Los bolivianos amanecieron con la infausta noticia del ajusticiamiento de siete personas, todas extranjeras, por asuntos de narcotráfico, las que luego de ser victimadas fueron enterradas en una fosa de tres metros de profundidad, ubicada en las cercanías de una población del departamento de Santa Cruz, para cuya excavación se usó maquinaría pesada.
Editorial El Diario.
Reportes de prensa dieron cuenta de un enfrentamiento a tiros, entre policías y delincuentes extranjeros, en el centro de la capital oriental, con el saldo de tres muertos y dos detenidos. Horas antes en la misma ciudad se perpetró un atentado terrorista en la casa del cardenal Julio Terrazas, mientras en otras capitales de departamento hubo operativos contra la delincuencia con resultados positivos. Lo que está ocurriendo en el territorio nacional es una demostración de la falta de seguridad ciudadana, como también del alarmante crecimiento de la delincuencia. El Gobierno anuncia programas y proyectos para garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el país, pero no los ejecuta. Eso sí, las fuerzas del orden son utilizadas en operativos comando para la detención de ciudadanos contrarios a los gobernantes. Lo paradójico es que algunos delitos graves son descubiertos en tiempo récord, como el asesinato del empresario Jorge O’Connor, arrebatándole 450 mil dólares que debían ser entregados al dirigente masista y ex presidente de YPFB, por concepto de una comisión comprometida; otro caso es el atentado terrorista contra el Primado de la Iglesia Católica en Bolivia, aunque en menos de 24 horas se dio con el paradero de los autores de ese hecho, mientras que las investigaciones de otros asuntos no prosperaron.
Las autoridades del sector de seguridad interna de Bolivia publicitan políticas para garantizar la vida de las personas y de su patrimonio, pero en la práctica la delincuencia aumenta de manera alarmante. Si realmente la Policía Nacional quiere revertir esta situación, sus efectivos deben volver a patrullar las ciudades, dejando de aducir falta de personal, porque las fuerzas de seguridad del orden no deben ser destinadas sólo a la represión de opositores o al cuidado de miembros del Ejecutivo.
Lo cierto es que en muchos lugares del territorio se viene cometiendo asaltos a las personas, robos a domicilios particulares, además que el consumo de drogas y el narcotráfico aumentan, los accidentes de tránsito son más frecuentes, el avasallamiento de la propiedad privada prolifera en aquellos fundos y factorías mineras que están en plena producción y en las que se ha hecho grandes inversiones. Definitivamente en Bolivia la seguridad de las personas está en peligro constante, porque no se garantiza el libre tránsito, la estabilidad y la permanencia en el país, debido a que los más de 20 mil efectivos policiales son utilizados en tareas que no forman parte de la seguridad ciudadana, como es el control del ingreso a la Plaza Murillo, o cuidar las oficinas públicas. Por lo tanto se está desperdiciando valioso elemento que debería realizar rondas y patrullajes nocturnos por toda la ciudad.
Un recuento rápido de lo sucedido en la última semana en el departamento de La Paz, demuestra que los delincuentes hacen de las suyas. Una inspección a algunos hoteles y alojamientos de la ciudad de El Alto permitió descubrir una red de delincuentes que prostituían a menores de edad, además que obligaban al robo callejero a niños y adolescentes. También se descubrió un cadáver en las faldas del nevado de Chacaltaya, se produjo un motín de los reos de Chonchocoro, exigiendo el cambio de una autoridad y demandando ciertos beneficios. A ello se suman los accidentes de tránsito en las carreteras a los Yungas, La Paz – Oruro y La Paz – Copacabana, con saldo trágico de muertos, amén de otros delitos cometidos en contra de la ciudadanía. Esto mismo sucede en otros departamentos.
La causa principal para el incremento de la delincuencia en Bolivia es la falta de fuentes de trabajo, el marginamiento y sobre todo cuando cada día hay más pobres en el país, porque el Gobierno no cumple con su ofrecimiento de crear miles de empleos, lo que no es posible porque en lugar de atraer inversiones, se dedica a politizar los problemas y no atiende las demandas sociales.
El Ejecutivo en vez de ofrecer bonos anuales especiales a determinados sectores sociales, debería invertir para crear fuentes de empleo, único medio para disminuir la desocupación, la pobreza, como también la delincuencia. Es importante implementar programas para evitar el consumo de drogas prohibidas, hacer menos flexibles las normas para reprimir a los malhechores con rigor. Solamente así se habrá dado los primeros pasos para brindar seguridad a todos los bolivianos.