Ayer se emitieron órdenes de arresto contra siete personas. Según ministro Rada, la jurisdicción del caso terrorismo es La Paz.
Ostentación. Rózsa cuenta dólares en el stand de Cotas de la Fexpo. Para el fiscal Soza esto es una prueba
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Una docena de fotografías de cuatro de los miembros del supuesto grupo terrorista, encontradas en la computadora de Eduardo Rózsa, en las que se los muestra contando dinero en la Fexpocruz, fueron exhibidas anoche por el fiscal Marcelo Soza. En su opinión, éste es uno de los indicios más que prueban la existencia de financiamiento al grupo. Sobre una mesa pequeña, se ven 15 fajos de 10 billetes de 100 dólares.
Entre las ‘pruebas’ presentadas por el fiscal se encuentran también cuatro hojas de e-mails y chat entre Rózsa y Hugo Achá, quienes habrían intercambiado ideas sobre las tareas que debían cumplir los miembros del grupo.
También fue exhibida la fotografía de un tinglado que estaría ubicado en la ciudad de Cotoca, aunque la autoridad no explicó a quién pertenece esos predios. Este sitio está ubicado a través de coordenadas, pero Soza no considera necesario allanarlo, ya que cree que el lugar ‘fue limpiado’.
El fiscal afirmó que los acusados como Elöd Tóásó, mintieron en su declaración, ya que aseguró que Rózsa no le daba dinero, pero aparece contando muchos dólares en la fotografía.
Fuentes de la Fiscalía revelaron que los datos de las computadoras se habían dividido en cinco grupos: documentos, financiadores, operaciones, contactos y magnicidio. La documentación es “abundante”, describió una de las fuentes, y por ello se decidió dividir el trabajo, porque solamente los archivos encontrados suman más de 27 mil; pero cada archivo puede tener hasta mil hojas, lo que dificulta la investigación y puede prolongar la misma.
El Gobierno insiste en su hipótesis de que había un plan para atentar contra la vida del presidente, Evo Morales, aunque hasta el momento los investigadores no encontraron elementos para acusar de este delito a los imputados; también se conoció que los detenidos y los que ya declararon ante la Fiscalía hicieron propuestas de ‘negociación’ sobre imputaciones, delitos, jurisdicción y condenas a cambio de ‘cooperar’ con la investigación.
Ayer, Soza confirmó la solicitud de las auditorías de las empresas Cotas y Fegasacruz y ratificó que el lunes se deben presentar los directores y funcionarios de la Fexpocruz. El Ministerio Público espera para el lunes las declaraciones de otros cuatro ejecutivos de Fegasacruz, Alberto Vásquez, Raúl Áñez, Nancy Cruz y Marbel Villarroel, que debían presentarse hace una semana pero no arribaron a La Paz.
García Linera se quejó de los jueces
El vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró ayer hay jueces que se “venden por una parrillada”. Consultado sobre el problema de jurisdicciones que afecta al proceso del supuesto terrorismo en Santa Cruz, el Presidente en ejercicio aseguró que creía en la justicia boliviana, pero aseguró que en todo el territorio nacional había algunos jueces que transaban con su profesión.
Advirtió que en este caso se estaba jugando con la unidad de la patria, que no se trataba de un proceso sobre un barrio o el robo de gallinas y que debía tratarse con sumo cuidado. En ese sentido, opinó que era mejor sancionar y ser muy drásticos con los responsables del financiamiento y el contacto con el supuesto grupo terrorista y no exponer el país a un desmembramiento territorial. Ratificó que esta demanda se enmarca en traición a la patria, delito que según la nueva Constitución Política del Estado está sancionado con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Los jueces Betty Yaníquez, de La Paz, y Luis Tapia Pachi, de Santa Cruz, se declararon competentes para conocer el caso de terrorismo, por lo que el problema de jurisdicción deberá resolverse en la Corte Suprema de Justicia. Tapia Pachi fue quien archivó los obrados por supuesta apropiación indebida de tierras por parte del ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic, por ello, el Viceministerio de Tierra le está siguiendo un proceso. Consultado sobre este dato, García Linera admitió que no tenía confianza en su imparcialidad.
Hay orden de aprehensión contra Juan Carlos Velarde
El fiscal Marcelo Soza emitió orden de aprehensión contra el presidente de Cotas, Juan Carlos Velarde, que está acusado de haber autorizado el uso del stand de la telefónica en la Fexpo. También pretende arrestar a Luis Hurtado Vaca, que era el encargado de pagar las cuentas en los hoteles; Enrique Vaca Pedraza, que fue el que entregó la credencial a Eduardo Rózsa para que ingrese a la Fexpo; Héctor Laguna Paniagua, que está en las conversaciones de chats; Lorgio Balcázar Arroyo, que habría recibido documentos de Inteligencia; Hugo Achá Melgar y Alejandro Melgar Pereyra, supuestos financiadores. Todos estarían fuera del país. Mientras, en la comisión especial deben presentarse las autoridades nacionales.
Ayer, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó su presencia, pero ratificó su decisión de no asistir a ninguna convocatoria del Senado.
Fiscalía emite 7 órdenes de apremio por el caso Rózsa
La mayoría de los nombrados son parte del grupo de financiadores intermedios. Se mostraron fotos en las que Rózsa y otros cuentan dinero.
La Razón. 
A cerca de tres meses de iniciada la investigación, la Fiscalía emitió ayer los primeros siete mandamientos de apremio contra igual número de personas acusadas, en su mayoría, de formar el grupo intermediario de financiadores del grupo de supuestos terroristas liderado por Eduardo Rózsa.
El fiscal del caso, Marcelo Soza, informó que los mandamientos de apremio se emitieron porque los afectados no se presentaron a declarar. “Se ha librado estos mandamientos a efectos de que estas personas vengan y respondan ante la justicia”, dijo.
Luis Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza, Héctor Laguna Paniagua, Lorgio Balcázar Arroyo, Hugo Achá Melgar, Alejandro Melgar Pereira, Juan Carlos Velarde Rojas tienen órdenes de aprehensión, que implicará que sean detenidos y trasladados por la Policía a declarar a la Fiscalía.
Hurtado Vaca, ex miembro del Consejo de Administración de Cotas, fue identificado por la Fiscalía y miembros de la comisión multipartidaria que coadyuva en la indagación como la persona que pagó el hospedaje del grupo Rózsa en los hoteles Buganvillas, Asturias y Américas.
Achá, máximo ejecutivo de Human Rights Foundation (HRF), y Melgar, parte de la nómina del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cainco, se encuentran en Estados Unidos. Desde allí anunciaron que no retornarán al país hasta tanto no haya garantías.
Ambos serían también parte del grupo intermedio de financiadores. Enrique Vaca Pedraza fue funcionario de la Expocruz y se presume que entregó una credencial para que Rózsa ingrese sin problemas al stand de Cotas, donde se cree que tenía su centro de operaciones. Laguna Paniagua habría participado del grupo La Torre, mientras que Lorgio Balcázar Arroyo habría entregado credenciales de prensa a Rózsa. Soza también mostró fotografías en las que Rózsa, Michael Dwyer (muertos en el operativo del 16 de abril), Elöt Tóásó y Daniel Gaspar cuentan dinero en dólares. “Estas personas están contando dinero; se puede decir que estaban siendo financiados por terceras personas”, afirmó y luego aclaró que la información se la obtuvo de la computadora de Rózsa.
PISTAS
Tinglado • En las fotografías encontradas en la computa-dora se aprecia un tinglado en el que se presume entrenaba el grupo de supuestos terroristas. La infraestructura se hallaba ubicada en la carretera Santa Cruz-Cotoca.
Cuidador • En los chat también se dio a conocer que “el doctor (Hugo) Achá” los cuidaría en caso de que se presentara alguna emergencia con el grupo Rózsa. Achá, empero, negó cualquier vínculo.
Según Rada, la jurisdicción del caso terrorismo es La Paz
La Razón
Conflicto. Ante el conflicto de jurisdicción entre juzgados de La Paz y Santa Cruz sobre el caso de Eduardo Rózsa, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó ayer que reconocen la jurisdicción judicial y fiscal de La Paz, y acusaron de prevaricato al juez que reclama competencia, Luis Tapia.
“Nosotros reconocemos sólo la competencia del fiscal (Marcelo) Soza y la juez (Betty) Yañíquez en este proceso”, afirmó.
El conflicto de jurisdicción provocó que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, que deberá dirimir este problema.
Rada acusó a Tapia de prevaricato en el proceso por tierras seguido a Branko Marinkovic.
El ministro volvió a reiterar que no acudirá a declarar a la comisión multipartidaria que coadyuva en el caso Rózsa