El abogado de oficio no descarta solicitar la revisión de su sentencia y pedir su traslado a otra cárcel. Fiscal dice que hay posibilidad de que Luis Arce Gómez declare. Paz Zamora dijo que lo entregó a EEUU, pues desconfiaba de la justicia nacional. Opositores y oficialistas se amenazan por Arce Gómez
Decrepitud: un envejecido Luis Arce Gómez es introducido al penal de San Pedro de Chonchocoro (La Prensa)
La Razón
El abogado de oficio del ex ministro del Interior no descarta solicitar la revisión de su sentencia y pedir su traslado a otra cárcel. Un juez lo ve poco probable. El preso mandó un mensaje humanitario a EEUU, a través de la Cruz Roja.
Un día después de su llegada a La Paz, se perfila una pelea jurídica sobre la situación del militar golpista y ex ministro del Interior, Luis Arce Gómez, porque, mientras su defensa plantea la revisión de su juicio, los familiares de las víctimas y el Gobierno aseguran que harán cumplir su condena de 30 años de cárcel.
Aunque aún no se conoce lo que piensa Arce Gómez sobre su situación jurídica, su abogado de oficio, Milko Suaznábar, anunció ayer que prepara su estrategia de defensa, en la que no descarta solicitar la revisión de su sentencia o la disminución de su condena que tramitaría ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
Arce Gómez se encuentra recluido en una de las celdas de régimen cerrado de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, a la que fue llevado a pocos minutos de descender del avión que lo trajo en calidad de deportado desde Estados Unidos, donde cumplía una condena de 30 años por delitos de narcotráfico.
En 1993, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel sin derecho a indulto en contra de Luis García Meza y Arce Gómez, quien para entonces se encontraba en los Estados Unidos.
Según el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, no existe forma que viabilice la revisión del fallo condenatorio del también conocido como el “ministro de la cocaína”, por lo que aseguró que debe cumplir con la condena que le impuso la justicia.
Como lo había explicado un día antes el ex ministro de la Corte Suprema, Hugo Salvatierra, ayer el juez José Ayaviri reconoció que la defensa de Arce Gómez puede solicitar la revisión de su sentencia, pero descartó que logren una modificación.
“Puede plantear la revisión siempre y cuando tengan la prueba inversa, es decir que no sea autor del delito por el que fue juzgado. Tiene condena por once delitos; revertir estos delitos no será facil”, sentenció el juez.
Rada afirmó que vigilarán que el ex ministro del Interior pase el mayor tiempo posible en la cárcel de Chonchocoro, por lo que pondrán especial atención cuando solicite traslados a centros hospitalarios por tema de salud.
“Ante cualquier solicitud que se haga (de internación hospitalaria), nosotros vamos a tomar todas las previsiones para cerciorarnos de que es una solicitud justificada en función de criterios, no sólo judiciales sino médicos”, advirtió el ministro.
No obstante, Suaznábar anunció ayer que planteará trasladar a su cliente a otro penal, aunque evitó dar mayores detalles.
Para el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, a Arce Gómez sólo le resta cumplir su condena.
Aunque no se conoce el contenido, el militar golpista envió a Estados Unidos “un mensaje humanitario”. El representante del Centro Internacional de la Cruz Roja delegado para Bolivia, Giuseppe Renda, llevará el mensaje.
Renda estuvo en el penal de Chonchocoro y se reunió, dijo, con el preso que fue recluido el jueves en la mañana en la celda CR-1. “Hemos hecho recomendaciones de carácter humanitario a la cárcel (gobernador) para esta persona”, informó.
El lunes le leerá su sentencia a Arce Gómez y empezará a cumplir su pena de 30 años de cárcel.
Sin contacto con García Meza
El hombre de la amenaza de “andar con el testamento bajo el brazo”, Luis Arce Gómez, no tendrá contacto, pro lo menos durante los próximos 30 días, con Luis García Meza, quien lo nombró como su ministro del Interior en la dictadura 1980-81
Al cabo de este tiempo será pasado a régimen abierto, donde está García Meza. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, explicó que esta es una práctica común en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
En este período de tiempo, explicó, las autoridades carcelarias evalúan una serie de aspectos del preso, entre ellos su conducta, para tomar los recaudos correspondientes para cuando se lo lleve a régimen abierto.
La Corte Suprema de Justicia, en su fallo de 1993, ordenó que Arce Gómez sea remitido a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en El Alto.
El militar golpista fue enjuiciado y sentenciado por once delitos, entre ellos alzamiento armado, asesinato y genocidio. En este régimen fue asesinado Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre otros dirigentes sindicales.
LOS HECHOS
Aeropuerto • El militar llegó en vuelo de American Airlines. Fue sometido a una revisión médica, que estableció que podía ser llevado a la cárcel.
Salud • No existe un informe oficial sobre su salud, empero se conoce que sufre de un cáncer, que padece de ceguera y de una sordera parcial.
Sentencia • El fallo que se dictó en 1993 se le leerá el lunes. Se lo condenó a 30 años de cárcel por delitos de alzamiento armado, asesinato y genocidio.
Algunos detalles sobre su llegada al país
El ex militar y ex ministro del Interior Luis Arce Gómez llegó a las 06.20 horas del jueves. Se desplegó un gran operativo policial de seguridad.
Operativo
El Ministerio de Gobierno organizó tres días antes del jueves el operativo. No dio información a la espera que suba al avión y por medida de seguridad.
Incongruencias
En el parte médico de Arce Gómez, en inglés, se enumeraron sus males y el nombre de los medicamentos. Los galenos bolivianos no hallaron relación.
Silencio
Estuvo callado en todo momento. Sólo contestó algunas preguntas médicas con monosílabos. Parecía que trataba de entender su situación.
Demora
El retraso de más de una hora del vuelo se debió a que dos pasajeros de la línea aérea en EEUU llegaron tarde y uno que decidió bajarse del avión.
Opositores y oficialistas se amenazan por Arce Gómez
Analogía • Jorge Tuto Quiroga dijo que los ministros de Evo podrían tener la misma suerte.
• EL EX HOMBRE FUERTE • El también llamado ‘ministro de la cocaína’ responde a consultas sobre su estado de salud. La revisión médica se realizó el jueves, a minutos de su llegada.
La Razón
La llegada y posterior encarcelamiento de Luis Arce Gómez se convirtió en un motivo para que oficialistas y opositores intercambien advertencias sobre un futuro similar para ambos.
El líder de Podemos, Jorge Quiroga Ramírez, dijo que lo mismo que le ocurrió al ex hombre fuerte de Luis García Meza podría replicarse en un futuro en contra de los ministros de Evo Morales.
“Ojalá que sirva de lección para aquellos que hoy, ministros de quinta y otros que se dedican al contrabando, abuso, autoritarismo, corrupción, a atacar a los medios de comunicación como hacía Arce Gómez y hablar igual que él, de quedarse 20 años, entiendan que la democracia y el Estado de Derecho en última instancia siempre prevalecen”, dijo.
El vocero del Palacio de Gobierno, Iván Canelas, replicó las declaraciones de Quiroga recordando que él “fue aliado del dictador Hugo Banzer Suárez”.
“En realidad el que debe cuidarse es él, porque ha sido aliado de un dictador, Hugo Banzer Suárez, y él (Jorge Quiroga) ha sido quien ha formado grupos de represión irregulares en el trópico de Cochabamba. Hay muchos muertos por esos grupos formados por él, de manera que quien debe cuidarse es él”, afirmó.
El último jueves, senadores opositores, entre ellos Luis Vásquez y Wálter Guiteras, compararon a Luis Arce Gómez con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El senador Antonio Peredo (MAS) calificó ayer la comparación como “atrevida”.
Detalles
Condena • El lunes a las 15.00 se leerá la sentencia en contra de Luis Arce Gómez, en audiencia pública en la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Enfermedades • Fuentes policiales informaron que Arce Gómez padece de una ceguera casi total, derrame cerebral, además de adolecer de cáncer de próstata y de diabetes. Tiene 71 años de edad.
Abogado de Arce Gómez pedirá revisión especial de la sentencia
PAZ ZAMORA DIJO QUE LO ENTREGÓ A EEUU, PUES DESCONFIABA DE LA JUSTICIA NACIONAL
La Prensa
El nuevo defensor de oficio del ex Ministro del Interior, Milko Suaznábar, se entrevistará hoy con su representado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El jurista representa también al ex dictador Luis García Meza. El jurista fue designado ayer por Defensa Pública.
El abogado Milko Suaznábar, quien ayer por la mañana fue designado defensor de oficio de Luis Arce Gómez, anunció que presentará un recurso extraordinario de revisión de la sentencia que pesa sobre su representado.
Suaznábar dijo que en razón a “cualquier ciudadano en territorio nacional tiene derechos y garantías constitucionales”, aceptará el patrocinio del ex Ministro del Interior, Migración y Justicia del régimen dirigido por Luis García Meza.
El jurista mencionó que en el curso de esta jornada se dirigirá al penal de máxima seguridad de Chonchocoro para entrevistarse con Arce Gómez, a fin de conocer sus requerimientos.
Confirmó que la audiencia en la que será notificado con la sentencia de 30 años de presidio sin derecho a indulto se producirá el lunes desde las 15.00 en ese centro carcelario.
Esa pena fue aplicada contra la ex autoridad de facto el 21 de abril de 1993 por la Corte Suprema de Justicia, mientras el enjuiciado cumplía otro fallo judicial en Estados Unidos, donde fue encontrado culpable de tres cargos por conspirar para introducir cocaína a ese país.
El juez de garantías constitucionales José Siles Ayaviri aceptó el pedido del Ministerio de Gobierno para que la audiencia tenga lugar en Chonchocoro. Esa cartera de Estado dijo que su planteamiento se basó en razones de seguridad.
El ministro Alfredo Rada explicó que si ese acto judicial tuviera lugar en los tribunales de La Paz, que quedan en pleno centro de la sede del Gobierno, pueden producirse manifestaciones, lo que obligaría a planificar un cuidadoso operativo de seguridad y exigir un esfuerzo de proporciones a la Policía.
“Simplemente se va a dar publicidad a la sentencia en lo que respecta a la condena al ciudadano Luis Arce Gómez. Definitivamente mi defendido tiene que estar presente en la audiencia”.
En cuanto a la modalidad de defensa que aplicará en este caso, el jurista dijo que “obviamente, en la ejecución de sentencia tenemos algunos beneficios, que los vamos a plantear por la vida incidental en su debido momento”.
Anunció que revisará la Ley 1180, bajo la cual se previó el presidio para el ex “Ministro de la Cocaína”, que es anterior a la actual de Ejecución Penal y Supervisión, porque “existen varios beneficios posibles que en todo caso la defensa tiene que analizar. Veremos cómo vamos a presentar un incidente al respecto. Analizaremos, aunque está claro que existe la posibilidad. Ambos procesos se dieron sobre un mismo periodo y por acciones relacionadas entre sí”.
El Código de Procedimiento Penal establece seis causales válidas para que el defensor de un reo plantee un recurso de revisión de sentencia. La petición se justifica en aquellos casos en que los hechos dados como válidos para pronunciarse un fallo resulten incompatibles con los de otro, vale decir que debe aplicarse un principio universal para todos los ciudadanos sometidos a proceso por razones análogas. Las sentencias sientan jurisprudencia.
Una segunda causal es que se demuestre la falsedad de testimonios que incriminasen a un condenado o cuando la pena se es consecuencia de delitos cometidos por los administradores de justicia.
También se acatará cuando se pruebe que los hechos inculpados a determinada persona no se produjeron, que ésta no hubiese participado en la comisión de los sucesos, que éstos no sean punibles, cuando corresponda aplicar una ley más benigna para el condenado o cuando el Tribunal Constitucional disponga la derogatoria de los delitos por los que una persona fue objeto de una sentencia judicial.
La posibilidad de que Arce Gómez plantee un recurso basado en esas causales fue rechazada por el Ministerio de Gobierno y por el abogado patrocinante de la parte acusadora, Juan Del Granado, en tanto que el analista Wilman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, dijo que esta figura legal sólo se acata para corregir errores de la justicia, no del procedimiento seguido durante un proceso.
Milko Suaznábar es también defensor de Luis García Meza, con quien mantiene contacto permanente.
Los juristas Waldo Albarracín y Wilding Álex Panique Rojas coincidieron el viernes ante La Prensa en que el tiempo que Arce Gómez estuvo recluido en Estados Unidos no puede descontarse de la pena aplicada en 1993, porque se trata de distintos delitos y que no tienen conexión directa entre sí.
Amenaza de golpe
Para ser condenado por la justicia de Estados Unidos, Arce Gómez fue entregado por decisión del entonces presidente Jaime Paz Zamora sin un proceso previo de extradición.
Arce Gómez fue expulsado del país el 11 de diciembre de 1989 y puesto a disposición de la justicia estadounidense, que lo condenó a 30 años por narcotráfico, pero por buen comportamiento redujo la pena a 25 años, de los que cumplió dos tercios, cuando fue elegible para quedar en libertad condicional.
Al decretarse esa figura legal, el Estado boliviano interpuso una demanda de extradición, aunque finalmente la juez estadounidense Denise S. Slavin ordenó el lunes su deportación.
Sobre el particular, Paz Zamora explicó ayer que decidió aceptar el pedido por el país del norte debido a que contaba con información en sentido de que el ex represor preparaba otro golpe de Estado en el país.
Además dijo que “en ese momento de fragilidad institucional y de dudas sobre el Poder Judicial que venía de la etapa dictatorial y la amenaza de una nueva interferencia para la democracia boliviana, como Jefe de Estado tuve que tomar la decisión de atender el pedido de Estados Unidos, que lo reclamó por narcotráfico”.
Sin embargo, cuando el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) asumió el Gobierno en alianza con Acción Democrática Nacionalista (ADN), se habían cumplido ya dos periodos constitucionales en Bolivia, y la última dictadura, presidida por el militar Guido Vildozo Calderón, había entregado el mando de la República a Hernán Siles Zuazo el 10 de octubre de 1982, siete años antes.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) informó ayer que en 1989 todavía no existía un tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos, documento que fue aprobado cinco años más tarde, en 1994.
Un asesino del 80 fue capturado en Cochabamba
El capitán retirado del Ejército René Veizaga fue capturado el lunes por la Policía. Estaba prófugo desde el año pasado, cuando fue sentenciado a 30 años de presidio por el asesinato y la desaparición del profesor de música Renato Ticona Estrada.
La víctima, oriunda de Sacaca, departamento de Potosí, vivía en Oruro, donde enseñaba música. Su hermano mayor, Hugo, era dirigente de los metalurgistas de Vinto y de los universitarios orureños.
Desde el 17 de julio de 1980, el activista era perseguido por las fuerzas de la represión, dirigidas por Luis Arce Gómez. Su captura era inminente, así que decidió ir a pie, por el bloqueo de caminos. Y resolvió hacerlo en compañía de su hermano Renato.
A las 17.00 del 20 de julio, los Ticona Estrada partieron hacia Sacaca. Los esperaba una caminata de 15 horas hasta la casa de su abuelo, pero una patrulla de conscriptos, al mando del entonces teniente Veizaga, esa misma noche, los capturó en Cala Cala.
El interrogatorio se desarrolló en la escuelita de esa población. La tortura fue brutal. Hubo simulacros de fusilamiento y una golpiza que acabó con la vida del docente.
El fiscal Leopoldo Ramos informó que Veizaga fue detenido en su casa, en la ciudad de Cochabamba. “Seguramente bajó la guardia”. Desde el martes purga la condena que le fue impuesta y contra la que ya no cabe recurso judicial alguno.
García Meza está bien, para el Gobierno
El ministro de Gobierno Alfredo Rada aseguró ayer que Luis García Meza se encuentra en buenas condiciones físicas, por lo que presentará un recurso ante el juez de ejecución penal y supervisión para evitar que el ex dictador sea beneficiado con futuras internaciones en un centro médico.
Rada explicó que, con referencia al condenado, los reportes que reciben dan cuenta de que “que su situación de salud es bastante buena, hace deporte, hace caminatas por las mismas instalaciones, muestra un nivel de fortaleza que llama la atención”, a pesar de los 80 años que tiene.
“Nosotros vamos a presentar todos los recursos que sean necesarios a objeto de recortar ese tratamiento privilegiado” que recibe.
“Ante cualquier solicitud que se haga, tomaremos todas las previsiones para cerciorarnos de que es una solicitud justificada y en función de criterios no sólo judiciales, sino de carácter médico”.
El golpista permanece encarcelado en Bolivia desde el 15 de marzo de 1995, aunque fue capturado en Brasil en 1994. En Río de Janeiro, García Meza vivía bajo una identidad falsa y había formado un nuevo hogar con una ciudadana brasileña, con quien tiene un hijo.
Hasta el momento, el reo rematado ha cumplido la mitad de su condena, la máxima de la legislación nacional: 30 años de presidio sin derecho a indulto.
El ex dictador gobernó el país por la fuerza de las armas entre el 17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981.
“El recurso es para corregir errores judiciales”
El constitucionalista Wilman Durán explicó ayer que los recursos extraordinarios de revisión de sentencias tiene la finalidad de corregir errores de la justicia, que pudieran haberse cometido durante el proceso al que fue sometida una persona por la comisión de algún delito contemplado en el Código Penal.
El experto apuntó que esta medida de defensa puede ser interpuesta en cualquier momento, inclusive después de que la sentencia hubiera adquirido la calidad de ejecutoriada, pero para ello se deben cumplir los requisitos anotados en el nuevo Código de Procedimiento Penal.
Informó que el recurso “puede ser viabilizado si, por ejemplo, cuando la sentencia fue dictada sobre la base de declaraciones testificales, que se demuestran posteriormente que fueron falsas”.
Otro de los puntos es que “si, por ejemplo, se produjera un homicidio y un individuo fuera condenado por este motivo, pero posteriormente la víctima apareciera con vida, el recurso será declarado procedente y el sentenciado será liberado”.
Esta apelación especial puede ser interpuesta por el condenado, su abogado defensor, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo por afinidad, la Fiscalía, el juez de ejecución penal o el Defensor del Pueblo.
Inclusive, el rechazo del recurso no impedirá que se presenten en el futuro otras acciones con distinta argumentación en procura de la libertad del condenado a pena corporal.
Aunque el actual Código Penal impide el juzgamiento de los acusados declarados rebeldes y contumaces, la legislación vigente durante el desarrollo del juicio de responsabilidad por la dictadura de Luis García Meza lo permitía.
Durán dijo que las personas deben ser juzgadas bajo la ley imperante a tiempo de producirse la supuesta comisión de los delitos procesados.
El abogado defensor de Arce Gómez, según el constitucionalista Iver Pereyra, no podrá apelar un eventual rechazo al recurso ante el Tribunal Constitucional, porque “todos los planteamientos tienen que ser presentados ante el tribunal que dictó la sentencia, en este caso la Corte Suprema, que debe responder con fundamentos legales”.
Como consecuencia de ello, la causa no podrá ser derivada al Tribunal Constitucional, que actualmente está paralizado porque no cuenta ni siquiera con un magistrado que atienda las causas.
Enfatizó en que Arce Gómez, “al haber sido sancionado en rebeldía, no puede salir libre ni su condena puede suspenderse por ningún motivo, a menos que un Tribunal competente diga lo contrario. Voluntaria o involuntariamente, él no asumió su defensa y la Corte Suprema cumplió todo lo dispuesto y todas las formalidades de ley. Por ello, no podrá recuperar su libertad de ninguna manera”.
Arce Gómez fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por una serie de delitos, el 21 de abril de 1993.
“Esa acción no corresponde”
El recurso que pretende interponer la defensa de Luis Arce Gómez “no corresponde”, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en torno a la posibilidad de que el abogado Milko Suaznábar interponga una solicitud extraordinaria de revisión de la sentencia aplicada en su contra el 21 de abril de 1993.
La autoridad explicó que “es un caso ya cerrado, con una sanción. El señor Arce Gómez es un reo rematado, por lo tanto no tiene mayor sentido que un abogado plantee ese tipo de cosas”.
Rada dijo que de las cinco personas que recibieron a Arce Gómez en el Aeropuerto Internacional de El Alto: Marcos Farfán, viceministro de Régimen Interior; Rubén Gamarra, director nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno; Jorge López Arenas, director nacional de Régimen Penitenciario; el juez de ejecución José Ayaviri Siles y el representante de la Dirección Nacional de Migración, Edwin Guachalla, “tres fueron perseguidas” por Arce Gómez: Farfán, Gamarra y Guachalla, a pesar de esto, “ellos actuaron con un alto nivel de profesionalismo, pues le dieron un trato correcto”.
Hizo esa afirmación porque la defensa del condenado adujo en Estados Unidos que en Bolivia recibiría malos tratos.
“La sentencia es inamovible”
El alcalde de La Paz, Juan Del Granado, quien fue abogado de la parte demandante en el juicio de responsabilidades seguido contra Luis García Meza y sus cómplices en esa dictadura militar, dijo que “la sentencia que se ha dictado es inamovible, inapelable y en plena ejecución. Irrefutable, irrevisable”.
Del Granado se refirió de esa manera a la intención del defensor de oficio de Arce Gómez, Milko Suaznábar, que anunció que presentará un recurso para dejar sin efecto la pena impuesta a su representado el 21 de abril de 1993 por la Corte Suprema de Justicia.
Aseguró que “se han cumplido absolutamente todos los requisitos de procedimiento para condenar a 30 años a Luis Arce Gómez”.
La autoridad municipal se excusó de expresar una opinión jurídica en torno al anunciado recurso extraordinario, porque “tendría que revisar los códigos, yo soy Alcalde hace diez años y ese juicio fue hace 20. Habría que revisar las causales y los requisitos para interponer un recurso de revisión extraordinaria de condena, pero no tengo mis códigos a la mano en este momento”.
Luis Arce Gómez pasó los anteriores 19 años y siete meses recluido en penales de Estados Unidos.
OTROS DATOS
LUIS ARCE GÓMEZ fue posesionado como ministro del Interior el 17 de julio de 1980 en el Gran Cuartel.
CELSO TORRELIO fue su reemplazante en esa cartera. La autoridad asumió el cargo el 26 de febrero de 1981.
LA GESTIÓN de Arce Gómez al frente del Ministerio de Gobierno se prolongó durante siete meses y 11 días.
EL SUCESOR del “Ministro de la cocaína” asumiría el mando de la nación la noche del 4 de agosto de 1981.
Luis Arce Gómez fue condenado bajo las previsiones de la anterior Ley de Ejecución Penal.
El abogado Milko Suaznábar también es representante del ex dictador Luis García Meza.
Fiscal dice que hay posibilidad de que Luis Arce Gómez declare
DEBE INFORMAR DÓNDE ESTÁN LOS RESTOS DE QUIROGA SANTA CRUZ Y FLORES BEDREGAL
Dirigente: Marcelo Quiroga Santa Cruz durante uno de sus discursos políticos
La Prensa
Los familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal impulsaron un juicio contra 17 personas que duró casi 11 años y en el que no se pudo esclarecer el paradero de los restos de los dirigentes que fueron asesinados en la COB el 17 de julio de 1980
El Ministerio Público advirtió ayer de que aún existe la posibilidad de convocar a declarar al ex ministro del Interior Luis Arce Gómez para que revele dónde se encuentran los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, del dirigente Carlos Flores Bedregal y de otros desaparecidos durante la dictadura del general Luis García Meza en la década de 1980.
El fiscal Leopoldo Ramos dijo que “es probablemente posible” convocar a declarar a Arce Gómez dentro del proceso que las familias de Quiroga Santa Cruz y Flores Bedregal impulsan desde 1997 contra 17 militares, policías y ex paramilitares involucrados en las muertes y desapariciones.
Este proceso se encuentra en apelación con un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia presentado por los familiares contra la sentencia que se emitió en diciembre de 2007.
Dicho fallo fue apelado en primera instancia ante la Corte de Distrito de La Paz en 2008 por no tener una proporcionalidad entre la pena y el delito cometido por los inculpados.
Al no tener una respuesta favorable, se presentó el recurso de casación ante la Suprema de Justicia, donde la causa se encuentra desde mayo.
Según los familiares, luego de casi 11 años de juicio no se esclareció el paradero de los desaparecidos.
De los 17 inculpados, tres recibieron una condena de 30 años de presidio sin derecho a indulto, tal el caso de Froilán Molina, Franz Pizarro Solano y José Luis Ormachea; otros siete recibieron entre tres y dos años de reclusión, como Faustino Rico Toro; otros siete fueron absueltos y uno sobreseído, “sin explicación alguna”, según la hermana de Flores Bedregal, Olga Flores.
El fiscal Ramos explicó que para convocar a Arce Gómez se debe esperar, necesariamente, la respuesta del recurso presentado ante la Corte Suprema que puede ser la anulación de obrados y que la causa vuelva al Juzgado de origen. “Es una posibilidad, y siendo así, en el Juzgado es posible citarlo”.
Si no fuera así, agregó, la alternativa sería abrir un nuevo proceso penal contra otros posibles implicados en las desapariciones para llegar a esclarecer dónde se encuentran los restos.
De acuerdo con los tiempos procesales, la respuesta al recurso de casación puede tardar seis meses, tiempo —según Ramos— que puede extenderse hasta un año o más.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó, por su parte, que Arce Gómez será llamado a Sucre para declarar por el proceso que sigue la familia de Quiroga Santa Cruz. “Esperamos que ese momento diga la verdad”.
Pero, de acuerdo con Ramos, la Suprema no puede convocar a declarar a Arce Gómez porque esa instancia “no investiga”.
La hija del líder socialista, María Soledad Quiroga, dijo a La Prensa que si de forma voluntaria Arce Gómez no revela dónde están los restos de su padre, las autoridades judiciales deberían convocarlo a declarar para que dé a conocer lo que sabe. Según contó, su familia no tomó una decisión respecto de si presentará algún recurso legal para lograr la declaración de Arce.
Adelantó que si una vez que se emita el fallo de la Suprema y no se esclarece dónde están los restos de su padre, se recurrirá a instancias internacionales.
La hermana de Flores Bedregal manifestó que en la audiencia del lunes 13, cuando le lea la sentencia de Arce Gómez, se intentará que el ex “Ministro de la cocaína” declare y pueda dar “alivio” a las familias.
No obstante, reconoció que es poco probable que el ex Ministro del Interior pueda revelar dónde están los restos de su familiar, porque sería autoinculparse y, según la norma, uno no puede autoincriminarse.
La alternativa a esta situación, según Flores, es que el presidente Evo Morales instruya a las Fuerzas Armadas (FFAA) desclasificar los archivos del Estado Mayor y se puedan ubicar los restos de su hermano.
Para la hija de Quiroga Santa Cruz, hay falta de voluntad política para esclarecer esto, pues existe una orden judicial, que en julio de 2008 fue entregada al Comando en Jefe de las FFAA, para que desclasifique esa información, sin que se la haya acatado hasta ahora.
Tampoco —agregó— se tuvo respuesta del Jefe de Estado, a quien en reiteradas oportunidades se le solicitó que esos informes del Estado Mayor puedan hacerse públicos.
Marcelo Quiroga y Carlos Flores Bedregal fueron asesinados el 17 de julio de 1980 cuando participaban en una reunión en la Central Obrera Boliviana.
El autor del asesinato del dirigente socialista, según su hija, es Felipe Froilán Molina, quien fue parte del proceso que siguió la familia desde 1997 y que recibió una condena de 30 años de prisión, pena que aún no fue ejecutada.
Ese proceso empezó luego de que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada instruyera al Congreso investigar sobre los restos de los desaparecidos. La Cámara de Diputados halló indicios de responsabilidad en la muerte de los dirigentes y remitió el caso a la Fiscalía para que inicie una investigación contra 17 personas acusadas de asesinato, desaparición forzada y otros.
Un recurso en el exterior
La familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz recurrirá a instancias internacionales si no se esclarece el paradero de los restos del dirigente político, quien fue asesinado el 17 de julio de 1980, cuando fue ejecutado el golpe de Estado de Luis García Meza.
La hija del líder socialistas, María Soledad Quiroga, recordó que pese a existir una orden judicial para que se desclasifiquen los archivos de las Fuerzas Armadas, no se pudo acceder a ninguna información que permita hallar los restos de su padre.
Tampoco —dijo— el Gobierno atendió los pedidos para que se entreguen los informes del Estado Mayor. “Por eso es que vamos a tener que recurrir a instancias internacionales”.
Recordó que en 2010 se cumplirán 30 años del asesinato de su padre y por toda la relación de los hechos, “pareciera que no vamos a poder obtener justicia en el país”.
Vásquez Michel acusa al teniente Retamozo
El dirigente del Partido Socialista-1 en 1980 Wálter Vásquez Michel, testigo presencial de la forma en la que el líder político Marcelo Quiroga Santa Cruz recibió una ráfaga que le dejó moribundo el 17 de julio de 1980, en la sede del Central Obrera Boliviana (COB), insistió en que se debe averiguar el paradero del teniente Retamozo, quien hizo los disparos.
Vásquez Michel recordó que cuando los dirigentes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) avanzaban en fila india por la acera de la avenida 16 de Julio hacia las ambulancias de la represión, la puerta de un edificio contiguo se abrió y cinco políticos, Óscar Eid entre ellos, entraron en el inmueble.
De esa manera ellos pudieron huir de la detención. “Yo también estaba por escapar —rememoró Vásquez Michel—, pero aparecieron los hombres armados y uno de ellos gritó: ‘Teniente, se están escapando’. Fue cuando me di cuenta de que se trataba de civiles y no efectivos de las Fuerzas Armadas”.
El oficial llegó al lugar e impuso orden. Era el mismo que había disparado sobre Quiroga Santa Cruz, a quien llevaron al Gran Cuartel General de Miraflores aún con vida y lo sometieron a torturas.
El teniente Retamozo fue llevado al lugar de los hechos en un vehículo conducido por un familiar consanguíneo o político de Luis García Meza. “He pedido en muchas oportunidades que se averigüe el destino de este oficial, pero nadie me hizo caso”.
“Tiempo después apareció una fotografía en la que se ve que recibió un impacto de bala en la mejilla izquierda. Me explicaron los expertos que esos tiros se pegan para rematar a las personas”.
Por ello, Vásquez Michel afirmó que con base en esa observación se llegó a la conclusión de que había llegado, pese a la gravedad de sus heridas, con vida al Estado Mayor, donde fue maltratado hasta morir.
Durante la dictadura de García Meza, el general Faustino Rico Toro, posteriormente condenado en Estados Unidos por narcotraficante, fue designado jefe del Departamento Segundo de Inteligencia del Ejército. “Él tiene que saber muchas cosas”.
Sobre Rico Toro pesa una sentencia de dos años de cárcel, que se encuentra en etapa de revisión extraordinaria, por el asesinato y la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aunque podrá acogerse al perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, por el tiempo de reclusión anotado.
Vásquez Michel recordó que todos los militares involucrados en el asalto a la sede sindical no volvieron a aparecer y sólo se juzgó a los civiles armados.
Los 17 implicados
Nombre y actividad Sentencia
Felipe Froilán Molina B. (“Killer)”, suboficial del Ejército 30 años
Franz Pizarro Solano, suboficial del Ejército 30 años
José Luis Ormachea España, agente de Inteligencia 30 años
Raúl Solano Medina, suboficial del Ejército 3 años
Adolfo Ustárez Ferreira, jefe de “Novios de la muerte” 3 años
Gregorio Loza Palsa, operaciones psicológicas 3 años
Faustino Rico Toro, agregado militar en 1980 en EEUU 2 años
Mayor Javier Hinojosa Valdez, oficial de Inteligencia 3 años
David Alarcón Romero, agente de la ex DIN y el DOP Absuelto
Rogelio Gómez Espinoza, del grupo de jefes de la DIN Absuelto
Joaquín Quisberth Quiroga, agente de la DIN Absuelto
César Altamirano Lavadenz, agente de la DIN Absuelto
Juan Alberto Aquise Rada, agente de la DIN Absuelto
Marcos Herminio Mena Vargas, transporte de detenidos Absuelto
Damián Gutiérrez Castro, chofer Absuelto
Sebastián Quispe Apaza, chofer Absuelto
General Willy Arriaza Monje, sobreseído del caso.
Nota.- Todas estas personas fueron imputadas y sentenciadas en el proceso que iniciaron las familias de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal. Esta causa, actualmente, se encuentra en etapa de apelación en la Corte Suprema de Justicia. Los familiares observan que las penas no son proporcionales frente a los delitos de asesinato, desaparición forzosa y otros que se les imputaron.
Datitos
Marcelo Quiroga y Carlos Flores Bedregal fueron asesinados en la COB.
La dictadura detuvo a 4.000 personas que fueron torturadas y exiliadas.
En 1992, Arce Gómez en una entrevista dijo que haría revelaciones al volver al país.
Existe una orden judicial para desclasificar los archivos del Estado Mayor.
Esta disposición no se cumple, los familiares creen que no hay voluntad política.
Los familiares de los desaparecidos no creen que Arce Gómez vaya a declarar.
La dictadura de Luis García Meza dejó 93 muertos, de 27 de ésos no se sabe dónde están sus cuerpos.