Caso Rozsa. La orden de detención está en manos de la policía cruceña. Tapia Pachi recusó al fiscal Prudencio Flores y presentó un incidente por jurisdicción y competencia.
Investigado: el juez Luis Tapia Pachi muestra unos documentos, ayer en su despacho de la Corte cruceña
La Prensa
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El juez Luis Tapia Pachi, de Santa Cruz, se refugió ayer en el Palacio de Justicia de ese distrito para evitar ser aprehendido y trasladado a la sede del Gobierno por orden del fiscal paceño Prudencio Flores.
Edson Rojas, abogado defensor de Tapia Pachi, informó anoche a La Prensa que su cliente decidió “tomar las precauciones necesarias” ante el mandamiento, mientras que el juez comunicó a los medios en Santa Cruz de la Sierra que había resuelto refugiarse en su despacho para impedir su detención.
Flores citó a Tapia Pachi para que declare dentro de la investigación que le sigue por prevaricato, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e impedir y/o estorbar el ejercicio de funciones, por tomar conocimiento del caso Eduardo Rózsa por disposición de la Corte Superior de Santa Cruz.
El Ministerio Público indaga si el magistrado cruceño incurrió en tales delitos al intentar procesar los atentados perpetrados contra las residencias del cardenal Julio Terrazas y el actual ministro de Autonomías, Carlos Romero.
“Como no lo hizo, se emitió la orden de aprehensión en su contra. Esta orden está vigente y no se ha modificado”.
Rojas añadió: “Tenemos conocimiento de que existe un mandamiento pero eso no atemoriza al juez que acudirá a sus oficinas normalmente” hoy.
La Asociación de Magistrados de Santa Cruz emitió anoche un comunicado en el que insta “a todos los funcionarios públicos del país a no dejarse presionar por los intereses extrajurídicos para atropellar los derechos de los ciudadanos”.
La entidad exhortó a recuperar “el disminuido estado de derecho en el que aún vivimos” y dijo que el accionar jurisdiccional de Tapia Pachi “enaltece a los juzgadores del país y constituye un ejemplo que engrandece a quienes asumen el reto de defender los derechos de los ciudadanos”.
Finalmente, los magistrados recuerdan a quienes actúan con “debilidad ante los políticos que el poder es efímero”.
La Corte cruceña resolverá esta tarde una acción de libertad interpuesta por Tapia Pachi.
En contacto telefónico con La Prensa, ayer por la tarde, Tapia Pachi dijo que Flores “se cree un ‘superfiscal’, cuando esa figura jurídica ya no existe. Eso ocurría en tiempos de abusos y atropellos. Libró un mandamiento de aprehensión nacional, cuando todos tienen su propia jurisdicción y competencia. Es un abuso y una arbitrariedad”.
Rózsa fue abatido la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, junto a sus camaradas Árpád Magyarosi y Micheal Dwyer, en tanto que el boliviano-croata Mario Tádic Astorga y el húngaro Elöd Tóásó fueron capturados con vida y permanecen recluidos en el penal de San Pedro desde abril.
Los efectivos policiales que deben ejecutar el mandamiento “directamente pueden actuar y detenerme en el lugar donde me encuentre y donde ellos vean por conveniente y a la hora que consideren oportuna”.
El juez aseguró que sus actos se enmarcaron en la legalidad. “Están respaldados jurídicamente por la resolución de la Corte de Distrito de Santa Cruz, cuando se resolvió el caso de la jurisdicción y competencia para conocer el caso de presunto terrorismo producido en Santa Cruz”.
Pese a haber sido recusado por Tapia Pachi, Flores continúa sus labores, pues no fue notificado con tal recurso.
“La orden de aprehensión se va a ejecutar por los canales correspondientes. No puedo dar mayores detalles porque lo que busca (Tapia Pachi) es apartarme del caso y que pase a otro fiscal, para demostrar que no actuamos correctamente”.
Cuando el juez cruceño se declaró competente para conocer la investigación de la milicia de Rózsa Flores envió un exhorto al representante del Ministerio Público, en el que le comunica que no se le priva de hacer investigaciones, pero “lo que no puede es hacer detenciones mientras no se resuelva la jurisdicción y la competencia del caso”.
Denunció que Flores no respetó los procedimientos, pues tenía listo el mandamiento de aprehensión antes de sus audiencias y planteó un nuevo recurso de jurisdicción y competencia.
“Se necesita imparcialidad”
El constitucionalista Wilman Ruperto Durán comentó ayer que es necesaria una investigación imparcial de todos los hechos relacionados con las actividades aparentemente irregulares desarrolladas por Eduardo Rózsa Flores y sus camaradas en Santa Cruz.
“El asunto es que no solamente resulta disímil en el sistema judicial, sino que tiene connotaciones muy complejas”.
Durán recordó que el Código de Procedimiento Penal determina que cuando se plantea un conflicto de competencias, la Corte Superior de Distrito debe pronunciarse al respecto, algo que en este proceso sucedió y concedió al juez cruceño Luis Tapia Pachi la dirección jurisdiccional de las investigaciones por este caso.
El jurisconsulto sugirió al Gobierno que los casos penales que abarcan el campo político sean investigados por una comisión de Naciones Unidas para resguardar la imparcialidad, porque en este momento en Bolivia no hay condiciones para llevar adelante los procesos penales de estas características, “pues corremos el riesgo de que inocentes sean declarados culpables” y viceversa.
Dijo que los temas que deberían ser indagados por el organismo internacional imparcial son el suicidio del fiscal Mario Mariscal en Cobija, los 33 camiones en Pando, los supuestos actos de corrupción de Santos Ramírez, las muertes de La Calancha en Sucre y otros.
El caso de terrorismo
A demanda de Branko Marinkovic, el juez Tapia Pachi exigió conocer el caso Rózsa Flores.
Argumenta que los supuestos hechos delictivos se produjeron en Santa Cruz.
Por ese motivo, sostiene que el caso debe ventilarse en la jurisdicción cruceña.