Cortes y recortes a la justicia

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El caso Rozsa sigue trayendo piedras y sedimentos. Ahora resulta que el gobierno está empeñado en recortar los derechos de la Corte cruceña para dirimir donde radicará el caso y como se trata de un asunto que tiene múltiples ramificaciones e intereses creados para mantener al departamento de Santa Cruz en vilo, sirven y se implementarán todas las argucias legales a las que por supuesto y sin demora ya se les están dando curso.

Para sacar el caso de la Corte cruceña, El fiscal Marcelo Sosa, presentó una acción de amparo a través de la cual recusa a los vocales cruceños de la sala segunda, quienes por un fallo de la Corte Suprema de Justicia deberían definir en los próximos días la jurisdicción en la que debería ventilarse el bullado caso.

Resultan muy curiosas las argumentaciones que ha esgrimido el fiscal Soza para proceder a la recusación, aduciendo que es improbable que la Corte cruceña tenga una actitud imparcial debido a que esta Corte acató un paro cívico que planteó Branko Marinkovic en calidad de presidente del Comité Pro Santa Cruz. Es en verdad curioso que se apele a este argumento considerando que precisamente el fiscal Sosa ha sido directamente nombrado desde esferas del Legislativo, gozando de los superpoderes que le ha otorgado el gobierno y que por esa razón precisamente no puede ni podrá nunca actuar con imparcialidad ni independencia para dirimir las situaciones de quienes están siendo acusados como terroristas, traidores a la patria y otras ramas afines.

Por supuesto que todo este bodrio jurídico-político transcurre en medio de amenazas del gobierno para entablar uno de los conocidos superjuicios con los que no sólo se intentan amedrentan sino también dejar fuera de combate a los magistrados que quedan de la Corte Suprema de justicia, tal como se ha hecho antes con otros administradores de justicia, a los que se les ha montado los respectivos juicios en el preciso momento en el que pretendieron aplicar las leyes, situación por la que han sido apartados de sus funciones utilizando acusaciones que han dado paso a juicios de responsabilidades, situación que por supuesto le permite al gobierno volver a tomar la sartén por el mango, mientras aplica las leyes a su propia medida y necesidad del momento.

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Este es el modus operandi del Ejecutivo actual, razón por la que resulta absolutamente irrisorio que el ministro de Defensa Legal, Hector Arce, plantee que el posible traslado del caso a su jurisdicción de origen es una tramoya que según sus conclusiones estaría guiada por una situación política en la que la justicia estaría inclinando la balanza en favor de los acusados cruceños. Esta declaración se suma a las curiosidades del discurso oficialista, que pretende hacernos tragar sapos y culebras sin lugar a réplica. Es una muestra más de que para los personeros del gobierno, “lo político” tiene una acepción peyorativa, de acción desvalorizada y descalificada, cuando apunta a situaciones que se le escapan de las manos a sus operadores; sin embargo “lo político” se vuelve “legal”, encomiable, totalmente aceptable y correcto cuando enfila a acciones que están dirigidas por quienes se convierten en sus servidores y secuaces. ¡Vaya manera tan torpe y burda de entender la ley!, puesto que esta sólo tiene derecho a vigentarse cuando está amordazada y enmanillada al gobernante de turno.

Desgraciadamente esto no está sucediendo sólo en nuestro país, es una situación que se viene reproduciendo en gobiernos como el de Venezuela, Argentina, Ecuador y que se estaba por implantar en Honduras, cuando la ciudadanía se alertó y no permitió que se inicie el juego del toro que embiste la democracia y la cornea y la sangra y la mata a nombre de que lo hace con cornadas democráticas.

Pero también debemos convenir en que este engaño sólo está siendo posible en la medida en que gobiernos como el Norteamericano, la Comunidad Europea y los organismos internacionales permiten que las tropelías pasen por democráticas y la defensa de la democracia se la etiqueta como traición a la patria, golpe de Estado y otros rótulos incriminatorios.

Estas situaciones que hacen a la distribución de justicia no son hechos aislados, sino que suceden paralelamente a otros hechos que nos alejan cada vez más de prácticas democráticas y del ejercicio de nuestra soberanía. En este sentido podemos observar que el gobierno viene moviendo campesinos cocaleros, trasladando familias para fines electorales y para proceder a una toma de los territorios del Oriente boliviano y que además está trayendo también venezolanos que llegan de manera masiva con fines nada claros, por lo que al momento existen edificios enteros copados por estos ciudadanos extranjeros. Y todo esto ocurre a las puertas de un proceso eleccionario muy controvertido y nada transparente. El molino sigue alimentándose de turbias y turbulentas aguas.