En Bolivia, no se puede hablar de seguridad ciudadana, sino de inseguridad generalizada. Sin embargo, este tema no es prioritario, mucho menos ahora, cuando lo central es la política. Mientras tanto, los bolivianos, y los más pobres, deben rezar por su integridad física.
Editorial La Razón
Tal parece que la agenda política generada desde la plaza Murillo no sólo concentra la atención de los líderes de opinión pública, sino que afecta la vida de miles de bolivianos que se ganan el día por su cuenta y riesgo.
La fórmula es sencilla: el presidente Evo Morales —dueño de una capacidad y talento mediáticos impresionantes— lanza discursos, viaja por todo el país, participa en actos inaugurales de programas incluso vecinales, moviliza a sus bases sindicales y campesinas en torno a sí, mientras su equipo de colaboradores ejecuta medidas para que el despliegue presidencial sea perfecto. En fin, aquí o allá, de madrugada o a medianoche, el aparato gubernamental y político, en movimiento y en sincronía.
Y la respuesta para aquella fórmula parece perfecta, la esperada: los líderes de la oposición política, los analistas de uno y otro sector, y las autoridades de las instituciones del recientemente nominado Estado Plurinacional responden como si fuesen parte de un corifeo. Con escasa iniciativa, pese a la gestión.
Hoy, la prioridad es política: las elecciones de diciembre, la victoria de la “segunda independencia”, la conformación del frente amplio, el encarcelamiento de los “terroristas”…
Mientras ese es el círculo cíclico de la política de nuestros días, en las calles, los bolivianos —principalmente aquellos que tienen muy pocos recursos económicos— circulan encomendando su vida al Altísimo, con la esperanza de llegar seguros a su destino. Sin embargo, las cifras incompletas de la Policía muestran lastimosamente que muchos no lo hacen y sus familias se ponen de luto o deben sufrir lo indecible por un robo o por la golpiza o agresión que sufrieron los suyos.
Los cogoteros, los atracadores, los auteros, los pandilleros, los violadores están ocupando cada vez más espacios del territorio boliviano y ponen en riesgo la vida de niños, jóvenes, adultos y ancianos. En Bolivia, no se puede hablar de seguridad ciudadana, sino de inseguridad. Claro, como en anteriores gobiernos, este tema no es prioritario para el Ministerio de Gobierno y mucho menos aún ahora, cuando lo central es la política. Ahora, cuando la política lo define, la Fiscalía responde de inmediato, se moviliza sin tiempo ni descanso, al igual que la Policía, en casos de crímenes “escandalosos”. Vaya eficiencia.
Pese a la desconfianza de la gente y con muy pocos recursos, la Policía Boliviana intenta hacer lo suyo. Hace poco, una banda de cogoteros fue desbaratada en la ciudad de El Alto. Los delincuentes habrían confesado, según la información, que victimaron a unas 30 personas. Pero también hace poco, uniformados hallaron lo que parece ser el cementerio de los acogotados, en el camino a Yungas en La Paz.
En esas condiciones, algunos jefes policiales se ocupan de advertir a los ciudadanos para que tomen recaudos y, por ejemplo, no aborden un vehículo público, en horas de la noche, cuando éste se halla semivacío, porque podría estar conducido por un potencial atracador. Vaya incertidumbre.
Quizás los estrategas políticos, de uno y otro bando, supongan que la seguridad ciudadana no se traduce en votos, pero más allá del derecho que las autoridades tienen para ocuparse en lo suyo, los bolivianos esperan vivir más seguros en su país. ¿Habrá algo o alguien que se concentre en combatir a la inseguridad?