivianos y da un rostro de modernidad al conjunto de la ciudad y permite un mejor aprovechamiento de los espacios, cada vez más escasos.
Según datos de la Subalcaldía de la zona Sur, recogidos en una nota de La Razón, en esta parte de la ciudad se construyen al menos cinco multifamiliares de más de tres pisos al mes. Y esta tendencia se nota con sólo levantar la vista para observar el nuevo horizonte urbanístico en los barrios de Obrajes, Següencoma, La Florida,Calacoto, Irpavi, Cota Cota, Achumani y Chasquipampa.
Sin embargo, es necesario preguntarse si este paso a una imagen más moderna es dado de manera adecuada y planificada.
En un espacio donde antes se asentaba una familia de ocho miembros, por ejemplo, ahora se edifica un predio con 20 ó 30 departamentos donde se instalarán igual número de familias, con un promedio de cinco miembros. Es decir, donde vivían ocho personas, ahora lo harán más de 100.
Cabe preguntarse si la Alcaldía ha tomado precauciones en la red de alcantarillado para evitar problemas ante el crecimiento urbano o si se respetarán las áreas verdes.
Es de esperar que autoridades municipales, constructores y vecinos tomen en cuenta estas necesidades y cumplan con lo que las normas urbanísticas exigen para no arriesgar sus inversiones y, en muchos casos, los ahorros de toda una vida.
Altímetro – Mi primera compu
La tecnología informática dejó de ser el tótem sagrado e inalcanzable para convertirse en un soporte de la vida cotidiana de las personas y son los niños, principalmente, quienes tienen mayor predisposición a usar los teclados, empuñar el mouse y navegar por la internet con el fin de aprender.
La Alcaldía de La Paz, Save the Children y la Microsoft firmaron una alianza estratégica que permitirá a los estudiantes de 60 escuelas paceñas complementar sus estudios de primaria con un software diseñado especialmente para Bolivia.
El plan se denomina “Mi primera compu” y de ninguna manera pretende sustituir al profesor en el aula; lo que se espera es fortalecer la enseñanza y motivar a los alumnos en su relación con la informática y la tecnología. Con ese fin, 1.500 maestros serán capacitados en este programa educativo.
La Prensa y El Deber
Prematura electoralización
Como en anteriores procesos, los actores confrontados volverán a remarcar sus diferencias, con el único fin de conservar sus nichos de mercado electoral o de captar algunas adhesiones más.
Todo parece indicar que fue bajada la bandera para que oficialismo y oposición inicien su participación en la campaña rumbo a la contienda electoral de diciembre. A poco más de ocho meses, el propio vocero gubernamental y otros dirigentes del MAS han oficializado el inicio de las movilizaciones proselitistas de esa organización, en ocasión de la celebración de su 14.º aniversario, este fin semana en Potosí.
Una vez más el partido gobernante retoma la iniciativa política para madrugar a sus adversarios, en el propósito de aumentar su poder. El lanzamiento de la campaña casi coincide con el cumplimiento de los dos meses de aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Transcurrieron 60 días con dificultades para avanzar en la implementación del nuevo texto, sobre todo del modelo autonómico, debido al fracaso del diálogo entre el Gobierno y los líderes de las regiones donde ganó el No.
La pacificación del país, que se suponía llegaría con el gran pacto social derivado de la aprobación de la CPE, está lejana. El pronóstico de días distintos y mejores, sin la confrontación que ha vivido Bolivia en los últimos años, se quedó en buenos deseos. La nueva Constitución aún no ha dado respuestas a la población que demanda la ansiada paz para trabajar y producir mejor. Al contrario, el oficialismo y la oposición siguen atrincherados en sus posiciones. Acecha el fantasma de un nuevo cerco al Parlamento y el peligro de la descomposición de un poder tan importante como el Judicial. A eso se suma la decisión de los sectores políticos de no dialogar o, por lo menos, posponer cualquier acercamiento seguramente para después de las próximas elecciones.
La prematura electoralización del país no consigue otro efecto que el de postergar cualquier posibilidad del necesario pacto nacional. Como en anteriores procesos, los actores confrontados volverán a remarcar sus diferencias, con el único fin de conservar sus nichos de mercado electoral o de captar algunas adhesiones más. Con ese propósito, es posible que incluso el fin no justifique los medios. En este sentido, habrá que esperar que el Gobierno no refuerce con sus actos los temores de un uso arbitrario del aparato estatal, ni descuide de la agenda urgente del país la atención de la compleja problemática económica por ocuparse en exceso de sus prioridades políticas. Para evitarlo, cabe que las instituciones fiscalizadoras de los actos del Órgano Ejecutivo tengan una función más activa y refuercen su influencia.
Una de las entidades clave en la nueva etapa política que se inicia es la Corte Nacional Electoral, que deberá jugar un papel más firme para garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier intento de abuso de poder. El país se encuentra irreversiblemente en un momento de prematura electoralización. Por ahora sólo queda augurar que los actores políticos observen las normas y que tengan un mínimo de responsabilidad con la nación.
Tres en Uno
Invertir menos en cemento y más en cultura
Con su estilo coloquial y con el humor de siempre, el carismático cantautor cruceño Aldo Peña dijo en serio una contundente verdad: es necesario que las autoridades de Santa Cruz comiencen a darle más importancia a la inversión en desarrollo humano. Es decir, menos recursos para el cemento y más para la cultura y la educación. Lo expresó en la presentación de su libro Carnaval cruceño, ¿pa dónde vas?, la noche del martes, en el salón Pedro y Rosa del diario EL DEBER, donde por suerte estuvieron empresarios y gente de la élite local. Peña ha tenido en casi toda su trayectoria como artista y comunicador una vivencia quijotesca. Ha tocado puertas para conseguir, peso a peso, el presupuesto que requiere cada una de sus iniciativas: desde grabar discos hasta editar libros como el que acaba de lanzar. Es cierto, de nada sirve tener pavimento en todas partes, si no se invierte en la educación de la ciudadanía y en la cultura. Con malos ciudadanos no servirán de nada las obras más extraordinarias. Alguien dijo que Santa Cruz tiene la plata, pero carece de un proyecto político. Eso es invertir en las ideas. Ojalá la clase dirigente apueste de una vez a desarrollar más el pensamiento.
Primero el proyecto, luego el líder
Parece que tienen razón quienes han comenzado a plantear que no se puede repetir el error de formar coyunturalmente un frente electoral para enfrentar a Evo Morales en los próximos comicios presidenciales. Lo que se necesita para derrotar al movimiento evista es un proyecto de largo plazo, que ofrezca alternativas al modelo masista y que, sobre todo, resuelva un déficit en el país, que es la ausencia de una propuesta que abrace a todos los bolivianos y no sólo a una parte. Luego se debe promover un trabajo de calle, que capte adhesiones fuera de las oficinas o de los búnkers. Finalmente se tiene que afrontar la compleja tarea de elegir al líder de este proyecto, que, por supuesto, no debe tener cola de paja. Sólo así se puede augurar en el futuro un gobierno duradero.
Tribunal de imprenta, por donde se lo vea
Fue sabia la decisión de los que concibieron hace casi 90 años la Ley de Imprenta: evitar que los periodistas sean enjuiciados por cortes politizadas y que sea más bien un grupo de ciudadanos notables el que procese cualquier denuncia relacionada con supuestos delitos de imprenta. El Gobierno ha entrado en algunas contradicciones con el caso del diario La Prensa, ya que mientras uno de sus personeros asegura que la denuncia pasará a un jurado de imprenta, por otro lado se menciona un juicio ordinario al periódico. Claro, con el sistema judicial casi descompuesto, el riesgo de una manipulación desde el poder es real. No hay tanto peligro con un tribunal constituido esencialmente por ciudadanos.
El Diario
Nueva victoria de la ropa usada
Todo indica que en el problema de la ropa usada, se ha firmado un convenio dilatorio y de adormecimiento, destinado más al consumo de la opinión pública que a encarar el tema con resolución y seriedad. Si bien intervinieron los representantes de la Micro y Pequeña Empresa y el sector que comercializa la prendería de segunda mano, así como el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es notoria la ausencia del Comité de Defensa de la Industria Nacional, Codeína, ausencia se explica ampliamente a la vista de que la prohibición de importar esta mercadería fenece el 31 de marzo próximo y mientras no se ratifique la medida quiere decir que por pasiva fenece la prohibición y se reanuda la internación de ropa usada. Esto justifica la ausencia de Codeina y sus reclamaciones.
Frente a la preocupación provocada por la actitud tolerante del Gobierno a una actividad que atenta contra la industria nacional y ahonda la desocupación, el Ministerio del ramo asegura que la prohibición no ha sido levantada. La causa de esta ambigüedad parece deberse a que al presente existe la abrumadora cifra de 11.000 toneladas de ropa usada en el territorio nacional, cantidad que el Gobierno cree imposible desechar y sacar del mercado. Análisis de los entendidos sostienen que pese a la prohibición, el contrabando determinó la duplicación de la mercadería. Es claro, la Aduana Nacional es incapaz de frenar el contrabando por corrupción y por debilidad institucional.
Los organismos oficiales han reconocido que este comercio sólo beneficia a unas 15.000 personas, mientras el daño que ocasiona es infinitamente mayor. Basta con ver que los ciudadanos que emigraron (sobrepasan el millón), en búsqueda de las fuentes de trabajo que no encontraron en el país, están retornando a un ritmo acelerado para encontrar que la carencia de trabajo va en aumento. No sólo enfrentamos la pérdida de oportunidades de trabajo, sino también de mercados como el de Estados Unidos.
Lo expuesto es sólo una faceta del problema. A ella se suma que el Fondo de Reconversión creado para el fomento de pequeñas nuevas actividades productivas o de microempresas a favor de la gente dedicada al negocio de la ropa usada, dio lugar a una corrupción concertada entre los organismos encargados de otorgar el financiamiento (ministerios y viceministerios) y los presuntos comerciantes. Surgieron como hongos una serie de empresas fantasmas que dieron rápida cuenta de los recursos asignados, sin que fiscalización ni auditoría posible hubiera establecido el destino de tal financiamiento que, en dichas circunstancias, se invirtió en más contrabando. Los denunciantes están siendo sometidos a juicios por calumnias y difamación, no obstante las pruebas aportadas ante el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ahora elevado a la categoría de Ministerio.
Pese a tanto latrocinio, se afirma que en el Presupuesto General de la Nación 2009 están previstos 117 millones de bolivianos destinados nuevamente a reconversión, significando que los indicados negociados gozan de buena salud, como que el último Convenio al que nos hemos referido contempla este destino disfrazado con una nomenclatura que elude su verdadera finalidad de “reconversión”. Tanta oscuridad ha dado lugar inclusive a sospechas de que personas vinculadas a niveles altos del Gobierno trafican con la importación masiva de ropa usada, con decisivas influencias. Codeína habría confirmado las sospechas y ofrecido la presentación de pruebas al respecto.
Los Tiempos – Correo del Sur
El enorme vacío de la oposición
Abundan los aspirantes a candidatos; pero de líderes, ideas, propuestas y organización política, ni la más mínima señal
Tal como viene ocurriendo desde hace algo más de tres años, cuando se inició la actual gestión gubernamental, el escenario político boliviano se caracteriza por la absoluta y total falta de equilibrio entre las fuerzas del oficialismo y las de la oposición. El primero, a pesar de la enormidad de los desaciertos que comete, da permanentes muestras de que cuenta con todos los atributos necesarios para una acción política exitosa, mientras la oposición, en todas las fracciones en que está fragmentada, persevera torpemente en una actitud que la condena al fracaso.
Una prueba de que esa es la realidad la da el plan de acción que desde el gobierno se ha puesto en marcha. Confirma que el oficialismo tiene muy claros los objetivos que se propone alcanzar en el corto, mediano y largo plazo y sabe muy bien cuáles son los medios que empleará para lograr lo que se propone. Tiene un sólido y firme liderazgo reforzado por una red de líderes intermedios. Tiene a sus seguidores muy bien organizados y siempre listos para entrar en acción en cuanto se los convoque. Es decir, sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.
La oposición, en cambio, no logra salir de su extravío. Dispersa, sin líderes, sin ideas, sin norte, deja pasar las semanas, los meses y los años sin dar ni la más mínima muestra de sensatez. Todas las fracciones en que está divida tienen un solo elemento común: es que subestiman al oficialismo, se aferran a la creencia de que quienes gobiernan no tienen un proyecto político, que no saben lo que hacen, que sólo hay que esperar, pasiva y pacientemente, que el régimen se desmorone por el peso de sus propios errores.
De nada sirve que la experiencia haya dado ya demasiadas pruebas de lo equivocados que están. De nada sirve que el MAS continúe avanzando, sin prisa y sin pausa, a paso firme, hacia la consolidación de su proyecto político. De espaldas a la realidad, los dirigentes opositores, ninguno de los cuales tiene la talla de líder, continúan obnubilados con la ilusión de ser candidatos a la Presidencia. Su visión de futuro se reduce al deseo de ver su imagen impresa en una papeleta electoral.
En tales circunstancias, teniendo el escenario político a su entera disposición, el oficialismo puede seguir actuando sin ningún temor. Sin una oposición digna de tal nombre, puede seguir avanzando en el proceso de destrucción de las instituciones republicanas y de la economía nacional.
Y mientras tanto, no se vislumbra ni remotamente la posibilidad de que el enorme vacío en el campo opositor sea de algún modo llenado. Abundan los aspirantes a candidatos; pero de líderes, ideas, propuestas y organización política, ni la más mínima señal,
La Estrella del Oriente
Sin resistencia no habrá democracia
Bueno, ahora que las papas queman, mediremos el grado de conciencia que tiene la oposición democrática. Además veremos si es realmente una oposición democrática o si se consolida plenamente como una oposición funcional.
Este es el momento final de los grandes sinceramientos, porque después de esta última embestida que quiere dar el Ejecutivo para tomar la justicia y manejarla para sus fines represores y de persecución y del descarado sometimiento de la Corte Nacional Electoral para administrar un fraude ahora a mayor escala que los anteriores con padrón sucio y voto en el exterior manejado por sus operadores consulares y la fraudulenta y desvergonzada Ley Electoral que elimina el principio de un ciudadano un voto, entre otros principios democráticos para que el voto tenga sentido, ya no ha lugar a poses ni candidaturas de oposición que serian frente a estas condiciones una triste broma de día de inocentes, para tomarle el pelo a un pueblo que cada día se ve más oprimido y sometido a una política que sólo usa su voto para consolidar un régimen dictatorial.
Volvemos a recordar que hemos llegado a este punto por los pasos en falso que ha venido dando la oposición, todas las oposiciones que han existido en el país, que sin juzgar las razones por las que lo hicieron, nos han llevado a la trampa de este callejón que hasta el momento no tiene salida, porque para el Gobierno de Evo Morales sólo somos un grupo de rehenes que no tienen derecho a voz y que está obligado a votar para ponerse la soga al cuello.
La oposición tiene ahora la última y definitiva palabra y nos va a demostrar con sus acciones si son sólidos, si son conscientes o si siguen practicando los fuegos artificiales y las salvas de cohetes que nos han llevado a gastar pólvora en gallinazo y a convertir a los gloriosos cabildos por autonomía en una burbuja de aire y los referéndums por estatuto en un asunto que quedó como un entrenamiento o un deporte camba para matar el tiempo, para hacer una especie de crucigrama que puede terminar en el desatinado fin de hacer sin hacer o hacer deshaciendo o desandando lo andado.
No estamos contra nadie en especial, sino urgidos por la enorme responsabilidad que implica prestarse a los juegos sucios del poder masista o caso contrario animarse de una vez por todas a ser coherentes y responsables con nuestro país, con la gente que quiere seguir viviendo en democracia y que ha votado en un 40 por ciento y más por seguir conservando sus libertades, el respeto a sus derechos humanos, a gozar de una verdadera justicia y de seguridad jurídica como todo pueblo civilizado.
Consideramos que las medidas que se han anunciado de establecer denuncias y movilizaciones y un frente amplio para hacer resistencia, son las adecuadas si se mantienen sin dar marcha atrás o contramarchas. Es hora de reivindicar las condiciones mínimas sobre las que se deben dar los procesos democráticos y los pilares no se pueden dejar derrumbar porque si estos no sostienen el andamiaje no existe democracia, es sólo pantalla y culipandeo.
Los pilares son reivindicación del IDH, censo nuevo, auditoria del padrón electoral y el registro civil, liberación de presos políticos, cese de persecuciones, recomposición del poder electoral dentro de un marco de respeto a la institucionalidad, Corte Nacional Electoral imparcial, Ley Electoral que responda a un ciudadano un voto, reivindicación de la libertad de expresión, proceso de saneamiento de tierras sin saña ni mentiras jurídicas de FES inventadas. ¿Acaso no ve la oposición todo lo que han dejado que se pierda, no ven que la democracia está en pelotas?
He tenido noticias muy penosas y alarmantes que incluso desde dentro de algunas instituciones y dirigencias que deberían defendernos a los ciudadanos principistas y que exigimos apego a la democracia se habría dado la orden de “bajarnos la caña” y difamarnos por haber sido catalogados como “radicales”. Esto sería del todo lamentable, sería un acto no sólo de traición a la causa autonomista sino de persecución desde dentro, lo que sería imperdonable.
En la causa autonomista no hay extremistas, y ese vocabulario no se debe utilizar porque es un acto que va contra los propios soldados e intelectuales principistas. Pueden haber errores, pueden haber actos impulsivos, pueden haber malos entendidos, y este es el lenguaje correcto, porque la dirigencia tiene que ser aglutinadora de sus grupos y considerar que debe haber un margen para la diferencia, para la disidencia inclusive, porque sino los autonomistas-demócratas estarían actuando con la misma vara del totalitarismos vertical y orgánico del masismo que nos pretende quitar la libertad de opción, elección, voz, palabra, pensamiento y sentimiento.
El Nacional
YPFB: Cuando los políticos no leen lo que firman
(Hay dos notas sin firmar en la sección Editorial del periódico, este es uno de ellos)
"La situación de la petrolera boliviana es delicada… se hace imperativo la necesidad de construir una YPFB corporativa. Estamos en un escenario de coyuntura adversa para el sector en el ámbito mundial especialmente con la caída de los precios del petróleo y, por tanto, del gas natural, principal producto de producción y de exportación de Bolivia". Eso declaró ayer el presidente interino e interventor de YPFB y ex ministro de Hidrocarburos del actual régimen, Carlos Villegas.
El funcionario fue parte del gabinete de ministros del presidente Evo Morales desde el mes de enero de 2006 hasta el momento de jurar como interventor de YPFB el pasado 31 de enero de 2009. En los tres años previos estuvo como ministro de Planificación, luego responsable de Hidrocarburos, para después volver a Planificación. El 1º de mayo de 2006 firmó el decreto supremo No. 28701, con el que se nacionalizaron los hidrocarburos.
El artículo 8 de esta norma legal dice: "En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo y dentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a su reestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente, eficiente y con control social". ¿Por que no cumplió Villegas esa obligación imperativa, mandatoria, con valor de fuerza legal, cuando ejerció tanto tiempo el cargo de ministro de Hidrocarburos? En ese tiempo tuvo en sus manos, al igual que el presidente de la República, la facultad y decisión política para hacerlo, pero prefirió posesionar sucesivamente a presidentes interinos de YPFB carentes de las mínimas condiciones para ejercer el cargo, con los resultados que se ven.
Hoy mismo le tomó casi dos meses "informar" que YPFB está "en situación delicada" y que debe convertirse en una entidad corporativa, para seguidamente, ante el asombro de la ciudadanía, avisarnos que serán el Banco Mundial y el BID los que, junto a otros países, le ayuden en su desafío. El anuncio ya huele a claudicación.
En efecto, en su voluminoso "Plan Nacional de Desarrollo", elaborado por el Ministerio de Planificación del que fue responsable, se da cuenta que "el costo fiscal del diseño y negociación de la capitalización para el Estado boliviano fue de 189 millones de dólares, equivalente a 2,4 por ciento del PIB, que fue financiado con préstamos del Banco Mundial (107,8 millones de dólares) y el BID (72,4 millones de dólares)" (pág. 233). El Banco Mundial, por su lado, acogió en su seno como experto al ex ministro capitalizador, Alfonso Revollo.
¿Pretende ahora Villegas y el gobierno en su conjunto que el Banco Mundial y el BID financiarán la conformación de una empresa estatal ejecutora directa de las políticas hidrocarburíferas, que opere en el sentido político establecido en el decreto nacionalizador y la Ley No. 3058?
Puro eufemismo. A eso parece reducirse la política hidrocarburífera del MAS luego de conocidos los famosos 44 contratos petroleros de octubre de 2006, con los que virtualmente se dejo sin efecto alguno el decreto de nacionalización del 1º de mayo de ese año. En efecto, estos 44 contratos que por su estructura corresponden a contratos de producción compartida, los bautizaron falsamente como "contratos de operación". En los hechos (Anexos D, F y G), esos contratos no sólo constituyeron la continuación de los de "riesgo compartido" heredados de regímenes anteriores, sino que, además, fueron diseñados para que persistan los patrones y no los socios, con lo que el manido dicho de "queremos socios y no patrones", también quedó sólo en eso. Un simple enunciado bonito, pero hueco. Por ello es que las petroleras no invierten, así se paren de cabeza todas las autoridades gubernamentales, y por eso mismo esos contratos fueron diligentemente aprobados en el Senado Nacional, entre oficialismo y oposición.
Habrá entonces que tener mucho cuidado cuando el interino Villegas empieza a entusiasmarse con eso de YPFB Corporativa pero de la mano del Banco Mundial y el BID, así como del "ejemplo de Noruega". Este país adoptó el modelo de administrador de renta petrolera y delegó a las transnacionales la explotación de su riqueza hidrocarburífera, por lo que carece de experiencia alguna en actividades de la cadena. Su "empresa petrolera" es un símil de lo que aquí se denominó "YPFB residual" o, equivalentemente, lo que el BM y el BID financiaron el pasado año 1997, al concluirse la "capitalización". ¿Estará eso en los planes del actual gobierno? Cuidado que del caos derivado de seis interinatos incompetentes aterricemos en "YPFB residual corporativa", encargada únicamente de distribuir IDH y Regalías.
Adviértase finalmente que, según la noticia de la agencia ABI publicada hoy mismo en este medio de comunicación, se ha borrado del mensaje político gubernamental todo vestigio de "industrialización del gas".
En el contexto revisado, la aplicación del artículo 361-II de la nueva CPE (YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirectamente), amenaza con quedarse en puro enunciado, lo mismo que el artículo 363 (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos), lo que podría a corto plazo, como le ocurrió a Maximiliano Robespierre, volcarse contra el propio gobierno (artículo 359-II de la nueva CPE: "Ningún contrato, acuerdo o convenio de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo. En caso de vulneración los contratos serán nulos de pleno derecho y quienes los hayan acordado, firmado, aprobado o ejecutado, cometerán delito de traición a la patria", al referirse al ejercicio de la propiedad y la comercialización de los hidrocarburos por parte del Estado).
Mucho ojo entonces con Villegas y el Banco Mundial. No vaya a ser que el caso Ramírez sea el menor de los males.