Por Sergio P. Luìs
Profesional independiente
Es un hecho. La República ha sido condenada.
Un infame y largo juicio, ha culminado el 25 de enero, con una sentencia contra Bolivia, dictada por el fraude, no por el pueblo. Se condenó a cadena perpetua a la Bolivia, que todos la queremos con eterna vida libre.
No hay a quién dirigir un “nosotros acusamos” porque no tenemos, como en la Francia de la Tercera República, un Francois Felix Faure. Por eso, el “nosotros acusamos” lo dirigimos a todos, a nosotros mismos, a los bolivianos que estamos perdiendo la república, porque “un hombre nefasto ha conducido la trama”.
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Nosotros acusamos, no al responsable singular –que también lo hay– sino a todos los adalides, entorchados con ponchos rojos, de las hordas del populismo, por sus tentativas de asesinar a la República, y olvidar nuestra cultura diversa, los símbolos de todos, las glorias y aún decepciones, procurando retroceder en la historia.
Nosotros acusamos al gobierno por su porfiada intención de prevalecer por la fuerza, insultando, calumniando, encarcelando injustamente, amedrentando, anunciando represalias terribles a pueblos y sectores de la nacionalidad. Acusamos, alarmados, por el vil ataque a la familia de Víctor Hugo Cárdenas.
Nosotros acusamos a los cocaleros del Chapare y a su máximo dirigente sindical, por ser proveedores impunes de hojas de la planta de coca, de las que se extrae la cocaína, que enferma cuerpos y almas, avergonzándonos colectivamente.
Acusamos a los que organizaron bandas de corruptos –en verdad, simplemente ladrones- y que llegan al asesinato para medrar; a los represores que intentaron someter a bravos chuquisaqueños que, recordando el Destacamento 111, a costa de tres muertos y cientos de heridos vencieron a los esbirros, y acusamos a los feroces cocaleros que sembraron violencia en la valerosa Cochabamba.
Nosotros acusamos por el acoso, con el aliento del presidente, al parlamento nacional, por el intento de cerco a la pujante Santa Cruz y por el avasallamiento de tierras por un desaforado que se ampara en la fuerza.
Nosotros acusamos al infame Rodolfo Mattollo, instrumento de UNASUR, por su informe monstruoso, con el que se “ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia”.
Nosotros acusamos a los que se guardan las pruebas de la inocencia de Leopoldo Fernández, y por no haberlas utilizado, “haciéndose por lo tanto culpables del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia con un fin político”.
Nosotros acusamos a los contrabandistas que delinquen con la protección de encumbrados personajes que amenazan y mandan encarcelar con esbirros encapuchados.
Nosotros acusamos a los redactores –los nacionales y los extranjeros contratados– de la malhadada constitución del 25 de enero, por consagrar el racismo, por crear la absurda “justicia comunitaria”, por “constitucionalizar” el fraude, la división y el odio.
Hay mucho por acusar: ignorancia culpable, violencia, simulación, prepotencia, soberbia, malos manejos, abuso, destrucción de las instituciones, corrupción, violación de la ley, y cuanta tropelía es posible imaginar.
Quizás, sólo podemos acusar mordiendo frustraciones, pero con la esperanza en la Patria eterna.
Emilio Zola consiguió justicia, ¿por qué no los bolivianos?