Una nueva confrontación entre la oposición y el oficialismo sobre el texto de la Ley de Régimen Electoral Transitorio está provocando movilizaciones sociales de ambos lados, las que perjudican a los ciudadanos que nada tienen que ver con esa pugna, lo peor es que se paralizan actividades económicas y sociales, por el afán de querer imponer criterios y conveniencias que no son de beneficio para el país, sino para unos cuantos políticos que aprovechan la coyuntura para ganar protagonismo y asegurar su permanencia en ese ámbito, porque quieren continuar usufructuando del patrimonio del Estado.
Editorial El Diario.
Sin embargo deberían mostrar voluntad política para conciliar criterios y buscar una posición de consenso que permita la elaboración de una norma que en el futuro no sea cuestionada y modificada, como viene ocurriendo. Sobre la ley que nos ocupa, necesariamente se tiene que buscar el consenso de quienes tienen mayoría en una de las cámaras legislativas y los otros que controlan el otro cuerpo legislativo, para hacer las modificaciones que sean convenientes. Pero ambas partes quieren conducir el agua a sus terrenos, sin considerar el interés de los demás sectores sociales, porque la norma que se pretende aprobar hasta el 7 del mes en curso, regentará las elecciones generales previstas para diciembre del 2009.
También es importante analizar que la nueva Constitución Política del Estado requiere una serie de normas para aplicar el nuevo orden constitucional que el partido de gobierno quiere llevar adelante, tarea que no se la podrá cumplir si se deja de lado la discusión y prevalece la divergencia, porque se trata de dotar al país de una ley que se adecue a la realidad nacional y al momento histórico por el que está atravesando Bolivia. Es necesario el consenso en torno a la Ley de Régimen Electoral Transitoria, porque ésta tiene que ser producto del consenso. Es importante conocer las propuestas de los diferentes sectores de la sociedad, porque son quienes participan en las consultas electorales, las mismas que deben que ser analizadas y discutidas para llegar a consenso, que puede enriquecer el texto que se discute. Todos los sectores deben estar abiertos al debate y reconocer lo que es favorable para el país. No se puede ignorar los criterios de sectores que si bien no tienen representación en el Legislativo o el Ejecutivo, ni en las organizaciones laborales y sociales, tienen una forma de pensar y demandan respeto a sus derechos constitucionales.
Para la elaboración de una norma que beneficie a todos se tiene que conciliar criterios, porque no se puede continuar cometiendo errores, como aquellos de la Asamblea Constituyente que en más de 18 meses de labor no pudo consensuar, menos aprobar un texto constitucional aceptado por todos los bolivianos. Como no se pudo conseguir consenso en la Constituyente, se tuvo que recurrir al Legislativo y hacer aparecer algunos parlamentarios “salvadores” de la situación, los que en sesiones reservadas lograron la aprobación de algunos artículos conflictivos. Con esos acuerdos el Congreso Nacional pudo sancionar la nueva Constitución, vigente desde el 9 de febrero pasado y a menos de dos meses es motivo de observaciones, por los vacíos y las contradicciones que presenta. Esto demuestra que el dogmatismo y la precipitación a nada bueno conducen y el resultado son los cuestionamientos a la CPE, porque no se tomó en cuenta la posición de sectores considerados sin representatividad, pero que se los incluye en la Constitución con fines políticos. Para no contar con leyes difíciles de aplicar es importante buscar la conciliación de criterios con base en la discusión y el debate civilizados.
La ley referida parece que tiene mucha importancia para el Gobierno y sobre todo para el Movimiento Al Socialismo, porque con este instrumento legal quiere asegurar la reelección de Evo Morales Aima como Presidente de la República y ampliar su presencia en el Ejecutivo por cinco años más. Es innegable la desesperación en el oficialismo para lograr la aprobación de esa norma en los plazos que existen para su aplicación en el país. Pero en vez de imposiciones como las del MAS, el debate tiene que ser permanente hasta conseguir un texto que refleje la participación de todos los sectores sociales y de las regiones del país.
El cerco al Congreso Nacional por parte de los movimientos sociales afines al partido de gobierno no le hace bien ni al propio oficialismo, porque la presión que ejercitan hace que el mundo observe que en Bolivia se quiere gobernar recurriendo a la fuerza. Es hora para que el Jefe de Estado deje de lado su pretensión de hacer lo que mejor le parezca sin tomar en cuenta que frente a él está una población que no está de acuerdo con su forma de gobernar.