Empresarios rechazaron que se utilicen argumentos políticos para vulnerar la propiedad privada. Decreto de confiscación en suspenso.
JEFE OPOSITOR • Jorge Quiroga durante una conferencia de prensa. El jefe de Podemos pidió coherencia al Gobierno.
Condena. Los empresarios rechazaron que se utilicen argumentos políticos para vulnerar la propiedad privada, protegida por la CPE.
La Razón
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y representantes de la oposición política y regional demandaron ayer al gobierno de Evo Morales que investigue a profundidad el caso de presunto terrorismo en el país, pero sin amedrentar ni amenazar a los ciudadanos y respetando las garantías constitucionales.
El pronunciamiento se produjo después que el Ejecutivo denunció que había empresarios implicados en las presuntas acciones terroristas del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa y anunció la aprobación de un decreto para confiscar las propiedades de todos quienes hubiesen financiado a este personaje.
“Si hay una persona, sea ésta empresario o empleado público, boliviano o extranjero, que ha obrado en contra de la legalidad, debe ser procesado respetando todos sus derechos constitucionales y las acusaciones comprobadas debidamente mediante los mecanismos que prevé la ley, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo”, señala un pronunciamiento público de la CEPB.
Agrega que el Gobierno tiene facultades para defender la paz social, pero “sin necesidad de utilizar la amenaza velada ni el amedrentamiento a los ciudadanos”.
En la misma línea, el jefe de Podemos, Jorge Quiroga, dijo que no se puede violar la ley para justificar el combate contra una actividad ilícita como el terrorismo, y condenó la forma en que se actuó en las recientes detenciones vinculadas con el caso Rózsa.
Además, pidió al Gobierno coherencia en su discurso antiterrorista y no solamente condenar el caso Rózsa, sino también otros como el que protagonizó en la década del 90 el vicepresidente Álvaro García, quien estuvo preso por actividades terroristas.
“También hay que censurar y criticar las actividades del señor García Linera en los 90, que hoy se llena la boca condenando el terrorismo, cuando era uno de sus practicantes más connotados en democracia en Bolivia; hay que sancionar, condenar y censurar las intenciones del señor Rózsa, pero también a las FARC, al MRTA… a Wálter Chávez y no de forma oportunista criticar un solo lado, mientras el otro se deja pasar”, señaló.
Chávez fue vinculado con actividades terroristas en Perú y fue asesor del gobierno de Morales.
Tanto los empresarios como Quiroga criticaron el anuncio gubernamental sobre la aprobación de un decreto supremo para confiscar los bienes de los implicados en casos de terrorismo, por considerarlo inconstitucional.
El director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, coincidió con este criterio y lamentó que el Ejecutivo utilice este tema “para amedrentar” a los bolivianos.
“La confiscación de bienes es algo que estaba prohibido incluso en la Constitución anterior, es incompatible con las normas del derecho del mundo moderno”, coincidió el presidente del Senado, Óscar Ortiz (Podemos).
“Esto muestra cómo a este gobierno en realidad no le interesa para nada respetar ni la Constitución ni las leyes ni los tratados de derechos humanos”, agregó.
Para los empresarios del país, “el derecho propietario está garantizado por la Constitución Política del Estado, y vulnerarlo es un delito y un abuso de poder”.
Decreto de confiscación en suspenso
Investigación. La idea gubernamental de quitarle bienes a los que financiaron a la supuesta célula terrorista no fue tocada en el Poder Ejecutivo. Las críticas al planteamiento continúan
Espera. El gabinete ministerial sesionó ayer pero no trató el asunto, cuyas bases legales son cuestionadas por la oposición
Gustavo Ondarza | El Deber
El gabinete de ministros del presidente de la República, Evo Morales, no trató, en detalle, el anunciado decreto supremo de confiscación de bienes a empresarios que presumiblemente ayudaron o financiaron las actividades de la banda de supuestos terroristas en Santa Cruz, informó ayer el portavoz del Gobierno, Iván Canelas.
“Hasta el momento, esa posibilidad de análisis de ese decreto no fue tratado en el gabinete y se debatió algunas propuestas de decretos para el 1 de mayo (Día del Trabajo) pero no puedo adelantar ningún criterio”, agregó.
La medida propuesta en su oportunidad por Morales ha provocado el rechazo de sectores y voceros políticos de la oposición.
Para el presidente de la Confederación de Empresario de Bolivia, Gabriel Dabdoub, la medida anunciada es inconstitucional y pidió al Gobierno dejar de amedrentar al sector y al contrario, impulsar políticas que incentiven la inversión creando así más fuentes de trabajo.
Por su parte, el senador opositor Wálter Guiteras, de Podemos, señaló que la actitud del oficialismo ‘con estas propuestas’, es ‘temeraria’, y no le hace bien al desarrollo del país. “Una cosa es luchar contra el terrorismo, como dicen, y otra es usar tácticas terroristas contra gente de bien”, apuntó.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, respaldó la dictación de una norma que disponga la confiscación de los bienes a empresarios que sean descubiertos brindando ayuda a células terroristas que operan en el país.
Sin embargo, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, aclaró que en caso de dictarse la misma, no tendrá carácter retroactivo.
De acuerdo con la nueva Constitución Política del Estado no existe la figura de la confiscación de bienes sino la expropiación, siempre y cuando una determinada propiedad no cumpla una función social.
El artículo 56 de la sección IV de esta ley, referida al Derecho a la Propiedad, señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social”.
En tanto que el artículo 57 establece que: “La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública”.
Soldados están acuartelados
Los soldados que fueron desplazados del interior del país a puntos fronterizos del departamento de Santa Cruz están acuartelados realizando tareas de rutina castrense.
Así reportaron autoridades, fuentes militares y corresponsales de EL DEBER en Puerto Suárez, Quijarro, y San Matías.
En ese caso, se evidencia que el anuncio del Gobierno de que los 1.600 militares movilizados iban a cumplir tareas de apoyo a la lucha contra el contrabando, el narcotráfico y el terrorismo, aún no se cumple.
En San José, el Tcnl. Juan Delgadillo, comandante del Regimiento Montes, señaló que los efectivos que llegaron fue para completar el cupo del llamamiento del servicio militar de la presente gestión.
Por su parte el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante José Luis Cabas, dijo que los soldados cumplirán su ‘deber con la patria’ en sus nuevos destinos.
Es una medida inquisitorial
Edwin Rojas / Pdte. Col. Abogados
La confiscación de bienes se aplicaba como medida de persecución política en la antigüedad y en la Edad Media; en el Imperio Romano era común, ya que cuando tomaba un pueblo confiscaban los bienes de los habitantes.
Esta acción fue declarada como una violación a los DDHH y por ello se la erradicó de todas las constituciones modernas, y para todo tipo de delito, incluido el narcotráfico. Sólo se acepta el embargo de bienes para el resarcimiento de los daños civiles, previa orden judicial.
En el Pacto de San José de Costa Rica, y en todos los convenios de respeto a los DDHH se prohíbe esta figura porque es una medida inquisitorial.
Si la dictan aquí sería inconstitucional y violatoria de los principios y valores humanos.