Tuffí Aré / Jefe de redacción de EL DEBER – El Deber
Es penoso para la búsqueda de la verdad que todo el país quiere conocer sobre el publicitado caso Rózsa el rumbo que han tomado en las últimas horas las investigaciones que llevan adelante, paralelamente tanto la Fiscalía como una comisión de parlamentarios oficialistas y opositores. A un mes y casi veinte días del hallazgo y la disolución de una supuesta célula terrorista en el hotel Las Américas, la politización del tema y su exagerada mediatización han derivado en transgresiones de normas básicas, como el Código de Procedimiento Penal, daños a la imagen de personas e instituciones, falta de garantías para un debido proceso para los presuntos implicados y pérdida de credibilidad de los investigadores.
El último grosero error, reproducido por los propios medios de comunicación, ha sido la difusión de una versión por parte un miembro de la comisión parlamentaria que compromete injustamente en este espinoso asunto al Servicio Departamental de Deportes y a un ciudadano llamado Jorge Hurtado, homónimo de uno de los señalados por los investigadores de ser uno de los supuestos financiadores del grupo Rózsa.
Al comienzo de la investigación, el Ministro de Gobierno incurrió en la ligereza de involucrar a un grupo de deportistas en el caso, simplemente por una foto que los mostró con vestimenta militar camuflada. Está en duda también la versión sobre el origen del financiamiento de los pasajes aéreos usados por los integrantes de la supuesta célula terrorista.
Finalmente, la opinión pública asiste cada día a la difusión de innumerables nombres de personas que serán llamadas a declarar, produciéndose un efecto de terror en la comunidad, sobre todo cruceña, donde radica la mayoría de los investigados.
A eso se suma la criminalización directa de los nombrados, ya que nadie explica la diferencia entre lo que es un procesado por terrorismo y lo que es un simple ciudadano citado a declarar por el Ministerio Público. Este panorama complejo se origina por algunas causas relacionadas con la conducta de los investigadores: hay un probable afán de protagonismo mediático de algunos actores para capitalizar apoyo político o, en otros casos, una posible subordinación de las entidades investigadoras a poderes más fuertes que la legítima y simple aspiración de encontrar la verdad y sancionar a los verdaderos responsables.
En esta coyuntura complicada es también complejo y fundamental el rol de los medios de comunicación. De los excesos y errores señalados no hemos estado exentos una mayoría de los diarios, emisoras radiales o canales de televisión. En general, la responsabilidad de que en este caso se haya pisoteado el Código de Procedimiento Penal y el derecho a la presunción de inocencia es de todos, incluyendo los medios.
En el caso de EL DEBER, este periódico es consciente de los errores que ha cometido en el tratamiento de este proceso, por los que pide ahora disculpas, y ha debatido desde el primer día del caso cómo dilucidar el dilema ético que se presenta de no afectar el derecho a la información que tienen todos sus lectores y no dañar el derecho a la defensa que tienen las personas citadas a declarar.
Ha sido difícil sopesarlo, por lo que varias veces se ha optado por recurrir al sentido común y a la propia conciencia de nuestros informadores, sustentado en nuestro código de ética interno.
De todos modos, los últimos acontecimientos conducen a, por lo menos, detenernos, a reflexionar más, a comprometer el rigor suficiente en el tratamiento de la información de este caso y a acatar las normas vigentes en el país. Sólo así podremos dormir más tranquilos, sin el acoso del fantasma que sólo busca alejar o dañar la verdad. Estamos aún a tiempo de que la investigación se enrumbe por el camino de la seriedad y no por el de la siempre peligrosa ligereza.