Comité Cívico de Pando presentará demanda ante el Órgano Electoral. Ministro Quintana ofrece 3.500 dólares por familia. Urenda pide al Gobierno dar a los cruceños tierras en La Paz.
Protesta: policías observan, el viernes, el paso de marchistas por la avenida Nicolás Suárez, de Riberalta
La Prensa
LÍDERES REGIONALES Y CONSEJEROS DEPARTAMENTALES SE DISTANCIAN
Los consejeros pandinos buscarán hacer causa común con sus colegas de Beni y el norte paceño.
El Comité Cívico de Pando presentará una demanda ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) contra el programa de asentamientos humanos que impulsa el Gobierno en esa región amazónica.
El Órgano Ejecutivo ofreció un plan de microcréditos con ventajas a la Federación de Zafreros de Riberalta para que acceda a beneficios productivos.
El Gobierno prepara un plan para ubicar a 4.068 familias en el departamento de Pando, algunas de ellas en proximidades de la capital riberalteña, por lo que sus pobladores se mantienen a la expectativa para movilizarse en contra de la iniciativa gubernamental.
Como respuesta, esa ciudad norteña fue militarizada y, aunque ayer no hubo movilizaciones en esa ciudad, los uniformados permanecen en la zona.
El dirigente de la Federación de Zafreros, Alfredo Rodríguez, afirmó que el Gobierno les ofreció un programa de microcréditos. José Peña, responsable de las conversaciones del Ejecutivo, indicó que los beneficios fueron ofrecidos por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y por el Ministerio de la Presidencia para mejorar la producción y combatir la crisis.
Entretanto, en Cobija, los delegados de las diversas instituciones pandinas no lograron ayer un acuerdo para oponerse al traslado de esas familias procedentes de los departamentos de La Paz y Cochabamba.
El Centro de Acción Pandina criticó la posición del Consejo Departamental, a cuyos integrantes acusó de pasividad y dejadez. Los consejeros representan a las provincias que alojarán a las personas procedentes del occidente y los valles del país.
Por ello, el equipo legal del Comité Cívico elabora una demanda para plantearla ante el OEP a fin de que sancione a los promotores del masivo desplazamiento a la zona.
La asesora legal de los cívicos, Carmen Gonzales, informó que cuatro abogados redactan un documento en tal sentido y señaló que el objetivo final de este proceso de colonización es mejorar la votación del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el departamento.
“En el transcurso de esta semana estamos elaborando la nota. Hasta el miércoles va a estar lista y la enviaremos a la Corte Nacional Electoral. El Código Electoral prohíbe el traslado masivo de personas a otras regiones del país. En el fondo, todos sabemos que este proyecto persigue fines políticos”.
El artículo 202 del Código Electoral establece pena de reclusión de dos a cinco años a la “autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al de su domicilio”. El viernes, la vocal electoral Roxana Ibarnegaray anunció que el OEP no se pronunciará al respecto mientras no se presente una denuncia formal.
Gonzales informó que el Comité Cívico optó por aplicar “otras estrategias ante la pasividad y la dejadez” del Consejo Departamental, después de que ayer por la mañana no hubiera consenso en torno de una posición común entre las organizaciones pandinas.
Los consejeros departamentales propusieron elaborar un pliego petitorio y realizar otra reunión mañana.
Hernán Aguilera, uno de los consejeros y quien asistió a la reunión de ayer, confirmó que las entidades regionales harán gestiones contra el programa de asentamientos humanos de manera independiente, aunque no descartó que en el futuro se coordinen actividades puesto que, en su opinión, “Pando está en emergencia”.
“Vamos a tomar contacto con los consejeros departamentales de Beni y también del norte de La Paz. El miércoles esperamos emitir un pronunciamiento para alertar por las terribles consecuencias ecológicas del proyecto del Gobierno. Los asentamientos son inconstitucionales porque promueven actividades agropecuarias que van a atentar contra nuestra amazonia”.
El Viceministerio de Tierras informó que el programa no afectará a la amazonia y que plantea constituir “comunidades productivas ecológicas”.
Aguilera confirmó las versiones de dirigentes de la Federación de Campesinos respecto de que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, les dijo el fin de semana que la llegada de familias se hará “sí o sí”.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, indicó que las familias provendrán sólo de La Paz y Cochabamba, pero en Pando, Quintana —según Aguilera— les dijo que también llegaría gente del norte de Potosí.
El Consejero contó que Quintana les reveló que se dará 3.500 dólares por familia para comenzar sus actividades.
El presidente de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codelcam) de Pando, Óscar Guerrero, reconoció que hay diferentes criterios entre las organizaciones sociales respecto del programa y que hay bastante oposición a las intenciones del Gobierno.
Quintana convoca a pandinos para fines de mes
Para discutir el proyecto gubernamental de asentamientos humanos en Pando, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocó a una reunión de las organizaciones sociales, políticas y cívicas del departamento entre el 25 y el 30 de julio.
El consejero Hernán Aguilera informó que para el encuentro fueron convocados el Consejo Departamental, la Prefectura. el Comité Cívico, la Asociación de Municipios de Pando (Amdepando), los diputados y los senadores, la Federación de Campesinos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras organizaciones. Según el pandino, el Ministro de la Presidencia aseguró su presencia y la del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
El sábado, los cívicos, campesinos y consejeros departamentales hicieron conocer a Quintana su rechazo a la llegada de familias de Cochabamba y La Paz para asentarse en la región amazónica fronteriza con Brasil y Perú.
Los campesinos reclaman la dotación de tierras antes de la presencia de los colonizadores y, con tal finalidad, plantearon varios pedidos al INRA.
Un vocero de esta entidad informó a la Radio Erbol en Cobija que hay 725.000 hectáreas de tierras fiscales disponibles en el departamento de Pando para nuevos asentamientos humanos o para distribuirlas entre las comunidades campesinas e indígenas que soliciten estos predios.
“Las tierras fiscales en su totalidad suman más de 3.700.000 hectáreas. La ley establece que estas extensiones sean divididas en dos grupos: áreas fiscales disponibles y áreas fiscales no disponibles. Las fiscales disponibles son aquellas para distribuir a nuevas comunidades indígenas o campesinas”.
El Viceministerio de Tierras informó ayer que no toda esa extensión será entregada a los reubicados de La Paz y Cochabamba. Pando es el primer departamento cuyas tierras fueron saneadas por el INRA.
Riberalteños, en emergencia
La Federación de Trabajadores Fabriles de Riberalta se declaró ayer en estado de emergencia a causa del programa de asentamientos humanos promovido por el Gobierno. El secretario ejecutivo de la organización, Guillermo Vira, indicó a La Prensa que iniciarán movilizaciones en cuanto lleguen familias a Pando.
“Hemos decidido declararnos en estado de emergencia por el plan que intenta ejecutar el Gobierno. Yo he conversado con dirigentes de la Federación de Campesinos de Pando. Estamos pendientes de lo que suceda en Cobija”.
Vira precisó que hay “mucha molestia” debido a que el acceso a tierras en la región es difícil y las autoridades no han atendido hasta el momento las solicitudes planteadas ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad a la que calificó como “burocrática”.
Ayer se reunieron sectores sociales riberalteños para definir las posibles medidas de presión que ejecutarán en defensa al derecho a la tierra y en rechazo al asentamiento de las familias del occidente en la amazonía pandina. Vira afirmó que las organizaciones expresaron su molestia por el proyecto oficialista. “Nosotros tenemos que ser celosos de nuestras tierras y tenemos que luchar para no perder nuestros empleos”.
El viernes se registró una marcha contra el programa de asentamientos encabezada por la Federación de Fabriles y en la que estuvieron presentes zafreros, castañeros y cívicos de la región. También se manifestó el Sindicato de Mototaxistas, que reclama una rebaja en los precios de la licencia de conducir.
Un contingente militar y efectivos policiales arribaron a Riberalta el fin de semana y permanecen en la zona pese a que no se han registrado nuevas movilizaciones, mientras que el Viceministerio de Tierras exteriorizó su molestia con La Prensa porque este diario empleó el término “collas” para definir a los colonizadores.
La Constitución
Artículo 390. La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecorregiones.
II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la amazonia boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país.
Artículo 391.
I. El Estado priorizará el desarrollo integral sustentable de la amazonia boliviana, a través de una administración integral, participativa, compartida y equitativa de la selva amazónica. La administración estará orientada a la generación de empleo y a mejorar los ingresos para sus habitantes, en el marco de la protección y sustentabilidad del medio ambiente.
III. El Estado, en coordinación con las autoridades indígena originario campesinas y los habitantes de la amazonia, creará un organismo especial, descentralizado, con sede en la amazonia, para promover actividades propias de la región.
Artículo 392.
II. Se reconoce el valor histórico cultural y económico de la siringa y del castaño, símbolos de la amazonia boliviana, cuya tala será penalizada, salvo en los casos de interés público regulados por la ley.
El proyecto del Gobierno
El Gobierno iniciará el traslado de familias a Pando en las próximas semanas.
Los cívicos de Pando se oponen al plan porque consideran que el objetivo es político.
El Consejo Departamental advierte de las consecuencias ecológicas a la amazonia.
Urenda pide al Gobierno dar a los cruceños tierras en La Paz
La Razón
MIGRACIÓN. El presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, Óscar Urenda, sugirió al Gobierno otorgar a los cruceños tierras en el norte de La Paz, tal como lo hace con el caso de los campesinos de Cochabamba y La Paz, a quienes otorga tierras en Pando.
Dijo que sólo así podría quedar despejada la sospecha de que la migración campesina a Pando no tiene fines electorales.
“No tenemos ningún conflicto; si vamos a hacer intercambio de poblaciones, hagámoslo en serio. Queremos nosotros ver que a todos los productores cruceños que en este momento estén sin tierra les den en los Yungas”, dijo.
Aseguró que esta migración del oriente a occidente podría crear unidades productivas con muy buenos resultados, tal como ocurre en Santa Cruz.