Legisladores opositores y del ala evista del MAS, inclusive su líder Evo Morales, denunciaron que la norma atenta contra la propiedad privada. Similar advertencia lanzaron entes cívicos y colectivos ciudadanos. El Gobierno volvió a descartar afectaciones.
[Foto: APG] / La viceministra de Justicia, Jessica Saravia.
Fuente: Unitel
Crece la polémica por el Decreto Supremo 5143 que se refiere al sistema de Derechos de Reales y se anuncian movilizaciones. El Gobierno ha salido al frente y denunció una campaña de desinformación, pero además defendió la norma y aseguró que “no solamente reconoce la propiedad privada, sino también establece la seguridad de la misma a través de la inviolabilidad de datos”.
Así lo ha manifestado la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, este viernes en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.
Legisladores opositores y del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), inclusive su líder Evo Morales, denunciaron que la norma atenta contra la propiedad privada. Similar advertencia lanzaron entes cívicos y colectivos ciudadanos.
Saravia consideró que “lamentablemente existe una desinformación respecto a este tema, sin embargo, una desinformación a través de una campaña irresponsable”.
Señaló que “el derecho a la propiedad está garantizado en la Constitución como un derecho constitucional a través de su artículo 57”, no obstante observó que la “politización” de ese tema viene de muchos años atrás.
“Siempre se ha tratado de infundir temor a la sociedad bajo el argumento de que se va a quitar la propiedad y eso es mentira. El artículo 57 es absolutamente claro cuando dice que la propiedad privada es irreversible”, afirmó.
En la entrevista con la red UNITEL, Saravia indicó que el citado decreto “no solamente reconoce la propiedad privada, sino también que establece la seguridad de la misma a través de la inviolabilidad de datos” puesto que “la propiedad únicamente puede atenderse a través del consentimiento del propietario”.
En ese marco, reiteró que el decreto reglamenta una ley de 1887 que daba lugar al registro de Derechos Reales
“Este decreto no establece absolutamente la modificación de ningún procedimiento que ha sido establecido en un decreto que ha reglamentado la ley de 1887”, dijo.
Agetic en la mira
Otras de las observaciones que plantean los políticos opositores sobre la norma es que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (Agetic), que depende del Ministerio de la Presidencia.
Explicó que “en realidad, lo que se ha hecho de manera absolutamente responsable es generar una complementación al decreto de Carlos Mesa de 2004 estableciendo la posibilidad de tener un sistema que tenga medidas de seguridad”, es decir, “que usemos la tecnología para darle certeza y seguridad jurídica a los propietarios”.
Saravia explicó que “el artículo 6 del Decreto Supremo (5143) se establece de manera expresa que la administración del registro de Derechos Reales está bajo la competencia del Consejo de la Magistratura, que es parte del Órgano Judicial”.
En ese marco, consideró que “es otra de las falacias que pretenden infundir a la población”.
Indicó que “la Agetic lo único que está haciendo es el desarrollo de un sistema con estándares de seguridad que le permitan tener una información inalterable”.
Sin embargo, subrayó que “esa información no la tiene ni siquiera la Agetic, solamente tiene el sistema”. Entonces, “una vez que se desarrolla el sistema, quienes van a administrar esa información es justamente Derechos Reales, como lo ha venido haciendo a lo largo del tiempo”.
Aseguró que con la norma no se están incorporando otras “figuras” puesto que ya hay un sistema en Derechos Reales, “pero un sistema altamente vulnerable”.
“Lo que se hace más bien a través de este decreto y con el trabajo técnico de la Agetic es hacer un sistema con seguridad para que Derechos Reales siga administrando esta información que se tiene que por supuesto es inviolable”, señaló.
“Solamente el propietario tiene acceso a su información o será una autoridad competente dentro de un proceso por ejemplo que podrá requerir la información pero jamás ha sido una información pública y tampoco lo es. Este decreto no establece absolutamente nada de lo que se ha querido generar dentro de una mala información”, añadió.
¿Una ley?
Actores políticos como el expresidente Jorge Quiroga y legisladores opositores cuestionaron que se busque normar las operaciones mediante un decreto. En su criterio, lo correcto es hacerlo mediante una ley.
Consultada por este tema, Saravia dijo que “la norma establece que Derechos Reales debe regularse a través de una ley especial. Sin embargo, “la misma normativa hoy vigente que regula el registro de Derechos Reales establece que en tanto no haya una ley especial se va a mantener vigente la normativa existente”.
En ese sentido, “este decreto supremo lo único que hace es sustituir un decreto supremo de hace 20 años atrás aprobado en el gobierno de Carlos Mesa y determinar las acciones que sean necesarias para prestar un mejor servicio, transparentar el servicio y por supuesto darle modernidad al Estado”:
Para Saravia, las movilizaciones “se han generado gracias a información falsa, irresponsable, que está tratando de politizar una norma que va a beneficiar a la ciudadanía”.
“¿Qué es lo que se quiere? ¿Seguir manteniendo un sistema vulnerable? ¿Se quiere seguir manteniendo esas mafias que han generado a través de este registro avasallamiento, dobles partidas que no le dan una seguridad al ciudadano?”, cuestionó la viceministra.
En ese marco, aseguró que “en mérito a todas las denuncias, las quejas y las preocupaciones de la ciudadanía respecto al registro de Derechos Reales, recoge el decreto 5143”, aunque lamentó que “nadie ha hablado de los beneficios”.
Mencionó que el nuevo sistema le permitirá a los propietarios realizar trámites referidos a su propiedad y los pagos desde su casa.