La falta de fuentes de trabajo en Bolivia ocasiona un enfrentamiento entre los comercializadores de ropa usada y los micro y pequeños empresarios dedicados a la confección de vestimenta.
Editorial El Diario
Este problema no ha podido ser solucionado por el Gobierno, pese a que se lo viene arrastrando desde hace tres años, cuando se prohibió la importación de ropa de segunda mano, y luego se aprobó otro decreto por el que se prohibía la comercialización de ese producto. Pero más pudo la presión de los afectados, que consiguieron que esa prohibición sea suspendida por un tiempo determinado. El Ejecutivo aprobó otro decreto estableciendo que la venta de esa mercadería termine el 1 de abril del año en curso, por lo que los mercados y puestos de venta ya no deberían funcionar, lo que no se cumple por la ambivalente posición de las autoridades nacionales, quienes responsabilizan de ese control a las alcaldías municipales. Estas reclaman una disposición legal del Poder Ejecutivo, porque consideran que no les corresponde.
Lo cierto es que el Gobierno no quiere crearse problemas que le pueden afectar en su campaña proselitista para las elecciones generales del 6 de diciembre próximo. Mientras la comercialización de ropa usada continúa, los pequeños y micro empresarios siguen exigiendo a los gobernantes que cumplan lo que manda la norma y se prohiba la venta de prendería de segunda mano. Los ropavejeros por su parte demandan una nueva prórroga y rechazan la propuesta de la Ministra de Producción y Microempresa que les ofrece 1.950 bolivianos pagaderos en tres cuotas mensuales, con la condición de que al final entreguen los saldos de ropa usada. Así el país está frente a un conflicto sin solución, por falta de una política de creación de fuentes de empleo.
Este problema nace a finales de 1980, cuando por gestiones de autoridades gubernamentales llega al país ropa usada proveniente de Estados Unidos, para ser distribuida entre gente pobre. Decenas de contenedores llegaron a Bolivia, y en lugar de distribuir esas prendas como estaba dispuesto, algunos funcionarios del Gobierno de turno, vieron que ese producto se lo podía comercializar. A los pocos meses consiguieron vender lo almacenado y nuevamente solicitaron “ayuda”. Pero paralelamente consideraron que era más provechoso importar o hacer ingresar por contrabando esa prendería, porque el negocio se fue convirtiendo en lucrativo. Entonces surgen clanes familiares que se dedican al contrabando de ese producto y originan grandes mercados y ferias de ropa usada en todo el país.
Ninguna autoridad tomó en cuenta las denuncias acerca de que Bolivia se estaba convirtiendo en basurero del mundo, porque llegaban productos de segunda mano de todo tipo, hasta material radioactivo de desecho, que fue enterrado en algún lugar del territorio nacional, constituyendo un grave atentado a la salud de los bolivianos y a su dignidad, porque miles de familias de diferentes estratos sociales acudían a los comercios populares para adquirir prendas de segunda mano. Lo peor es que esa mercadería no es sometida a un control fitosanitario ni es fumigado hasta matar todos los gérmenes que pueda tener. Incluso se ofrece ropa interior usada para hombres y mujeres.
La actual administración gubernamental pretendió frenar la venta de prendería de segunda mano, disponiendo la reconversión de los comerciantes en productores o confeccionistas de ropa, para lo cual se entregó una considerable cantidad de dinero, que fue utilizado de manera arbitraria por las autoridades encargadas y el proyecto fracasó. No se sabe a cuáles comerciantes beneficiaron tales recursos y quiénes lograron convertirse en pequeños o micro empresarios. Sin embargo los gobernantes no se pronuncian sobre este acto de corrupción y en el que están implicados militantes y dirigentes del partido de gobierno. La comercialización de ropa usada es difícil de eliminar, porque a esta actividad se aferran miles de personas, por la falta de empleo, pero también los micro y pequeño empresarios soportan grandes pérdidas por la disminución de las compras de ropa nueva confeccionada.
Por todo lo mencionado el Gobierno está ante la disyuntiva de prohibir realmente la importación y comercialización de ropa usada, lo que significará el cierre de las ferias, mercados y puestos callejeros de venta de esa mercadería, o continuar con su política de permitir lo prohibido y soportar las protestas sociales de los micro y pequeños empresarios. En todo caso si las autoridades gubernamentales realmente apoyan a la industria nacional, deben restringir la comercialización de prendería de segunda mano y controlar rigurosamente el contrabando de esa mercadería. Corresponde, en consecuencia, clausurar los comercios y puestos de venta que terminaron de vender su mercancía y dar penas ejemplarizadoras a los contrabandistas de ese y otros tipos de mercaderías que ingresan ilegalmente evadiendo los controles aduaneros. Además se tiene que proceder a la destrucción en el acto de la ropa usada confiscada que ingresaba o ingresó por la vía del contrabando. No hay otra solución.