Mucho se habla de sentar la presencia del Estado en todos los puntos del territorio nacional pero esta premisa no se cumple en la región del Chapare, el feudo del presidente Evo Morales.
En el trópico de Cochabamba, rige la ley de la coca y las determinaciones de los dirigentes cocaleros son irrefutables. Las otras autoridades civiles, policiales y militares están solo como pantalla y se cuidan muy bien de entrar en divergencias con los cocaleros, cuya palabra es ley suprema, porque para algo su máximo dirigente es Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
En primera fila, el ministro Rada y el viceministro Cáceres, prestos a llevarse los laureles. Atrás policías de la Felcn que descubrieron una factoría de droga en el departamento de Santa Cruz, con capacidad para procesar 35.000 kg de cocaína de alta pureza al año.
Los productores de coca tienen un nivel de vida que poco tiene que ver con la imagen de esforzados trabajadores que quiere proyectar de ellos Evo Morales. La producción chapareña de coca no está destinada al consumo tradicional y eso lo saben todos. Solo la directa ligazón con el narcotráfico explica la súbita riqueza de la que hacen gala los cocaleros y en particular sus dirigentes.
Luego de que se relajaron los planes de erradicación de coca y los controles sobre la cocaína, el Chapare vive una «paz social» envidiable, situación muy similar a la que imperaba durante la dictadura de Luis García Meza, cuando Shinahota se convirtió en un poblado de leyenda, donde fortunas aparecían y reaparecían en un abrir y cerrar de ojos en medio de babilónicas francachelas.
Vigente la “racionalización concertada” de cultivos de coca se ha dado carta blanca para que se incrementen los mismos y también sus ingresos. Si bien el gobierno se jacta de que se cumplen las metas de erradicación establecidas en 5 mil hectáreas se olvida de decir que estas se reproducen con celeridad en otras regiones llegando a afectar áreas protegidas como los parques nacionales Carrasco, Isiboro-Sécure y Amboró, además de Los Yungas y Alto Beni de La Paz y Yapacani en Santa Cruz.
De que a los narcotraficantes no les falta materia prima abundante no cabe duda. Lo prueba el hecho de que se instalan en el país fábricas con cada vez mayor calidad y capacidad de producción de droga; los requerimientos de la hoja de coca son también mayores y pagan por ella buenos precios que explican la bonanza económica de los miembros de las Seis Federaciones de cocaleros que dirige Evo Morales.
Es normal ver a los cultivadores de coca conduciendo lujosos vehículos 4 x 4 y basta un vistazo en poblaciones como Chimoré, Villa 14 de Septiembre, Shinahota y otras para percatarse que todo se paga en dólares, los que circulan profusamente y sobre cuyo origen los del gobierno prefieren no hablar.
La propia ciudad de Cochabamba ha experimentado un boom de la construcción gracias a que los cocaleros se están haciendo de casonas con los recursos que obtienen por la venta de sus cuatros cosechas anuales de coca al narcotráfico.
A los «revolucionarios» comprometidos con el proceso de cambio, no les importa que la bonanza económica de los cocaleros se haga a costa de la miseria de miles de trabajadores de industrias legales asentadas en El Alto de La Paz, en Cochabamba y Santa Cruz, que han perdido o están por perder, sus fuentes de trabajo por el cierre del Atpdea y todo porque el gobierno del MAS no cumple con los acuerdos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico.
Los operativos que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, quiere mostrar como un gran éxito en la lucha antinarcóticos, muestran también de que Bolivia está cada más metida en el circuito del narcotráfico y que los cárteles colombianos y mexicanos se están asentando en el territorio nacional al amparo de una actitud permisiva que alienta el crecimiento de los cultivos de coca.
El escandaloso aumento de la producción de cocaína en el país intenta ser morigerado por el gobierno, argumentando que de estos volúmenes el 40 por ciento corresponde a droga peruana, cuando en realidad los miembros del gremio de Evo, no requieren de ayuda externa para cubrir la demanda de materia prima del narcotráfico.
Por último, es justo reconocer el trabajo de la FELCN en la interdicción, pero no se puede pasar por alto que mientras la policía antidroga redobla esfuerzos, el gobierno le patea en contra al permitir el aumento de los cultivos ilegales de la hoja y socapar la relación económica de los cocaleros con los narcotraficantes.