Terrorismo. La prefecta anunció para hoy una conferencia de prensa. Diputados del oficialismo y oposición alistan presentación de los documentos.
Prefectos: Savina Cuéllar, entre Rubén Costas y Ernesto Suárez Sattori
La Prensa
Aportes. La autoridad chuquisaqueña dijo que sólo recibió 5.000 dólares para su campaña proselitista.
El Gobierno Departamental de Chuquisaca negó tener vínculo alguno con la célula irregular dirigida por Eduardo Rózsa Flores o sus financiadores, aunque la prefecta Savina Cuéllar admitió haber abierto una caja de ahorros para recibir aportes con el fin de financiar su campaña proselitista,
El diputado César Navarro, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció el viernes que uno de los “financiadores” del grupo de Rózsa Flores depositó 185.330,56 bolivianos en la cuenta de la Prefecta.
Cuéllar aseguró que los fondos acumulados en ese banco eran manejados por dos personas, pero “yo no he recibido nada, en mi campaña lo único (que) he recibido (fueron) 5.000 dólares en bolivianos y eso he gastado, nada más”.
Sin embargo, en el extracto bancario figuran, además de ese ingreso, depósitos por montos importantes, cuyos montos fluctúan entre los 2.000 y los 45.000 bolivianos, pero ninguno por los 5.000 dólares que menciona la autoridad regional.
Dijo que Navarro y los diputados “se ocupan de chismes, ni siquiera hacen nada para Bolivia. ¿Para eso hemos elegido diputados? Los diputados tienen que trabajar”.
Gonzalo Pallares, jefe de la campaña proselitista de Savina Cuéllar, aseguró que los recursos con los que se financiaron las actividades preelectorales fueron administrados tanto por él como por Hugo Tirado, representante de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, y Luis González, delegado de los partidos políticos que formaban el Comité Interinstitucional, aunque se movía el dinero de la caja de ahorros con solamente dos firmas.
En una primera etapa, también participó Juan Luis Gantier, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (FEPCH), quien renunció al constatar que tanto Poder Democrático y Social (Podemos) como Unidad Nacional (UN) no efectuaban desembolsos para las actividades de campaña.
Savina Cuéllar ofrecerá hoy una conferencia de prensa para aclarar el tema, aunque negó haber recibido la suma denunciada por Navarro. “Hagan lo que hagan, Dios, tarde o temprano, juzgará a esos mañudos. No somos como ellos, unos mañudos”.
Sin aclarar el origen de ese dinero, el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas, afirmó que la denuncia es consecuencia de “los silbidos que han recibido de la población sucrense el 6 de agosto. Ellos querían aplausos y no los han conseguido”.
Rivas hizo referencia a los abucheos sufridos por el mandatario Evo Morales durante el acto de homenaje al 184 aniversario de la fundación de Bolivia.
El presidente del Comité de Defensa de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), John Cava, descartó “totalmente siquiera haber conversado ni con ése, ni con otro grupo terrorista que hubiese visitado nuestro país”.
Por el contrario, anotó, las reuniones del Consejo Nacional Democrático (Conalde) y en otras instancias cívicas en las que participaron los delegados de Codeinca “se han circunscrito a la legalidad, la democracia y la unidad del país”.
El presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, negó igualmente vínculos con la milicia del boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Navarro acusa a Branko y Costas
El diputado César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria de la Cámara Baja, que investiga supuestos actos de terrorismo, denunció que Branko Marinkovic, ex mandamás del Comité pro Santa Cruz, y Rubén Costas, prefecto cruceño, contrataron a Eduardo Rózsa Flores y a sus camaradas.
“Las instituciones cruceñas asumen la defensa del entorno de Rózsa porque los involucrados con ellos son parte del círculo político del poder inmediato que existe en Santa Cruz. Los terroristas fueron contratados por la institucionalidad cruceña a la cabeza de Branko (Marinkovic) y (Rubén) Costas”.
Ambos líderes regionales se negaron a declarar ante su comisión pues desean “impedir que la investigación siga avanzando. Más bien, están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todas las personas vinculadas a este grupo”.
Marisol Abán y Pablo Banegas, integrantes de esta instancia parlamentaria, aseguran que el grupo irregular cometió delitos comunes y no incurrió en terrorismo, concepto que debe ser contenido en el documento final de la investigación; en tanto que los oficialistas sostienen que la célula pretendía dividir el país a través de una confrontación armada.
Polémica por informes de caso Rózsa
Terrorismo. Diputados del oficialismo y oposición alistan presentación de los documentos
El Deber
Marco Chuquimia. La Paz
Uno del oficialismo y dos de la oposición son los informes que prevén habrá en la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el denominado caso terrorismo. Las conclusiones de los documentos son diferentes unas de las otras.
Los informes de la oposición serán presentados por los diputados Marisol Abán (MNR) y, el segundo, Pablo Banegas (Podemos); por el oficialismo, el presidente de esta instancia, César Navarro (MAS), presentará su propuesta.
Mientras Navarro asegura que existen “serios elementos” para sindicar a los responsables de los supuestos actos de terrorismo; sus adversarios políticos -Abán y Banegas- afirmaron, por separado, que no hay elementos para afirmar que hubo terrorismo en Bolivia. “Lo que tenemos es un hecho delictivo en Santa Cruz que está siendo investigado y salvo los que no están en el país, no hay mayores elementos para afirmar que hubo un grupo terrorista en Bolivia”, dijo Banegas.
Su colega Abán señaló que “el hecho de que el presidente de la comisión no quiera entregar los informes de las computadoras (de Rózsa), me hace pensar que estoy en el camino correcto y creo que no hay indicios suficientes para enviar a juicio a nadie”.
Para Navarro, esos anuncios revelan que hay un acuerdo de la Prefectura de Santa Cruz y del Comité Cívico para proteger a los involucrados en el caso terrorismo a través de acciones que intentan impedir el avance de las investigaciones. “Hoy vemos que estas instituciones asumen una defensa, porque las personas que están involucradas son parte del círculo del poder inmediato que existe en Santa Cruz”. Afirmó que la negativa de las dos principales autoridades de Santa Cruz, el prefecto Rubén Costas y el ex presidente del Comité Cívico cruceño Branko Marinkovic, de declarar ante la comisión demuestra que hay una intención política colectiva de impedir que la investigación avance y, por eso, están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todos los vinculados a este grupo.
Abán adujo que lo único que se logró tener es la declaración de una persona, Ignacio Villa Vargas (el viejo), que tiene muchos antecedentes policiales y ninguna prueba.
Banegas señaló que él presentará su informe ante la comisión y si no tiene respaldo, lo hará ante el pleno.
Autoridades sucrenses en la mira
Las discrepancias internas en la comisión no sólo alcanzan al informe final, sino también a otras acciones. El titular de esta instancia, César Navarro, afirmó que será necesario recibir declaraciones de autoridades de Chuquisaca sobre un movimiento bancario que informó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Pero los opositores ya adelantaron que no concurrirán a otra sesión y que la última acción era la de recibir las declaraciones de las autoridades en Santa Cruz y que con esa tarea se acabaron las comparecencias públicas y se elabora el documento final.
Desde Sucre, las autoridades y dirigentes descalificaron las aseveraciones del oficialismo y negaron cualquier participación o de vínculo con el grupo de Eduardo Rózsa; pero el senador Ricardo Díaz (MAS) dijo que “es necesario” investigar esos documentos de la UIF y que las autoridades deben aclarar de dónde sacaron ese dinero y quiénes eran los supuestos ‘asesores’ de Savina Cuéllar. La prefecta calificó como ‘mañudo’ y ‘chismoso’ al diputado.