El padrón de electores creció en un 50%. Dirigentes y ediles rechazan el plan de asentamientos. Quintana acusa a los opositores al plan de ser terratenientes.
La Razón
ASENTAMIENTOS. Unas 200 mil hectáreas (has.) serán entregadas a campesinos de La Paz, Cochabamba y Potosí en el departamento de Pando.
El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo el jueves 9 de junio que unas 2.500 familias paceñas y vallunas poblarán tres regiones de Pando.
Las comunidades que serán pobladas durante este año son: Federico Román, Santa Rosa del Abuná y Filadelfia.
El primer grupo de colonos del occidente estará compuestos por 2.000 personas y viajará en agosto a Pando. En ese mes, coincidentemente, comenzará la inscripción de los votantes para las elecciones nacionales del 6 de diciembre.
Los nuevos residentes se dedicarán a la recolección de castaña y goma, además de la producción de cacao, café y plátano, de acuerdo a Almaraz.
El padrón de electores creció en un 50%
POBLACIÓN El Padrón Electoral en Pando creció en un 50 por ciento entre junio y agosto del 2008, durante los referendos de estatutos autonómicos (junio) y de revocatoria de mandato de prefecto y Presidente (agosto), según informó a La Razón en junio el presidente de la Corte Departamental Electoral, Jorge Elías Valdés.
Para fin de año se prevé un crecimiento del 25 por ciento. El aumento coincidió con el programa gubernamental de asentamientos en la región.
Los migrantes explican que llegaron por invitación de amigos o familiares que les dijeron que hay terrenos para asentarse y mucha actividad comercial.
En Cobija existen al menos unos cinco barrios de migrantes, entre 200 y 700 familias, aunque no tienen luz, agua potable, caminos ni papeles.
Dirigentes y ediles rechazan el plan de asentamientos
Indígenas y campesinos de la Amazonia anuncian medidas. Alcaldes de esa región están preocupados y los cívicos ven una jugada política en todo.
• ZONA DE MIGRANTES • Éste es uno de los cinco barrios en Cobija donde viven campesinos del occidente del país, que llegaron como parte del plan gubernamental de colonización.
Dirigentes campesinos, cívicos y autoridades de Beni y Pando rechazaron el proyecto del Gobierno de trasladar familias a esos departamentos con el fin de colonizar tierras, ya que a su juicio, entre otros motivos, el plan encierra una jugada política.
Incluso los campesinos e indígenas de la Amazonia alistan un pliego petitorio para el Ejecutivo, exigiéndole que antes de llevar asentamientos de personas, dote tierras al sector. Amenazan con iniciar medidas de presión si su demanda no es atendida.
“Éste es un traslado con fines político-electorales. No estamos de acuerdo que los hermanos del occidente vengan a Pando porque al Gobierno no le interesa que esa gente vaya a trabajar. Al Gobierno sólo le interesa ganar su segundo senador en Pando, porque saben que si no lo ganan van a seguir como ahora, con la oposición como mayoría en el Senado”, dijo Herbert Salvatierra, presidente del Comité Cívico de Pando.
El titular del Comité Cívico de Beni, Jorge Yapi, tiene una opinión similar a la de Salvatierra y agregó que la migración a Pando y Beni tergiversará la voluntad de los pueblos originarios.
“El pandino es pandino y el que va a decidir allá no será un pandino, sino un colla, por lo tanto van a tergiversar la libertad y la soberanía de los pandinos y lo mismo podría pasar en Beni”, explicó el dirigente cívico.
Desde 2007, el Gobierno lleva adelante un programa de asentamientos humanos en el departamento de Pando, que fue elaborado por el Viceministerio de Tierras. Indígenas y campesinos de la región se reunirán el miércoles en una asamblea general para definir qué medidas tomarán al respecto y solicitarán al Gobierno que primero les dote de tierras a ellos.
“De no atender esta petición, iniciaremos medidas de presión, en primera instancia organizaremos una gran marcha desde Riberalta (Beni) hasta Cobija (Pando), en pedido de tierra y territorio”, manifestó José Barba, secretario de Actas de la Federación de Indígenas y Campesinos de la Amazonia.
El dirigente agregó que su sector no está de acuerdo con esta migración. “El Gobierno nunca nos consultó sobre estos traslados y estas migraciones masivas van a ser un perjuicio para nosotros ”, sostuvo Barba.
El alcalde del municipio pandino de San Lorenzo, Mamerto Robledo, consideró que los asentamientos son un avasallamiento y lamentó que aunque se opongan, el Ejecutivo va a seguir adelante con este plan.
“Pienso que el Gobierno tendría que ver los mecanismos legales. Ésta es una decisión que puede llevar al enfrentamiento entre bolivianos, porque los pobladores aquí están molestos y preocupados. Creo que éstas no son las estrategias adecuadas”, señaló la autoridad edil.
Mariano Aparicio, alcalde del municipio Puerto Gonzalo en Pando, manifestó su rechazo a este proyecto porque considera que las personas que están siendo trasladadas podrían sufrir serios problemas.
“Son personas que no están acostumbradas a las enfermedades de la zona como el paludismo o la fiebre amarilla. El Gobierno no está tomando en cuenta estos detalles”.
Sobre el tema
Asentamientos • El 5 de julio, el Gobierno informó que trasladará a Pando a familias paceñas y cochabambinas. Además, agregó que en ese departamento se han identificado 800 mil hectáreas de tierras fiscales disponibles.
Potosinos • El sábado, este medio informó que campesinos de Potosí se inscribían en listas para trasladarse al departamento de Pando, en el marco del plan gubernamental que promueve el asentamiento de más de 4.000 familias.
Familias que se oponen a asentamientos en Pando tienen tierras que superan ocho veces la superficie de Cobija
Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia (ABI)
La Paz, ABI.- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció el domingo que las familias que se oponen a los asentamientos humanos en Pando, entre ellos varios diputados y senadores de la oposición, tienen tierras desforestadas que superan ocho veces la superficie territorial de Cobija y que en muchos casos fueron adquiridas o apropiadas en procesos irregulares.
La autoridad apuntó a la familia del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández (detenido en San Pedro); de los senadores José Villavicencio, Roger Pinto y Paulo Bravo, y de la ex presidenta del Comité Cívico de Cobija, Ana Melena de Suzuki, a quienes acusó también conformar una estructura de poder político para «hacer lo que se les venía en gana» en esa región.
«Villavicencio, Pinto, Melena de Suzuqui, la familia de Jorge Bravo, Leopoldo Fernández, estas cinco familias tiene más o menos en superficie unas ocho veces lo que es la ciudad de Cobija (3.287 kilómetros cuadrados) y el 80 por ciento de eso está deforestado», precisó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
Explicó por ejemplo, que el senador «Pinto y compañía tiene 3.269 kilómetros cuadrados» y que la superficie de la ciudad de Cobija, alcanza a 3287, «es decir que el señor Roger Pinto y su socia tienen como propiedad una superficie mayor a la extensión de la ciudad de Cobija», remarcó.
«Es decir si el señor Roger Pînto fuera generoso con su país, con su departamento cediendo su territorio podríamos fundar un segunda ciudad de Cobija», agregó al comparar, además, que en la ciudad de Cobija pueden vivir al menos 40 mil personas.
«Es decir que el señor Pinto tiene una propiedad que fácilmente puede albergar a 40 mil personas», precisó.
Por esta razón, Quintana Lamentó que Pando esté convertido en el «feudo» de esas familias y unas cuantas más, «que siempre rechazaron la presencia del Estado porque la prioridad era su patrimonio personal, sus privilegios personales, su apropiación ilegal de las tierras (..) y construyeron una estructura de poder político distribuida entre ellos para tener el control de la Corte Departamental Electoral, de la Universidad, del Comité Cívico, de la Prefectura, de los municipios».
Quintana condenó que esas autoridades acusen al Gobierno de promover los asentamientos en ese departamento con el propósito de talar los bosques, cuando ellos «son lo mayores depredadores de los bosques y son los mayores agresores de las vocaciones agroforestales».
«En el poco tiempo en que nosotros estamos hemos intentado hacer lo que son las auditorías medioambientales a través de lo que era antes la Superintendencia Forestal y ahora es Autoridad de Fiscalización y Control, estamos siguiendo procesos por desmontes no autorizados», agregó.
Explicó que los efectos del saqueo de los recursos naturales de esa región, la apropiación ilegal de las mejores tierras productivas, la proliferación de actividades ilegales beneficiaron sólo a unas diez familias y dejó «miserables» a los pandinos.
«Dejaron a los pandinos pobres, miserables, los dejaron en la calle y la única manera de mantenerlos controlados era distribuyéndoles peguitas a algunos dirigentes y distribuyéndoles migajas, mientras ellos se daban el festín de las tierra, el festín de las actividades económicamente ilegales, el festín de los recursos naturales y dejaron al departamento en la mayor orfandad», remarcó.
Agregó que en ese contexto los campesinos eran los grandes perseguidos y los pueblos indígenas se mantenían escondidos.
Quintana aseguró que los asentamientos humanos en ese departamento significan poner un punto de equilibrio entre territorio y población, en las grandes extensiones de territorio sin población que son codiciadas por esas familias para enriquecerse más.
Aclaró que los asentamientos son en tierras fiscales y no en ninguna propiedad privada.