El Órgano Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 220, que autoriza a la Aduana a entregar a las instituciones vehículos de contrabando y robados que tengan modificados sus números de chasis. La norma alcanza a los vehículos que no fueron reclamados por sus dueños y permite la destrucción de autos inservibles. Vehículos de más de 25 años serán legalizados.
La Prensa
El Gobierno instruye que autos retenidos pasen a reparticiones
LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN RECINTOS Y DE MÁS DE 25 AÑOS PODRÁN NACIONALIZARSE
La norma autoriza la destrucción de los vehículos que no sean entregados a las instituciones. Las entidades públicas no pagarán tributos aduaneros por los autos prohibidos adjudicados.
Mediante el Decreto Supremo 220, del 22 de julio, el Gobierno aprobó que los ministerios, prefecturas y entidades del Estado dispongan de por lo menos 722 autos ilegales decomisados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), los robados no reclamados ante la Policía Nacional y los prohibidos para su importación por tres normas.
En una disposición transitoria, el Ejecutivo autoriza, a su vez, que se nacionalicen los autos con antigüedad mayor a 25 años que están en recintos aduaneros.
Esto fue prohibido por el Decreto 29836, que limita a cinco años de antigüedad. Los coches autorizados son los que se beneficiaron del “perdonazo” tributario.
La gerente general de la ANB, Jacqueline Villegas, explicó que la institución tiene “un sinfín de mercancías que están almacenadas y ocupan espacio”, por lo que es necesario liberarlo, para eso “hay vehículos que pueden ser útiles a entidades públicas”.
Con el decreto, esos carros “pueden ser adjudicados excepcionalmente” de forma directa, es decir, una repartición estatal solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas, que recibirá una lista de la ANB de los autos disponibles y los entregará con la presentación de la resolución ministerial.
La norma también hace referencia a mercancías de línea blanca, como refrigeradores, que podrían ser entregados a hospitales estatales.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, la mercancía “representa un costo por almacenamiento por el transcurso del tiempo en perjuicio del Estado”.
El decreto establece dos grupos de adjudicaciones: el artículo 6 menciona a los automotores con chasis (número de serie que se usa para su registro) remarcado y prohibidos de importación, y en el punto tres están los vehículos con decomiso definitivo, es decir que no se vendieron en un remate.
Al primer bloque corresponde el coche robado que no fue reclamado a la Policía Nacional.
Villegas aclaró que estos autos deben cumplir un procedimiento de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) para la remarcación definitiva de su número de chasis, y que sólo con la certificación de la entidad se procederá a su adjudicación. “Nosotros exigimos la certificación de vehículo no robado”.
La remarcación es un procedimiento por el que se pone un nuevo número de chasis a un vehículo para su registro, esto se hace cuando un auto tiene este número adulterado, amolado o no lo tiene, que es el caso de los robados.
Prohibidos
En este grupo también están los prohibidos para su importación mediante los decretos 29836, del 4 de diciembre, que limita a cinco años la antigüedad máxima; el 29863 y el 123, que limita el ingreso de camiones. Villegas aclaró que sólo se adjudicará la mercadería que ya está en recintos aduaneros (almacenes). “Todo lo que es mercancía decomisada (…) no hablamos de vehículos que están en tránsito o están fuera del país”.
Descartó que se tomen en cuenta a aquellos que retornaron a Chile después de que el Gobierno emitiera el Decreto 29836, cerca de 3.000 motorizados. Tampoco se adjudicarán los que están en proceso de revisión en zonas francas.
Pero “los vehículos con una antigüedad mayor a cinco años que hayan sido incautados y tengan condiciones técnicas medioambientales podrían ser adjudicados”, es decir, aquellos que retuvo el Control Operativo Aduanero (COA) en algún operativo.
El Gobierno emitió los decretos de prohibición a la importación de autos usados por la sobresaturación del parque automotor y los efectos ambientales.
El coordinador de Swisscontac, Fredy Koch, explicó que el transporte con esta antigüedad, mayor a cinco años, emite gases que afectan los pulmones y la vista de las personas.
Villegas aseguró que “todo vehículo tiene que estar en condiciones para ser adjudicado”, entre ellas, que no dañe el medio ambiente.
El Ministerio de Economía informó que estos autos podrán ser entregados a la Policía, las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y la Fiscalía, instituciones encargadas de combatir el delito del contrabando.
En el segundo grupo están los coches que no se adjudicaron en un remate, es decir, aquellos que cuentan con una resolución ejecutoriada de la ANB.
Esta mercancía es decomisada por el COA como contrabando en operativos que realiza principalmente en las fronteras. Este delito está definido en el artículo 181 del Código Tributario como la introducción de mercancías extranjeras a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por lugares u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.
La sanción es la cárcel y el decomiso definitivo de la mercancía, que es llevada a depósitos aduaneros y luego rematada.
El Decreto 0220 faculta a Aduana para que toda la mercancía sea destruida dentro de los depósitos aduaneros si no es adjudicada a las entidades públicas. Para ello, la ANB deberá vender al mejor postor el vehículo y al precio más alto.
La adjudicataria podrá desarmar el auto y Diprove, junto con las alcaldías, amolará (borrará) el número de chasis. Sin embargo, la norma permite que las piezas y chatarra puedan importarse, es decir, ingresar de nuevo al país con el pago del arancel aduanero.
Villegas aclaró que antes un auto prohibido no se podía rematar y por eso se almacenaba junto a los decomisados.
Los costos
La norma subraya que las entidades beneficiadas no pagarán el tributo aduanero por los coches prohibidos, pero si lo harán por los de contrabando.
El artículo 3 establece el desembolso del 75 por ciento sobre el valor base de remate (precio inicial de venta), sea en efectivo o notas de crédito (Nocre) del Tesoro General de la Nación.
Además, fija el pago por el almacenaje, gastos de remate, publicaciones, servicio de valuación y la adjudicación, que se calcula por el 4,5 por ciento sobre el 75 por ciento. Por ejemplo, por un auto con precio base de 1.000 dólares, su propietario deberá cancelar un arancel de 750 dólares y 33,75 dólares por otros gastos. La entidad pública asumirá el costo por el cambio del volante de derecha a izquierda.
La ropa usada se rematará para transformarla
El Gobierno autorizó que se adjudiquen a empresas las 800 toneladas de ropa usada que están en almacenes aduaneros, para destruirla y que sea exportada o importada. En el último caso, podrán transformarla mediante un proceso productivo.
Con el Decreto Supremo 0220, del 22 de julio, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) permitirá que las prendas de vestir que se intentó ingresar de contrabando en el país sean destrozadas. La institución no tiene una cifra actualizada a julio.
El artículo 8 de la norma señala que este proceso se hará mediante un remate en el que no se fijará un precio mínimo, sino que se entregarán los fardos a la mejor oferta. Esta mercancía tendrá que destruirse y usarse para elaborar otros productos.
La gerente general de la ANB, Jaqueline Villegas, explicó que con este procedimiento se logrará que la ropa usada importada como desecho “tenga un valor para la Aduana y pague tributos”.
En 2007, el Gobierno emitió una norma que prohibió la importación y venta de ropa usada; sin embargo, ante el conflicto social generado por los comerciantes de estos artículos, se amplió el comercio de las prendas, aunque el plazo de la importación no fue modificado bajo el criterio de que en algún momento se acabaría la mercancía ingresada. En los siguientes años no hubo una baja de las existencias en almacén y el comercio creció en las ciudades y se extendió a las provincias.
En marzo de este año concluyó definitivamente la venta de las prendas, pero aún siguen las comerciantes en las calles porque ni el Gobierno ni los municipios quieren ejecutar la limitación.
El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, señaló que con el material destruido se puede elaborar colchas o almohadas.
Por el contrario, el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Enrique García, señaló que por un criterio de salud están en desacuerdo con este uso que se dará a las prendas usadas.
Villegas explicó que “el proceso que esa empresa (adjudicataria) le dé a esa mercancía ya no es atribución de la Aduana”.
La ANB manifestó en meses pasados que sus almacenes estaban llenos de mercancía, en especial el que se encuentra en Oruro.
Este tipo de prendas no puede ser quemado, para proteger el ambiente. Por ello, afirmó Villegas, este decreto abre una alternativa para destruir las prendas de segunda mano decomisadas.
IBCE respalda norma
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) respaldó la destrucción y transformación de la ropa usada en productos como alfombras y colchones, sin que se afecte a la industria nacional.
El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, señaló que existen experiencias en otros países para elaborar este tipo de mercadería.
Lo que se debe prohibir y controlar, dijo, es que el material reciclado no se utilice para fabricar nuevamente, por ejemplo, pantalones o bermudas.
Sin embargo, el IBCE considera que el nuevo Decreto 0220 tiene que ir de la mano de mejores controles para evitar el ingreso de ropa usada por contrabando. Recordó que la industria tiene pérdidas que ascienden a 40 millones de dólares por año, según reveló un estudio sobre el Impacto de la Ropa Usada en el Mercado realizado por la Cámara de Comercio en 2008.
Contaminación del aire
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Enrique García, aseguró que la norma que permitirá la entrega de vehículos de contrabando, prohibidos por sus antigüedad y robados sólo aumentará la polución.
El empresario criticó el Decreto 0222 porque va en contra del 29836, que limita el ingreso de motorizados con cinco años de antigüedad.
El responsable del proyecto Aire Limpio de Swisscontac, Freddy Koch, señaló que no habrá efectos severos en el medio ambiente porque el número de autos que pasarán al sector público será inferior a los vehículos viejos que ingresaban antes de diciembre del año pasado.
Sin embargo, Koch dijo que los carros deben ser entregados en condiciones óptimas para evitar daños al medio ambiente y preservar la integridad física de las personas.
Más adjudicaciones
El Decreto 0220 autoriza también la adjudicación directa de otras mercancías.
Entre ellas, computadoras, muebles, máquinas y aparatos médicos, de radio y televisión.
Según el Ministerio de Economía, los insumos médicos irán a los centros de salud.