El Gobierno debería ofrecer mejores condiciones políticas para impulsar la competitividad, especialmente en Santa Cruz.
Editorial El Nuevo Dia
Un reciente artículo económico sobre las urbes más competitivas de la región, publicado en la revista América Economía Intelligence, en abril, ha mencionado a la ciudad de Santa Cruz como la mejor de Bolivia para hacer negocios, pese a que en general el país ha estado ubicado en los últimos puestos de una lista mundial de países confiables para la inversión. En este punto, Santa Cruz le ha ganado a la sede de Gobierno pero ha llamado la atención que pese a la ventaja, se ha descendido en la escala de valoración en relación al año pasado. Uno de los factores ha sido el tenso clima de polarización política que atraviesa Bolivia.
Si se concuerda en que la competitividad se basa en la oferta urbana que se ofrece a la empresa privada para realizar negocios y atraer la inversión, es también necesario coincidir que para ello se requiere una infraestructura adecuada que permita utilizar tal escenario para concretar las inversiones en logros y expansiones. Sin embargo, en el país no se están dando las condiciones sociales y económicas para que la competitividad tome cuerpo alentador. Sin duda, la coyuntura política por la que atraviesa Bolivia no resulta propicia para la inversión. El clima de inestabilidad social y la inseguridad jurídica ahuyentan los capitales.
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El Gobierno debería, en vista de este panorama que socaba los cimientos de la economía nacional, ofrecer mejores condiciones políticas para impulsar la competitividad. Debe generar un clima de tolerancia y amplitud no sólo para con el empresariado boliviano en general, sino particularmente con el de Santa Cruz, una vez que aquí está –hoy por hoy- el epicentro de la economía nacional. Los departamentos del eje troncal sufren este gran obstáculo político, y en menor intensidad Cochabamba, Tarija y Sucre, que emergen como potenciales sitios para la inversión. Esto se suma a los todavía insalvables obstáculos de infraestructura básica y de tecnología que postergan las aspiraciones de competitividad.
Es el precio de la pobreza. Sin embargo, el factor político, que es el que más rápidamente se puede modificar, tampoco ofrece las seguridades que se requiere para invertir. Los empresarios perciben un alto riesgo para la inversión y baja confianza en los actores políticos. Además, las instituciones públicas están mostrando un bajo nivel de transparencia que afecta su capacidad de hacer compras y contrataciones con las empresas privadas extranjeras. De este modo, la competitividad no encuentra un terreno firme donde asentarse para impulsar la economía. Siendo Santa Cruz la ciudad mejor posicionada, esto le afecta en grado superlativo.
Santa Cruz reúne los requisitos para los negocios, clima adecuado, empresariado pujante y casi ausencia de conflictos sociales, pero el alto nivel de inseguridad ciudadana, mercados saturados y elevada informalidad, le resta posibilidades. El proceso político -la refundación- ha contribuido al descenso en la competitividad en el país. Son los frutos de la coyuntura. La solución no parece ser otra que el retorno de un clima político de tolerancia y de paulatina amplitud para dar seguridades a la inversión privada nacional y extranjera, con el propósito de generar un clima de apertura. Esta es la tarea de los líderes y políticos.