Bolivia se queda sin control de la Constitucionalidad de las leyes, decretos y sentencias. El cese del TC es culpa del Gobierno, dice la oposición.
La renuncia de Silvia Salame dejó cesante al TC. La Corte Suprema se quedó sin quórum y el Consejo de la Judicatura no hace más que labores administrativas.
La Razón
La renuncia de la única magistrada en funciones del Tribunal Constitucional (TC), Silvia Salame, dejó ayer al país sin control de constitucionalidad y desató una de las peores crisis del Poder Judicial de los últimos tiempos.
Con la dimisión de Salame, el TC se quedó completamente paralizado. Los restantes magistrados tomaron el mismo rumbo que Salame en años anteriores, presionados por juicios por prevaricato interpuestos por el Gobierno.
Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia se quedó sin quórum, luego que la bancada oficialista en la Cámara de Diputados decidió autorizar el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de su presidente, Eddy Fernández. La autoridad fue suspendida y la Suprema se quedó con siete miembros (8 hacen quórum).
El Consejo de la Judicatura se encuentra en similar situación, con un único consejero en funciones: Rodolfo Mérida (ver infografía). A ello se suma la etapa de transición constitucional que atraviesa el país y que ha provocado que oficialistas y opositores descarten hacer nombramientos judiciales durante esta gestión.
Ayer, a tiempo de presentar su renuncia, Salame reflexionó sobre esta situación y culpó al Gobierno por la crisis en el Poder Judicial. Además, denunció que ahora los bolivianos viven en un régimen de gobierno dictatorial.
´Muchos ciudadanos han perdido sus derechos; estamos viendo la violación de la norma y el control constitucional ha sido sobrepasado; estamos siendo gobernados de facto´, señaló.
Luego pidió al Congreso que en los siguientes 30 días designe a un Tribunal Transitorio, que se haga cargo de esta instancia judicial hasta la conformación de una nueva, en el marco de la Constitución Política vigente.
El planteamiento de Salame se respalda en el artículo 21, parágrafo III, de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, en el que se establece que en todos los casos el Congreso Nacional, después de asumir conocimiento de las causas de cesación de cualquiera de los miembros de este ente, procederá a la designación del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional en el término máximo de 30 días, convocándose en su caso a Congreso Extraordinario si fuere necesario.
El incumplimiento de esta norma, a decir de Salame, provocaría un grave daño al Poder Judicial, toda vez que el TC enfrentó en los últimos años la renuncia de sus cinco miembros titulares por diversas razones, lo que provocó la paralización de al menos 4.177 litigios que afectan a unas 27.152 personas.
Contrariamente, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, René Martínez, opinó que la realidad jurídica del país no cambia por la renuncia de Salame, ya que desde hace dos años el TC no hace control de constitucionalidad debido a la dimisión de sus magistrados.
Salame renunció por una reducción presupuestaria definida por el Consejo de la Judicatura, para que el TC funcione con sólo 11 personas, entre guardias de seguridad, chofer, atención, asistente de teléfonos y otros funcionarios administrativos. “No podría existir ningún tipo de actividad constitucional (…) es decir que yo debía prestarme a ser el cómplice del Gobierno para decir que existe Tribunal y hacer una tarea prácticamente decorativa”, dijo.
La resolución fue firmada el 23 de abril por el entonces presidente de la Suprema y del Consejo de la Judicatura, Eddy Fernández, y el consejero de la judicatura, Rodolfo Mérida.
La reducción presupuestaria define que el TC podrá utilizar únicamente el 15% de su presupuesto anual de Bs 14 millones. Según Rodolfo Mérida, se trata de una decisión “responsable”, ya que el TC había limitado sus labores a tareas pedagógicas.
Además, dijo que entre enero y abril de este año este organismo judicial utilizó Bs 2.775.948, lo que hace suponer que el resto del año puede funcionar con 1.632.229 mensuales.
Piden buscar salidas
Mientras el jefe de bancada del MAS en Diputados, César Navarro, consideró que tras la renuncia de Silvia Salame el Congreso debe buscar una salida y garantizar la constitucionalidad en Bolivia, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez, planteó la necesidad de elegir nuevas autoridades judiciales.
´Este tema se tendrá que tratar a nivel de Congreso, no hay otra alternativa, pero se requiere de un acuerdo entre los partidos políticos que tienen representación congresal, como el MNR, MAS, Podemos y UN, para que las nuevas autoridades no respondan a colores políticos sino a la voluntad del soberano´, dijo Navarro.
Vásquez advirtió que sin el funcionamiento de la principal entidad de justicia, el país se encuentra en la nebulosa de la inconstitucionalidad. ´Lo evidente es que el Gobierno le teme a vivir bajo el imperio de las leyes, que prefiere destruir instituciones en lugar de someterse a la Constitución, esta salida (la renuncia de Salame) responde a una decisión política del MAS y el Gobierno´, aseveró.
LA MAGISTRADA
Decisión • Silvia Salame renunció a su cargo en el Tribunal Constitucional después de al menos tres amenazas públicas que no concretó. Su alejamiento definitivo del órgano de control constitucional se hará efectivo en los próximos 30 días.
Posición • Al anunciar su alejamiento del TC, dijo que el Congreso no cumplió con la ley que define que debe nombrar en un plazo de 30 días a los magistrados que dejaron sus cargos vacantes. Sostuvo que el Legislativo “no cumplió con la ley”.
El cese del TC es culpa del Gobierno, dice la oposición
RESPUESTA • El oficialismo asegura que los opositores frenaron las designaciones.
La oposición política y regional culpó al Gobierno por el cese de funciones del Tribunal Constitucional (TC), extremo que se precipitó tras la renuncia de Silvia Salame, la única magistrada que continuaba en funciones.
El oficialismo respondió que la culpa es de la oposición, que frenó la designación de magistrados en el Congreso Nacional.
“Creo que el Gobierno ha concretado un objetivo más de su estrategia de dejar al país sin un Tribunal Constitucional, sin una institución protectora de las garantías constitucionales´, afirmó el prefecto de Tarija, Mario Cossío, opositor al Gobierno.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez (Podemos), calificó a la renuncia de Salame como “el elemento final de un proceso de destrucción sistemático de un Poder Judicial independiente”.
Dijo que esta acción “comenzó hace mucho tiempo con un juicio por prevaricato… y una seguida persecución personal en contra de dos magistradas… que han sido vituperadas y amenazadas de juicio, y sus familias han sido amenazadas por personeros del Gobierno hasta que han conseguido la renuncia de estas dos y luego de otros dos magistrados”.
En la otra vereda, el canciller interino, Juan Ramón Quintana, prefirió no referirse al tema. “No hacemos ningún comentario sobre decisiones de carácter personal”, señaló. No obstante, el portavoz de la bancada del MAS, Jorge Silva, refutó a los opositores y afirmó que “este vacío en el Tribunal es por culpa de la oposición, que frenó las designaciones”.
El presidente de los empresarios de Bolivia, Gabriel Dabdoub, opinó que ´es una muestra más de que está habiendo un descabezamiento y un rompimiento en la institucionalidad”.
LAS DESIGNACIONES
Estado • El proceso de nombramiento de autoridades comenzó el 2006, pero se paralizó por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Se avanzó hasta la calificación meritocrática de los postulantes.
Actualidad • Oficialistas y opositores descartaron que este Congreso nombre a los nuevos magistrados y dejaron esta labor para el próximo año.
El Consejo de la Judicatura defiende el recorte al TC
ARGUMENTO • Señala que no podía asignar grandes recursos a una entidad paralizada.
El consejero de la Judicatura Rodolfo Mérida explicó ayer que la decisión de reducir el presupuesto del Tribunal Constitucional (TC) obedece a razones técnicas y administrativas que buscan evitar «posibles responsabilidades futuras establecidas en la Ley Safco».
De esta manera respondió a las acusaciones lanzadas por la magistrada Silvia Salame, quien responsabilizó al Consejo por el virtual cierre del Tribunal, el cual sufrió una considerable reducción a su presupuesto.
«No se puede entender que personas que conocen la normativa legal vigente en el país señalen que se trata de una conjura o algo parecido entre el Consejo (de la Judicatura) y el Poder Ejecutivo para eliminar al Tribunal Constitucional», dijo Mérida.
El también único consejero en funciones añadió que la resolución administrativa en la que se dispone la reducción del presupuesto al Tribunal lleva la firma del ahora suspendido presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández Gutiérrez.
Por otra parte, explicó que desde el Consejo de la Judicatura, a iniciativa suya, se pretendió coadyuvar para que los letrados y abogados asistentes del TC puedan prestar sus servicios profesionales en la Corte Suprema, mientras se nombraba a los nuevos magistrados, a lo que Salame se habría opuesto.
«No se puede pretender que funcionarios con salarios de 13 y 14 mil bolivianos sólo cumplan tareas de pedagogía constitucional, cuando su función principal, y por la que fueron contratados, es otra y en este momento se encuentra paralizada», dijo la autoridad judicial. Sucre, ANF
Salame se va y Tribunal se cierra hasta después de las elecciones
BOLIVIA SE QUEDA SIN CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, DECRETOS Y SENTENCIAS
La Prensa
4.177 casos se llegaron a acumular en el Tribunal Constitucional que afectan a 27.152 litigantes. En el Congreso no existen indicios de una nueva designación, el MAS deja en manos de la Asamblea.
La renuncia de la magistrada Silvia Salame al Tribunal Constitucional representa el cierre de facto de esta institución, según constitucionalistas, porque con su salida se paraliza la vida institucional de esa entidad y abre las puertas para que en el país no exista ninguna opinión jurídica contra normas que atentan a los principios constitucionales.
Hasta la fecha, Salame aún recibía los recursos y consultas de constitucionalidad que una vez admitidos quedaban paralizados por falta de quórum, pues requiere de una Sala Plena de 10 magistrados, pero hasta ayer solamente funcionaba con una.
El ex magistrado del Tribunal Constitucional Willman Durán, en contacto con La Prensa, lamentó la decisión de Salame pues —según él— su salida significa el cierre de la entidad “en las próximas semanas”.
El jurista sostuvo que la institución que funciona en Sucre está imposibilitada de cumplir nuevas funciones administrativas, pues ya no existe un solo magistrado que firme decretos de funcionamiento o reciba las causas. Mientras Salame permanecía en el Tribunal se podían recibir nuevas demandas y procesos, algo que ahora es imposible. Se llegaron a acumular 4.177 casos que afectan a 27.152 personas, quienes deberán esperar al nuevo Tribunal.
El oficialismo no tiene interés en reponer esta institución en los próximos meses, como demandó ayer el Órgano Judicial, y dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional la designación de los futuros tribunos, y con ellos la reapertura de las más de 4.000 causas que están “congeladas”.
La ex magistrada Salame oficializó ayer su decisión de abandonar la entidad encargada de efectuar el control de constitucionalidad en Bolivia, tal como adelantó La Prensa en su edición de ayer.
La ex autoridad era el último miembro en funciones. El motivo que precipitó su decisión fue una reducción del 85 por ciento del presupuesto, es decir de más de 100 millones de bolivianos anuales a casi 14 millones de bolivianos programados para esta gestión, y responsabilizó a un pacto entre el Gobierno y el último consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida.
“Es inútil y vana mi presencia, si es el propio Consejo de la Judicatura el que decidirá sobre la forma y ejecución del presupuesto del Tribunal, desconociendo su independencia (…) (La reducción) implica el cierre del Tribunal Constitucional, puesto que se tendría que despedir al 85 por ciento de funcionarios que actualmente vienen cumpliendo sus labores de acuerdo con el plan operativo aprobado la pasada gestión”.
Sin embargo, la versión de posibles despidos no fue confirmada por los trabajadores de esa entidad. El único consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, evitó pronunciarse sobre la continuidad o cierre del Tribunal.
Salame, en una conferencia de prensa, indicó que el Gobierno dio el “tiro de gracia” a la institución en un supuesto acuerdo con el Consejero de la Judicatura. Acusó, además, al Ejecutivo de llevar al país a un régimen “de facto”. La ex autoridad recordó los “ataques” a la Corte Suprema y la “intervención” de la Contraloría General de la República y pidió al presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, que señale a quién entregará la entidad.
La reducción presupuestaria fue justificada por Mérida, quien argumentó que se debe a “razones técnicas y administrativas”. “No se puede pretender que funcionarios con salarios de 13.000 y 14.000 bolivianos sólo cumplan tareas de pedagogía constitucional, cuando su función principal, y por la que fueron contratados, se encuentra paralizada (…) Esta decisión se mantendrá sólo mientras la nueva Asamblea Plurinacional no nombre al resto de los magistrados”.
El constitucionalista Íver Pereira explicó, por su parte, que por el principio de continuidad será la institución que se conforme la responsable de continuar con los procesos trabados, en tanto permanecerá “cerrado” el ente de control constitucional.
La ex magistrada sugirió la conformación de un “Tribunal liquidador” que se ocupe de esos casos y que el nuevo ente empiece desde cero, por eso dio un plazo de 30 días establecidos por ley para que el Congreso designe de manera obligatoria a un Tribunal transitorio de magistrados para que entregue la institución, pero en el Congreso hay pocas posibilidades de que este pedido prospere.
Al menos tres legisladores del MAS descartaron ayer que haya nuevas designaciones; en cambio, la oposición abrió esta opción, pero admitió que se deben buscar alianzas con los legisladores del oficialismo, que son mayoría en la Cámara de Diputados.
Los empresarios privados y los prefectos de la “media luna” también expresaron su preocupación por esta dimisión y consideraron que se terminó la institucionalidad y la seguridad jurídica.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, admitió que con la salida de Salame la entidad quedará “sin vida institucional” y la única forma de reactivarla es con nuevas designaciones, en tanto no existe una institución que opine sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o reformas que se realicen desde el Ejecutivo.
Dijo que es posible que esta renuncia favorezca al Gobierno del presidente Evo Morales porque no tendrá una institución que cuestione los decretos supremos como el de incautación de bienes de personas vinculadas al terrorismo a sola imputación fiscal.
La ex magistrada Salame advirtió de que el país está siendo gobernado únicamente por decretos, en “franca vulneración a la constitucionalidad”. “Con gran pena he visto que incluso el Poder Judicial ha dejado de lado las incidencias del Tribunal Constitucional, muchos jueces, fiscales han marginado la jurisprudencia”.
La ONU pide designación
La falta de magistrados en el Tribunal es una situación muy seria y grave, según el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Denis Racicot, y responsabilizó al Parlamento.
Racicot, que hace de veedor en el juicio de responsabilidad sobre “octubre negro”, comentó que la designación de magistrados requiere de una acción de todas las fuerzas políticas. “El estancamiento en el Parlamento en cuanto al nombramiento está dejando al país sin Tribunal Constitucional, eso afecta los derechos de toda la población, de cada ciudadano”. Dijo que no se puede esperar la designación de magistrados por dos años.
Juicio a Eddy Fernández
El senador Luis Vásquez (Podemos) informó ayer que desde este martes el Senado comenzó a expedir las notificaciones respectivas para instaurar el juicio de responsabilidad contra el suspendido presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Eddy Fernández, acusado por el oficialismo de retardación de justicia, y que comenzará en 10 días.
Asimismo, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, anunció que presentará hoy una nueva denuncia en contra de Fernández por retardación de justicia e incumplimiento de deberes, esta vez por la compra irregular del avión Beechcraft con sobreprecio y la adquisición de 10.000 fusiles Galil por parte del ex ministro Fernando Kieffer, quien falleció hace dos semanas.
Repercusiones
“La doctora Salame, más que una autoridad judicial, se constituyó en una persona con un criterio fundamentalmente político. El Tribunal tuvo un comportamiento político. Tenemos que ver los mecanismos para que tenga las autoridades que merece”.
César Navarro
Diputado del MAS
“Como estaba previsto, como lo ha proyectado este Gobierno, se ha descabezado toda la institucionalidad, y la Corte Suprema sigue en ascuas. Han entrado en la Corte Nacional Electoral y también se han metido en la Contraloría General. No hay que sorprenderse”.
Rubén Costas
Prefecto de Santa Cruz
“Nos enteramos por la prensa de la renuncia. Lamentamos mucho que la doctora Salame se aleje, porque pese a ser la única magistrada, por lo menos administrativamente estaba sosteniendo el Tribunal. Deseamos que se hagan las designaciones lo más rápido”.
Beatriz Sandóval
Presidenta (a.i.) Corte Suprema
“Es parte de un proceso que el Gobierno viene desarrollando hace más de dos años de destrucción del Tribunal. Esta renuncia se ha precipitado porque la han venido asfixiando económicamente. Hoy ya no hay instancia para defender a las personas”.
Óscar Ortiz
Presidente del Senado
“El amedrentamiento y la falta de seguridad jurídica la vivimos. Estamos viendo que la institucionalidad y el equilibrio democrático se están desmoronando en el país. No es bueno para los bolivianos. Hoy es la magistrada (Salame), ayer fue la Suprema”.
Gabriel Dabdoub
Confederación de Empresarios
“Acaba de ponerse la cruz a la institución protectora de la constitucionalidad. La raíz muestra que está motivada en acciones políticas del Ejecutivo. Creo que el Gobierno ha concretado un objetivo más de su estrategia de dejar al país sin un Tribunal Constitucional”.
Mario Cossío
Prefecto de Tarija
“Éste es el paso final de un proceso de destrucción del Poder Judicial. El Gobierno le teme a vivir bajo el imperio de las leyes, que prefiere destruir instituciones en lugar de someterse a la Constitución, esta salida responde a una decisión política del MAS”.
Luis Vásquez
Senador de Podemos
“No se puede entender que personas que conocen la normativa legal vigente señalen que se trata de una conjura entre el Consejo y el Poder Ejecutivo para eliminar al Tribunal Constitucional. Reitero, se trata de una determinación de carácter técnico y no político”.
Rodolfo Mérida
Consejero de la Judicatura