Lo que ocurre, de un tiempo a esta parte, con la Policía Nacional es otra expresión de la pérdida del sentido de institucionalidad. Una Policía cuyos miembros están expuestos a grupos alcoholizados y a gente que se organiza en minutos para rechazar la acción de conservar el orden público.
Editorial Opinión
Cuando generalmente los políticos hablan de la pérdida de institucionalidad en el país, no caben mayores argumentos para entrar en un debate que pruebe lo contrario, debido a que los hechos sobre este fenómeno se reiteran cada vez más.
Esto ocurre en el plano político, de tanto en tanto, con los famosos cercos de los movimientos sociales que presionan al Congreso Nacional, con los bloqueos que, en algunas ocasiones, tienen motivaciones serias, pero en otras, por situaciones baladíes que no interesan mayormente al colectivo social, aunque todos ellos plantean expresiones que atentan contra el bien común.
Un Congreso que elabora leyes o las acepta del oficialismo porque en la calle existen turbas desaforadas que amenazan a los opositores, es el reflejo de que lamentablemente se está imponiendo más la fuerza y el griterío, a la discusión y al análisis de cuerpos legales que definirán la vida de los habitantes.
Lo que ocurre, de un tiempo a esta parte, con la Policía Nacional es otra expresión de la pérdida del sentido de institucionalidad. Una Policía cuyos miembros están expuestos a grupos alcoholizados, a gente que se organiza en minutos para rechazar la acción de restaurar el orden público o que simplemente resiste la imposición de normas legales, quiere decir, que el más elemental precepto constitucional que habla sobre la imposición de la fuerza pública que la sociedad y el Estado le entrega a esta institución, está siendo desconocido y pisoteado.
Los policías ahora viven y desarrollan su labor, principalmente, en áreas rurales, en capitales de provincia y en otras comunidades, dentro de condiciones de extrema peligrosidad. En Epizana fue asesinado un grupo de efectivos policiales por una muchedumbre alcoholizada e instigada, presumiblemente, por gente con intereses en el narcotráfico, en una situación donde la negligencia o la culpabilidad directa de ex jefes policiales del Comando de Cochabamba, aún no ha sido aclarada del todo, y para peor, fiscales que, en el transcurso de las investigaciones, otorgan sobreseimientos a los posibles culpables, en medio del dolor y la impotencia de los familiares de policías victimados.
Hace pocos días, choferes de Tiraque la emprendieron contra tres policías luego de que éstos sancionaran una infracción de tránsito cometida por uno de sus colegas, que borracho, interfería el tráfico. La sanción no gustó a los agremiados y convocaron a los amigos, a más choferes, a mujeres, a sobrinos, etc. y así reunieron a 50 personas, que atacaron el puesto policial. Los policías se salvaron de ser linchados o cuando menos de una paliza, porque los refuerzos llegaron a tiempo.
Estos son ejemplos de los muchos eventos que dejan ver que, en el país, estamos frente a posturas extremas, con una Policía que pide garantías a las autoridades para retornar a los lugares donde estuvieron a punto de ser asesinados. Si la Policía pide garantías, porque ya no la respetan, ¿quién garantiza a la sociedad que espera ser defendida por la Policía?