“Los clanes ‘narcos’ tienen relación con bandas, no carteles”

“El TGN destinó 20 millones de dólares para la lucha antidrogas durante este año”. “Los operativos han desplazado a los fabricantes de drogas de las ‘zonas rojas’ a los centros urbanos”.

image Gral Miguel Vasquez

La Prensa



El ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en 2006 y comandante general de la Policía en 2007 Miguel Vásquez ha asumido hoy una nueva responsabilidad: conduce la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Gobierno.

La autoridad no oculta su preocupación porque los clanes que reemplazaron a los carteles nativos de las décadas de los 80 y 90 han generado algún tipo de nexos con carteles extranjeros, aunque éstos aún no operen en territorio nacional.

Advierte que hay cultivos excedentarios en el país y que no se tolerará plantaciones en zonas no autorizadas, mientras que se lamenta por las fallas procedimentales de la justicia boliviana, que libera a los narcotraficantes.

—¿Cómo se financia la lucha contra el narcotráfico en Bolivia?

—El Gobierno decidió la “nacionalización” de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Con ese efecto, se destinan del Tesoro General de la Nación 20 millones de dólares este año, para continuar y sostener la lucha antidroga con planificación y estrategias elaboradas por autoridades bolivianas.

Con ese afán, una de las primeras políticas asumidas fue plantear en el seno de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) la creación de un Consejo Regional de Lucha Contra el Narcotráfico, para fortalecer los convenios bilaterales existentes.

En este marco, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia y la Policía de Brasil realizaron operaciones conjuntas en la región fronteriza. Producto de ello, entre el 24 de marzo y el 5 de abril se efectuaron 30 operaciones conjuntas, en las que la FELCN secuestró más de una tonelada de cocaína, cuyo costo aproximado asciende a un millón y medio de dólares, mientras que la Policía brasileña se incautó de más de 120 kilogramos de cocaína, cuyo costo aproximado es de 500.000 dólares.

Esa cantidad incautada en Bolivia en territorio brasileño habría costado nueve millones de dólares; en Miami, Estados Unidos, 20 millones de dólares, y en Europa, 40 millones de dólares.

Esto quiere decir que la nueva política que se ha diseñado a partir de la estrategia boliviana está dando resultados.

—¿En qué se asienta su optimismo?

—Entre el 1 de noviembre de 2008, cuando la DEA (agencia antinarcóticos) estadounidense dejó de operar en Bolivia, y el 7 de junio de 2009, la fuerza antidroga boliviana ha efectuado 7.058 operativos, en los que secuestró 1.818 kilogramos de drogas, entre marihuana y cocaína. En el mismo periodo, entre el 1 de noviembre de 2007 y el 7 de junio de 2008 (con la intervención de la DEA) se ejecutaron 6.903 operativos y la incautación fue de 1.136 kilos de diferentes drogas.

La Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico es una especie de NAS (división antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos) boliviana, porque estamos administrando esos 20 millones de dólares que al cambio son 140 millones de bolivianos. Nos hicimos cargo del pago del incentivo para los efectivos antinarcóticos, que es el pago por seguridad, riesgo y alimentación.

—De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, si hay más incautaciones de droga es porque hay más plantaciones de coca…

—Es relativo. Voy a hablar de la efectividad de la lucha antidroga: a mayor número de operativos, mejores resultados. Hay otros espacios que hay que fortalecer en la lucha contra el narcotráfico, tales como la investigación financiera para contrarrestar el lavado de dinero, que es uno de los pilares fundamentales del narcotráfico; el control de los precursores químicos, que bajo el sistema de contrabando “hormiga” siguen llegando a los lugares sensibles donde se produce cocaína. Hay que fortalecer el tema de la extinción de dominio, para afectar los bienes y propiedades de gente que se ha inmiscuido en el tráfico de drogas. No es bueno politizar la lucha contra el crimen.

Hay que generar estrategias, como las que tenemos diseñadas para un quinquenio y que busca, por sobre todas las cosas, el respeto a los derechos humanos, no más violencia, prevención holística. Necesitamos el concurso de los padres de familia, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación para tener resultados positivos.

Los resultados de la lucha contra el narcotráfico son altamente satisfactorios. Lo que sí se ha notado en este último tiempo es el cultivo de marihuana en zonas tropicales y subtropicales de las regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

—¿Cuántos clanes dedicados al narcotráfico han sido desarticulados en los últimos años en el país?

—Son muchos los clanes que se han desarticulado, es una forma de tráfico que se está fortaleciendo a todo ámbito, pero no podemos descartar el nexo que tienen con delincuentes extranjeros porque nos ha llegado información de que vienen emisarios de organizaciones delictivas con el propósito de acopiar importantes cantidades de droga y transportarlas al exterior.

Siguen los clanes, no se advierte todavía la presencia de “peces gordos”, pero sí le puedo asegurar que hay alguna tendencia a la reorganización a cargo de ex reos que estaban sentenciados por la Ley 1008, gente que habiendo violado esta norma está siendo liberada por la fragilidad del Código de Procedimiento Penal.

Necesitamos hacer conciencia de mejores niveles de coordinación entre los operadores de justicia, como la Policía, Ministerio Público y los tribunales.

—¿Hay información de qué carteles extranjeros operan en Bolivia?

—No hay, porque a partir de la aplicación de la Ley 1008 se han desarticulado, pero podría haber algún emisario de organizaciones criminales, no de carteles. Podría ser gente que introduce capital desde el exterior.

—El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseveró que existe coca excedente en el país. ¿Hay sobreproducción de esa hoja?

—Hay algunos cultivos excedentarios y otros lícitos. Sin embargo, a partir de la racionalización concertada se ha logrado en los años anteriores cumplir la normativa, porque la ley exige que cada año deban erradicarse entre 5.000 y 8.000 hectáreas de cocales.

—¿La producción excedentaria está destinada al narcotráfico?

—En parte es para el consumo tradicional, pero tampoco vamos a negar que otra parte se desvía al narcotráfico. Por eso estamos fortaleciendo los controles y vamos a incrementar el número de efectivos en la fuerza antidroga para realizar mejores controles en las zonas de tránsito de la coca a las ciudades y hacia el interior del país.

—¿Es insuficiente la erradicación de las 5.000 hectáreas de coca?

—La ley estipula que cada año deben erradicarse entre 5.000 y 8.000 hectáreas de cocales. Estamos cumpliendo, pero la política va a ser fortalecida desde este año, porque se está empezando un proceso de lucha frontal contra el narcotráfico de manera integral. Hay un panorama importante, pero, hay que decirlo, el 40 por ciento de la droga secuestrada es peruana.

—¿Entonces qué sucede con el control fronterizo con Perú?

—Es que el tema del narcotráfico es dinámico, busca caminos, sendas, y la zona fronteriza es muy extensa. Por eso estamos planteando la lucha integral. Ahora los operativos en las zonas “rojas” han desplazado a los fabricantes de drogas a los centros urbanos y periurbanos.

—¿Existe el recultivo de la hoja de coca en el territorio boliviano?

—Eso fue frecuente en el pasado. Incluso hubo compensaciones económicas (a los productores) y el resultado fue que con ese dinero volvían a cultivar coca en otros lugares. Lo que se está haciendo ahora es un proceso de concienciación.

—¿Qué otros aportes hay para la lucha contra el narcotráfico?

—Es importante mencionar que continúa la ayuda estadounidense. Se ha renegociado la cooperación internacional para la lucha antidroga, se aprobaron 26 millones de dólares. También hay propuestas de gobiernos extranjeros, de la Comunidad Europea, Japón, Brasil o Argentina.

La ayuda de Estados Unidos se ha reducido de los 90 millones de dólares de hace un par de años a 26 millones; sin embargo, la respuesta no se ha dejado esperar, porque con menos dinero se ha incrementado el número de operativos.