Caso. La Fiscalía sostiene que el plazo para la indagación se amplía con cada imputación.
A seis meses de iniciada la investigación del asesinato de Jorge O’Connor y el supuesto caso de corrupción en YPFB, la misma aún está en curso y el juicio a los implicados todavía no tiene fecha de inicio. El Ministerio Público anunció para los próximos días nuevas imputaciones.
El caso gira en torno al contrato suscrito, el 14 de julio del 2008, entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el consorcio Catler-Uniservice para la instalación de una planta separadora de líquidos en la localidad de Río Grande del departamento de Santa Cruz.
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Amistad: el representante de Catler Agustín Melano (izq.) estrecha la mano de Evo Morales, el 14 de julio de 2008. (foto La Prensa)
La investigación comenzó el 27 de enero del 2009, cuando Jorge O’Connor D’Arlach, representante del consorcio, fue victimado. Sus asesinos se llevaron $us 450 mil, presuntamente destinados a una comisión ilegal para el entonces titular de la estatal petrolera, Santos Ramírez, por la adjudicación de la obra.
El fiscal César Romano, parte de la comisión de cinco fiscales asignados al caso, informó ayer a La Razón que si bien la norma establece un plazo de seis meses calendario para concluir una indagación, éste se amplía con cada imputación que se hace.
Explicó que “el plazo (adicional) es para las personas (no para el proceso), para que éstas tengan derecho a producir sus pruebas de descargo”.
Por la presunta corrupción en torno al contrato, la Fiscalía imputó hasta ahora a Ramírez; Javier René Navía Doria Medina y Gonzalo Aramayo Doria Medina (hermano y primo de la esposa de Ramírez); Luis Fernando Córdova, Mario Cossío Mc Galem y Miguel O’Connor (hermano de Jorge y socio del consorcio).
Por la muerte del empresario se involucró formalmente a Córdova y su hermano Ernesto, a Franz Rodríguez Cahero, Rufino Rodríguez (autor confeso del asesinato) y Sandra Verónica Mamani (esposa de Rufino).
Todos los implicados están detenidos preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.
Romano indicó que la próxima semana se conocerán nuevas imputaciones, con lo que “se ampliará el plazo de la etapa preparatoria” al juicio oral.
Uno de los nuevos acusados sería el presidente de la empresa argentina Catler Internacional, socia del consorcio, Agustín Melano. “Se ha tomado una decisión sobre su situación jurídica que la haremos conocer papel en mano”, declaró el fiscal.
RECUSACIÓN
Petición • El acusado Luis Fernando Córdova pidió el alejamiento del caso de los fiscales César Romano y Edward Mollinedo, argumentando que ambos mostraron una evidente enemistad hacia su persona.
Espera • Las dos autoridades no pueden actuar en la investigación en tanto el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, no resuelva la solicitud. LA RAZÓN
