La instituciones cruceñas exigen que una comisión internacional investigue el presunto terrorismo.
Piden respeto a los derechos humanos y protestan contra su estigmatización.
Representantes cruceños se reunieron en la Brigada Parlamentaria (foto La Estrella del Oriente)
La Prensa
Diecinueve instituciones de diverso carácter se declararon en emergencia y movilización permanente en demanda del respeto a los derechos humanos y anunciaron un proceso contra la juez Marcela Siles y el fiscal Marcelo Soza porque no derivan la investigación del caso de presunto terrorismo a la jurisdicción de Santa Cruz.
Siles es juez de garantías constitucionales, y Soza, director de la investigación de la milicia desarticulada en un operativo policial el 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz.
Como consecuencia de ese hecho murieron el boliviano-croata-húngaro Rózsa Flores, del irlandés Micheal Dwyer y el rumano Árpád Magyarosi, en tanto que el boliviano-croata Mario Tádic y el húngaro Elöd Tóásó fueron capturados con vida y trasladados a La Paz.
Los firmantes “rechazan y condenan la discriminación y estigmatización del pueblo cruceño y sus instituciones”, que son calificadas como terroristas y separatistas.
Representantes de las 19 entidades, junto con delegados del Colegio Nacional de Abogados, se reunieron ayer en la Brigada Parlamentaria Cruceña, donde, según El Deber, se requirió que el caso sea procesado en Santa Cruz e incluso se mencionó la posibilidad de convocar un cabildo para conocer la opinión de la población.
La proclama de las entidades cruceñas protesta por “las constantes y permanentes abusos y violaciones a los derechos humanos, la vulneración de la Constitución, las leyes de la República y las convenciones internacionales, (lo) que pretende crear un estado de zozobra y amedrentamiento, sometiendo a los ciudadanos bolivianos a un estado de indefensión, por el solo hecho de pensar diferente”.
Desde que comenzó la investigación fueron aprehendidos, además de los sobrevivientes, los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, quienes fueron llevados a La Paz, y 23 consejeros y ejecutivos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), y diez directores de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) debieron prestar declaraciones en La Paz.
Las organizaciones se declararon en emergencia y estado de movilización permanente ante lo que consideran una persecución contra los cruceños.
El Decreto 138, que autoriza la incautación del patrimonio de las personas a quienes el Ministerio Público impute el delito de terrorismo, es rechazado por el mencionado grupo de instituciones, “por ser inconstitucional y confiscatorio del patrimonio de los bolivianos, concebido como un instrumento de coerción y persecución contra las voces disidentes”.
Las organizaciones instruyeron a la Brigada Parlamentaria Cruceña “dirigir y coordinar las sesiones permanentes del control social e institucional y de la sociedad civil organizada”.
Además instan a que se levante un nuevo padrón nacional electoral biométrico para la realización de los comicios generales previstos para el domingo 6 de diciembre y que se forme una comisión internacional que indague imparcialmente en esa capital los hechos.
Pedido de la Fiscalía
Después de que la Fiscalía General del Estado no atendiera una solicitud formulada el 21 de abril para que el caso sea ventilado en Santa Cruz, el fiscal de Distrito Jaime Soliz sugirió que el conflicto jurisdiccional que se ha planteado entre los juzgados de La Paz y Santa Cruz sea resuelto por la Corte Superior cruceña.
“Considero que esta controversia debería resolverse a favor de Santa Cruz”.
Soliz apoyó su moción en las estipulaciones del Código de Procedimiento Penal, que establece que, cuando hay un conflicto entre dos juzgados, el caso será atendido por el primero que lo hubiese conocido.
La investigación por presunto terrorismo comenzó en Santa Cruz, pues la esposa de Saúl Ávalos, viceministro de Autonomías, interpuso una demanda horas después de que el 29 de marzo su domicilio fuera objeto de un atentado con explosivos.
Entretanto, el juez Octavo de Instrucción en lo Penal de la capital, Luis Hernando Tapia Pachi, ratificó que, pese a las amenazas de juicios que se han vertido en su contra, el control judicial de este caso debe ser devuelto a un juzgado en Santa Cruz.
Tapia Pachi presentó un recurso de inhibitoria contra la juez Marcela Siles por pedido formulado por el ex presidente cívico Branko Marinkovic.
El programa de mítines
Rubén Darío Méndez, vocero del Comité pro Santa Cruz, explicó que las instituciones declaradas en emergencia y movilizadas aprobaron un plan de acciones de concienciación en distintas zonas de la capital cruceña, aunque no se trata de realizar actos masivos.
La primera protesta se llevó a cabo ayer a mediodía en la plaza 24 de Septiembre y, según Méndez, contó con la presencia del “80 por ciento de los convocados”, quienes fueron dirigentes de las organizaciones cruceñas.
Mañana a las 12.30 se realizará un mitin en la avenida Monseñor Rivero, a las puertas de la Fiscalía.
Por la noche, los dirigentes y vecinos del Distrito 6 se reunirán en Pampa de la Isla, al sudeste de la ciudad y sobre el camino a Cotoca.
El viernes por la noche, el encuentro de vecinos y dirigentes se producirá en el Distrito 5, en la zona Norte de Santa Cruz de la Sierra, en inmediaciones de la avenida Banzer.
Méndez dijo: “Tratamos de hacer actos no masivos, pero con participación de las bases para que tengan conciencia de las demandas”.
Opiniones
Fernando Cuéllar, abogado cruceño, dice que se debe desconocer a la Fiscalía paceña.
El jurista preside el Colegio de Abogados de Santa Cruz y Human Rights Foundation.
Hugo Achá, ex presidente de ese organismo, es sindicado de colaborar con la milicia.
Autoridades cruceñas se declaran en emergencia permanente
MANIFIESTO. Cruceños exigen a las autoridades nacionales y departamentales el respeto a los “derechos humanos, el estado de derecho y las garantías constitucionales, el debido proceso y la seguridad jurídica”
La Estrella del Oriente
Ayer, cívicos, representantes de sectores sociales entre otras autoridades cruceñas, sostuvieron una reunión a convocatoria de la Brigada Parlamentaria para tratar los constantes y permanentes “abusos y violaciones a los derechos humanos” por parte del Gobierno. En el encuentro elaboraron un manifiesto en el cual se declaran en estado emergencia y sesión permanente, por lo cual convocan a la población a participar activamente en la defensa de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos ratificando la unidad del pueblo cruceño, sus instituciones y autoridades.
Asimismo exigen a las autoridades nacionales y departamentales el respeto a los “derechos humanos, el estado de derecho y las garantías constitucionales, el debido proceso y la seguridad jurídica” indica el documento.
Las autoridades cruceñas sostienen que la vulneración de la CPE, las leyes de la República y las convenciones internacionales pretenden crear un “estado de zozobra y amedrentamiento, sometiendo a los ciudadanos bolivianos a un estado de indefensión, por el solo hecho de pensar diferente”. Por lo cual rechazan y condenan la discriminación y estigmatización del pueblo cruceño y sus instituciones.
De la misma manera, rechazar el ilegal y arbitrario DS 138, por ser inconstitucional y confiscatorio del patrimonio de los bolivianos, concebido como un instrumento de coerción y persecución contra las voces disidentes. Al momento de sostener que desconocen las actuaciones de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados por su manifiesta parcialidad en la investigación de los supuestos hechos de terrorismo y exigimos la conformación de una Comisión Internacional para la investigación y esclarecimiento de los hechos de violencia perpetrados en nuestra ciudad en el mes de abril.
Los representantes de los cruceños ratificaron sus deber de defender la dignidad, la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por otra parte instruyeron a la Brigada Parlamentaria Cruceña dirigir y coordinar las sesiones permanentes del control social e institucional y de la sociedad civil organizada, como también apoyar al Comité Cívico pro Santa Cruz en todas las acciones que ejerza para la defensa de los derechos ciudadanos.
Al cabo de la reunión, los dirigentes se concentraron en el centro de la Plaza principal 24 de Septiembre y se declararon en vigilia permanente.
Se inician las movilizaciones en defensa de los cruceños
Presidente del Comité pro Santa Cruz
La Estrella del Oriente
El presidente del Comité pro Santa Cruz Luis Núñez, informó que las movilizaciones que se llevarán adelante, serán para decirle al Gobier-no que pare de amedrentar a los cruceños, “diciendo que somos separatistas o independentista, que fue el pretexto de hace 50 años atrás para avasallar esta tierra para someterla a la barbarie”, apuntó. La autoridad no quiso detallar el tipo de acciones a tomar, sin embargo, aseguró que en su momento se las hará conocer.
El líder cívico afirmó “somos más bolivianos que cualquiera, por siempre planteamos la verdadera unidad de pueblo, con las miles y miles de personas que vienen a integrarse al desarrollo del pueblo cruceño”. Indicó que en Santa Cruz no hay racismo, independismo y menos terrorismo. “Lo único que nos interesa es tener más oportunidades y empleos”.
Apuntó que se inician las movilizaciones y que estas manifestaciones serán completamente pacíficas, “estas movilizaciones son para decir basta de abuso al Gobierno”, puntualizó.
Asimismo, puntualizó que en caso que el Gobierno le prohibiera la libertad o no se respete sus derechos humanos de cualquier cruceño, inmediatamente se llamará a una Asamblea de la Cruceñi-dad para tomar medidas.
Por otra parte, Núñez agregó que el segundo vicepresidente del ente cívico Guido Náyar, no le quedaba otra opción que ir a la ciudad de La Paz para prestar sus declaraciones sobre el caso terrorismo.
Ante este caso, pidió a las autoridades que se realice una investigación imparcial, mencionó que hay muchas versiones que se han quedado en la duda, las cuales hemos conocido a través de la prensa, por ejemplo dijo, “la existencia de otras personas en el hotel, las cuales no han sido citadas”.