Mirko Orgáz García; fuente: execlub.net
El programa de octubre fue traicionado. A seis años de la guerra del gas y a cuatro años de gobierno del MAS, la principal exigencia del pueblo boliviano de una verdadera nacionalización, refundación de las empresas estatales e industrialización de los hidrocarburos, proyecto que desestructuró el estado neoliberal, sepultó la partidocracia y derrotó los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa al costo de 67 vidas, no fue cumplido por el gobierno de Evo Morales.
Morales ganó las elecciones de 2005 gracias a la insurrección del pueblo boliviano los años 2003 y 2005 y para dar cumplimiento a esta demanda nacional. Con esa idea el pueblo boliviano lo abanderó como futuro presidente, a pesar que Morales no había participado protagónicamente en el desarrollo mismo de los acontecimientos de septiembre – octubre de ese año, mucho menos era partícipe de una nacionalización con expropiación.
Morales, ya en el gobierno, emitió el 1 de mayo de 2006 el Decreto Supremo 28701 de “nacionalización sin expropiación”, un contrasentido absoluto, que posibilitó en su efecto estatal, la legitimización de los contratos petroleros y la permanencia por 20 años más de las multinacionales que habían saqueado a los bolivianos en el marco de las leyes gonistas de Capitalización e hidrocarburos. Huelga decir que este decreto supremo expresó la pobreza programática de un gobierno reformista y liquidacionista del proyecto de octubre y de la más grande movilización social de la nación oprimida los últimos 50 años.
El 28701, en esencia, marcó una línea de continuidad del nuevo gobierno con la política neoliberal que priorizó la exportación de materias primas en detrimento del mercado interno y los procesos de industrialización y blindó constitucionalmente los contratos petroleros de las compañías extranjeras.
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Morales, para ocultar su abandono a la Agenda de Octubre, junto a la estructura de poder derivada de la Capitalización, promovieron un proceso de etnicización de la política, al mismo tiempo la confrontación entre “indios” y “blancos”, “collas y “cambas”, “autonomistas” e “indigenistas”, con la finalidad de confundir y bloquear la polarización histórica del pueblo boliviano y el imperialismo por la querella del excedente, iniciada el año 2000.
En este marco, la expulsión del Embajador Philip Goldberg (ideólogo del separatismo en Bolivia) será más simbólica en tanto y cuanto el gobierno al no nacionalizar mantendrá las condiciones favorables para la explotación colonial de los recursos naturales de Bolivia.
En el balance, a seis años de la Guerra del Gas, no hay nacionalización, refundación de YPFB e industrialización de los hidrocarburos y en cuatro años de gestión del gobierno del MAS la partidocracia y el estado intermediario del saqueo de Bolivia, desestructurados el 2003, se han reconstituido.
La Agenda de Octubre: un proyecto económico y de poder
¿Qué fue la Guerra del gas en esencia? La Guerra del gas fue la más grande insurrección de la nación boliviana contra el estado neocolonial alrededor de un programa de carácter socialista que el año 2003 unió intersubjetivamente a todos los bolivianos en torno a la necesidad de nacionalizar, refundar YPFB e industrializar los hidrocarburos, tesis expresada en la frase “Gas para los bolivianos”.
El proyecto nacionalizador será entendido por el pueblo boliviano como un medio para crear las condiciones de justicia social, derechos humanos y liberación nacional (Marcelo Quiroga Santa Cruz) a partir del control y soberanía sobre los recursos naturales.
En esta dirección, la insurrección de octubre sepultó la estrategia de imponer mediante la fuerza los proyectos capitalistas de exportación del gas como materia prima a los Estados Unidos y Chile a partir de la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en los sectores indígenas, clase obrera y sectores desposeídos que pidió la industrialización de este recurso en territorio boliviano a través de una empresa estatal y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso, transferido dolosamente a las empresas extranjeras en el marco de la Capitalización.
La insurrección de octubre puso de manifiesto la crisis del modelo autoritario (Sánchez de Lozada-Banzer-”tuto” Quiroga-Sánchez de Lozada) de Capitalización-Exportación y de la nueva estructura de poder transnacional derivada de la emergencia de la riqueza del gas en cuyo centro estaban las compañías petroleras y la partidocracia intermediaria del saqueo (MNR, MIR, UCS, MBL-MSM). En su reverso mostró la unidad nacional alrededor de la querella por el excedente de los hidrocarburos.
La Guerra del gas fue una insurrección de la nación boliviana contra el estado neoliberal y sus leyes, la policía, fuerzas armadas y los grupos de poder. En su despliegue puso en crisis el Estado transnacional, las mediaciones partidarias liberales (neo-coloniales) y la llamada democracia pactada y representativa, demandando y ejerciendo democracia directa y un gobierno de la “gente para la gente”.
En su plexo geopolítico, octubre cuestionó la estructura continental de dominación imperial, pues al inviabilizar el esquema neoliberal dependiente en el país, demostró la inviabilidad de este modelo impuesto en Latinoamérica. En este sentido, Bolivia se constituyó en la cabeza política de los países del continente al propugnar cambios en la correlación de fuerzas entre las naciones explotadas y la metrópoli explotadora. Aquí se explica, la difusión de planes intervencionistas y divisionistas del país, como mecanismos ideológicos y concretos dirigidos a detener el proceso de radicalización del pueblo boliviano en torno a la nacionalización del poder y la economía en Bolivia.
A seis años de aquel acontecimiento insurreccional y cuatro del gobierno del MAS se intenta sepultar y liquidar este proyecto.
La importancia de los hidrocarburos en la memoria histórica
Se ha dicho que la cuestión de los hidrocarburos está vinculada a los grandes acontecimientos del país, por ejemplo, fue el motivo central de la Guerra del Chaco que enfrentó a bolivianos y paraguayos entre 1932 y 1935.
En 1936, las defraudaciones de la Standard Oil serán la base de la nacionalización del petróleo y la creación de YPFB que fue el primer acto de un auténtico proyecto nacional.
Marcelo Quiroga Santa Cruz decía que la Guerra del Chaco fue el parto de la nación boliviana que terminó incorporando al indígena al precio de su defensa de algo hasta entonces no le pertenecía. 50.000 muertos dan constancia de ese trágico viaje de los “aborígenes” a la dinámica y ritmo de la nación. Bolivia volvió a renacer en aquello apuros guerreros del chaco que pusieron en grave peligro su existencia y por esos caminos resurgió en el país una nueva energía cívica y política que terminó desestructurando el superestado minero feudal. Sin embargo, este proceso revolucionario será derrotado en abril por el MNR que en su incapacidad desarrolló y aplicó un programa que no fue ni Revolucionario ni Nacional (Marcelo Quiroga).
De esa tormenta creadora nació Bolivia, y la creación de YPFB fue el primer acto de afirmación de la soberanía nacional.
René Zavaleta describe este proceso de toma de conciencia alrededor de los hidrocarburos como punto de encuentro y fusión del desarrollo de la conciencia nacional. Almaraz, será más puntual cuando afirma que la nacionalización del petróleo (1937) fue la idea directriz, la tesis programática de un movimiento político cuyo rasgo preponderante será el nacionalismo. Esta tesis, plasmó su continuidad histórica en los gobierno de Toro, Busch y Villarroel, continuidad que se interrumpe en 1950 y se rompe definitivamente en 1955 con la aplicación del Código Davenport -elaborado a la medida de las empresas transnacionales- que va a generar un nuevo alineamiento de fuerzas por un lado nacionales y por otra parte antinacionales en torno a la valoración de este recurso y sus posibilidades trascendentales para el desarrollo del país.
El Código Davenport patentizó la estrategia norteamericana de apoderarse del petróleo. Aprobado en 1955, durante el gobierno de Víctor paz Estenssoro, liquidó YPFB y transfirió las áreas de reserva a la compañía norteamericana Gulf Oil Co. -que era la misma Estándar Oil nacionalizada en 1937- y fijó utilidades para el estado de apenas el 19% de la producción, lo que determinó que en términos generales 20% sean para el estado y 80% para la empresa.
Este proceso desnacionalizador terminaría el 17 de octubre de 1969, cuando el gobierno del General Alfredo Ovando Candia, decretó el fin de las concesiones de la Gulf Oil Co. y nacionalizó todos sus bienes.
El enfrentamiento por el excedente de los hidrocarburos continuará los siguientes gobiernos y mantendrá la tónica de una nación que lucha por conservar sus recursos naturales y por otro el entreguismo dispuesto a enajenarlos a favor del imperialismo.
La Capitalización y la Ley de Hidrocarburos
La Ley de Capitalización y la Ley de Hidrocarburos son parte de este largo proceso de enfrentamiento entre la nación boliviana y el imperialismo por el excedente de los hidrocarburos.
Aplicadas entre 1993 y 1997, la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos 1689 fueron el epítome de un proceso histórico para consolidar al país como fuente principal de abastecimiento de recursos energéticos baratos hacia las potencias industriales que, al tupackamarizar YPFB, constituyeron un Estado débil y sin autonomía financiera como un país colonial de hace siglo y medio.
Más allá de la Participación Popular, la apertura externa o la Reforma de Pensiones, estas dos medidas de Gonzalo Sánchez de Lozada fueron el sustrato del neoliberalismo aplicado al país desde 1985 y desempeñaron un papel vital en la conformación de la nueva estructura de poder en manos de las empresas transnacionales que empezaron a controlar las reservas de gas como PETROBRAS (Brasil), Repsol- YPF (España), British Gas y British Petroleum (Inglaterra) y Amoco (Estados Unidos). Alrededor de estas empresas petroleras, se articularon tecnócratas del Gobierno, partidos liberales, grupos oligárquicos intermediarios del negocio, operadores técnicos y medios de comunicación, considerados como la nueva “rosca”. Veamos sus efectos económicos en la economía y la política nacional.
Con la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos, la inversión extranjera aumentó del 4 al 45% sin modificar el total de las exportaciones del país: lo que antes beneficiaba al erario nacional, el neoliberalismo lo transferirá a las empresas transnacionales, generando escasez de recursos para cubrir las inversiones públicas en educación, salud y reactivación económica.
Por ejemplo, la privatización de YPFB, significó que el Tesoro General de la Nación deje de percibir 400 millones de dólares generados por la estatal petrolera, desequilibrio financiero que será compensado por el gobierno de Hugo Banzer con el alza de los precios de los carburantes y nuevos impuestos al consumo de hidrocarburos.
Por otro lado, las nuevas empresas “capitalizadas” dejaron de consumir la producción artesanal e industrial. Toda la artesanía e industria semi-pesada entró en crisis, se cerraron fábricas y muchos trabajadores fueron despedidos. En lugar de la creación de empleos y del crecimiento aumentaron los despidos. Miles de trabajadores del LAB, ENDE, ENFE, ENTEL y, sobre todo, de YPFB quedaron cesantes gracias a la Capitalización. Los pocos empleos generados por las capitalizadoras fueron destinados a un selecto personal extranjero. Regiones enteras se vieron empobrecidas. Antes de la Capitalización, Camiri, la capital petrolera del país, tenía 3.000 trabajadores petroleros divididos en trabajos de exploración y explotación y otros cientos de trabajadores ubicados en servicios petroleros en diferentes especialidades que requería la industria y que en conjunto alimentaban la economía de la región chaqueña. Aún más, los habitantes del Chaco contaban con una empresa que, más allá de realizar las fases de la industria petrolera, contribuía con caminos, postas sanitarias y con escuelas a su progreso. Con la Capitalización se liquidaron estos mecanismos de desarrollo.
En suma, el neoliberalismo empobreció a jóvenes obreros, indígenas, campesinos, artesanos, comerciantes, clases medias y regiones; aumentó el número de desocupados y vía Capitalización transfirió el excedente económico a las empresas transnacionales, ensanchando la masa de depauperados como expresión de un nuevo régimen de tipo colonial.
Este modelo privatizador aplicado desde 1985 generó que la población mayoritaria no pueda ser subsumida como clase asalariada y profundizó la masa de los desheredados en el campo y la ciudad. Los trabajadores del área urbana y rural disminuyeron; mientras que los cuentapropistas aumentaron. En las ciudades el trabajo informal creció y el 95% de personas del campo y el 60% de las ciudades registraron ingresos inferiores a dos dólares por día.
El proceso de pauperización derivado de la desigual especialización de la economía de Bolivia significó mayor expoliación y miseria de las masas y una reorganización de la producción nacional a partir de los intereses del mercado mundial. Bolivia con la riqueza del gas, antes que beneficiarse, se convirtió nuevamente en una pieza del engranaje del desarrollo del capitalismo mundial como con la Plata y el Estaño.
Esta externalización de plusvalor vía Capitalización, en base a la superexplotación del trabajo y las riquezas de la nación, configuraron nuevos sujetos con capacidad de enfrentamiento al Estado transnacionalizado, en el marco de la contradicción política nación oprimida versus imperialismo.
En síntesis, la brutal transferencia de plusvalor derivada de la explotación del país, constituyeron a la nación boliviana como bloque social de los oprimidos que subsumió las categorías clase y etnia. Las clases nacionales fundamentales del país empezaron a vivir la misma precariedad económica y a desarrollar los mismos intereses políticos contra la nueva estructura transnacional, conformada alrededor de la riqueza del gas.
La guerra del agua del año 2000
La privatización del agua el año 2000, activará las luchas nacionales -entendida como la unidad de las diversas temporalidades y modos de producción que coexisten en la formación social boliviana- como la única respuesta para destruir el nuevo esquema de poder neo colonial.
Lo nacional -que el gonismo había desmontado para aplicar la Capitalización entre 1993 y 1997- como entidad que se reconoce a sí misma y que persiste como fondo histórico de nuestra historia, se vislumbró en abril de 2000, en la Guerra del agua contra la privatización de las condiciones de vida.
Parafraseando a René Zavaleta se podría decir que la crisis de abril reveló lo que hay de nacional en Bolivia y fue al mismo tiempo un acontecimiento nacionalizador.
Tres años después, la nación boliviana conformará un nuevo Bloque histórico contra el Estado transnacional y autoritario en la Guerra del gas, en el marco de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos 1689, los dos proyectos centrales del neocolonialismo en Bolivia.
Los centinelas de la Capitalización
Antes de esa poderosa rearticulación nacional y popular, es necesario considerar los profundos efectos estatales de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos que constituyeron la trama de fondo de las prácticas y discursos del poder en Bolivia en el período.
El nuevo poder para relanzar la Capitalización en su segunda fase (1997-2002), -proyectos de exportación-, reforzó la estatalidad en su factum represivo, utilizando al máximo las ventajas derivadas de la situación de fuerza para crear las condiciones políticas y sociales favorables a los intereses de las compañías petroleras. La lógica de la industria petrolera aconsejaba un período de maduración de 10 a 15 años de los proyectos de exportación de gas. Empero, el poder petrolero en Bolivia, buscará viabilizar la exportación de gas a los Estados Unidos y Chile en el menor tiempo posible y a cualquier precio. Este razonamiento de las compañías petroleras, acelerará la polarización social alrededor de la defensa de los hidrocarburos y su industrialización en el país por empresas estatales.
Hugo Banzer Suárez fue el elegido por el poder petrolero para llevar adelante este nuevo esquema político y económico. Por lo demás, el hueco financiero dejado por la privatización de YPFB, que profundizaba la crisis económica de amplios sectores, requería de un programa político autoritario que sólo Banzer por su pasado dictatorial podía garantizar. Con Banzer, emergió una fase del Estado autoritario.
El dictador, en tres años de ejercicio gubernamental (1997-2000), completó el despojo de Gonzalo Sánchez de Lozada, rematando refinerías, poliductos y plantas de almacenaje de YPFB, creó el impuesto a los Hidrocarburos, -con el cual el pueblo pagaba de su bolsillo la crisis en la generación de excedentes dejado por la desaparición de YPFB- y desarrolló una política represiva para erradicar cocales en el Chapare.
El año 2000, el dictador elegido, creyó que el neoliberalismo había demolido lo nacional: privatizó el agua, a favor de un consorcio internacional denominado Aguas del Tunari.
La mercantilización del agua propiciará la fusión de sujetos de diversas historias y estructuras sociales, reconstituyendo lo nacional popular contra el Estado transnacional. En abril del año 2000, la nueva clase obrera, los campesinos y los sectores populares urbanos movilizados reducirán al Estado a fuerza pura y determinarán la expulsión de la transnacional Aguas del Tunari, producto del esquema de la Capitalización.
La oposición del gobierno de Bánzer a la solución del conflicto y sobre todo a la salida de la transnacional tenía como premisa: “Si hoy se trataba de Aguas del Tunari, mañana podrían ser las petroleras Maxus, PETROBRAS, Repsol o Transredes”. No se equivocaban.
El proyecto Pacific LNG de exportación de gas a Chile y EE.UU.
El año 2001, con el gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga, la nueva estructura de poder transnacional busca consolidar los proyectos de exportación. Quiroga, en su corta gestión, mantuvo inalterable el esquema de la Capitalización beneficiando ilegalmente a las compañías e impulsando los proyectos de exportación a través del Proyecto Pacific LNG, conformado por las principales empresas “propietarias” del gas, a efecto de exportar este recurso, vía Chile, a los Estados Unidos.
Quiroga negociará a espaldas del país un puerto chileno para la exportación del gas. Este hecho que lastimaba la memoria histórica de la gente por la pérdida del Litoral en 1879, sumado a las ínfimas ganancias para el Estado boliviano del negocio, frustrarán el proyecto Pacific LNG.
La segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), tendrá como programa fundamental relanzar la Capitalización a través de los proyectos de exportación, que Banzer ni “Tuto” pudieron materializar.
Sánchez de Lozada, el autor de la Capitalización, volvía para terminar la entrega del país. Seguirá el derrotero banzerista, convencido de que sólo con la fuerza, lograría imponer la venta del gas a Chile y vía Chile a los Estados Unidos. La estrategia gonista será aplicar la represión, como el único medio para anular la oposición del pueblo boliviano al Proyecto Pacific LNG. Se equivocaba, como Banzer en la Guerra del agua.
El inicio de la Guerra del gas
En febrero de 2003, Sánchez de Lozada decide crear nuevos impuestos provocadores de la reacción popular. Naturalmente, esta política desata movilizaciones populares y enfrentamientos entre policías y militares en pleno centro del poder ejecutivo con un saldo de 36 muertos y 200 heridos. El conflicto profundizó la crisis en la esfera de los aparatos de coerción del estado. Sánchez de Lozada, temeroso a una Policía permeable a la influencia social como había ocurrido en abril de 2000 en ocasión de la Guerra del agua con Banzer, aprovechó el conflicto para dejar la represión en manos exclusivas de las Fuerzas Armadas, con el desarme de la Policía Nacional.
Después del 12 y 13 de febrero de 2003, Sánchez de Lozada tenía control total sobre las Fuerzas Armadas para desarrollar una estrategia de guerra contra la nación boliviana con el fin de imponerle los proyectos de exportación de gas favoreciendo a las transnacionales petroleras.
La posición de Sánchez de Lozada de impulsar la exportación de gas aplicando una política colonial, represiva y autoritaria a favor de las transnacionales y potencias extranjeras, generará la reconfiguración y articulación más importante de lo nacional y popular e iniciará la Guerra del gas, entendida como el enfrentamiento de la nación oprimida con el imperialismo por el excedente económico de esta riqueza.
La insurrección de octubre sepultó la estrategia de imponer por la fuerza los proyectos de exportación.
La memoria de las luchas por los recursos naturales
La recuperación de la memoria de las luchas por los hidrocarburos es vital para entender la rearticulación de la nación boliviana el 2003.
Desarticulado el proletariado minero en la década de los 80, la estrategia ideológica del gonismo y sus epígonos será vaciar el problema nacional -conciencia de que somos un cuerpo histórico invadido y saqueado por lo extranjero- a través de la creencia de que Bolivia era un país “inviable” y “dividido” en regiones y etnias.
La desarticulación del proletariado minero por la casta maldita en los 80, facilitó este proceso ideológico y la consecuente apropiación material del patrimonio del país por empresas extranjeras. En este sentido, la aplicación de la Capitalización será expresión de la desarticulación ideológica de la nación, contenida en el proletariado minero, y del triunfo de un proyecto desnacionalizador de la economía y la política que contará con el apoyo de algunos sectores sociales e intelectuales conservadores al gonismo.
Sin embargo, desde la guerra del agua del año 2000, lo central de la crisis política y social será la latencia de la unidad de lo diverso, es decir, un proceso creciente de unidad de indígenas, obreros, campesinos, clases empobrecidas y depauperadas en torno a la lucha por el excedente económico y contra el Estado transnacionalizado.
La tranferencia de plusvalor del “modelo neoliberal” creará las condiciones materiales de este proceso, por un lado. Por otro, la recuperación de la memoria de lucha por los hidrocarburos se constituirá en la base política de esta unidad nacional y de la emergencia de un programa político alrededor de la nacionalización del gas.
Es decir, económicamente, la rebelión focalizada en El Alto, la ciudad más pobre del país, se articuló a partir del sentimiento de que los hidrocarburos, defendido en la guerra del chaco por los abuelos, era un recurso estratégico y el último para solucionar los problemas estructurales de pobreza y marginación. Las consignas “nacionalización” e “industrialización” de los hidrocarburos, contra su exportación como materia prima, fueron dos ideas movilizadoras que se vincularon a la realidad miserable de miles de bolivianos de la urbe alteña, invadiendo la mente de las masas insurrectas necesitadas de trabajo, desarrollo y bienestar. El gas se convertirá en una cuestión económica de vida o muerte para la inmensa mayoría del pueblo boliviano.
En síntesis, el gas no será un pretexto “unificador”, sino la base de una cuestión nacional, económica e histórica, que en octubre convocará y unirá a diferentes sectores explotados y oprimidos contra el sistema neoliberal y contra un Estado colonial, sintetizando un conjunto de demandas sociales y desplegando la larga lucha del pueblo boliviano contra el poder externo.
Bajo este horizonte de visibilidad, en septiembre, la ciudad de El Alto inició la lucha en defensa del último recurso de los bolivianos para su viabilidad como nación: el gas.
Cronología de la Guerra del gas
Así se precipitaron los hechos.
El 13 de septiembre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada, apoyado por el MIR, NFR y UCS, informaba seguro al mundo que era inminente el contrato de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por un puerto chileno. Un negocio de y para las compañías, que dejaría para el Estado boliviano ingresos pírricos de 100 millones de dólares anuales.
Si bien al principio de las movilizaciones se dan una diversidad de demandas -no al ALCA, tierra-territorio, liberación del dirigente comunitario Huampu, autonomía para la universidad alteña, entre otras- la oposición al proyecto de exportación de gas por Chile será el punto común de todos los sectores sociales en apronte.
La Central Obrera Regional, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos, CSUTCB, el Movimiento Sin Tierra realizan una marcha desde Caracollo que termina el 8 de septiembre con una huelga de hambre en Radio San Gabriel. El 17 de septiembre la junta de vecinos de El Alto impide con un paro de actividades la aplicación del formulario municipal Maya y Paya que pretendía aumentar los impuestos municipales.
El 19 de septiembre, la convocatoria de la Coordinadora de Defensa del gas, ente que agrupa a las más importantes organizaciones políticas y sindicales del país, llena las calles de manifestantes en las cuatro principales ciudades del país contra la venta de gas.
El gobierno moviliza la maquinaria represiva que había concentrado en el ejército desde febrero.
El ejército boliviano, cuya razón de ser es “recuperar el Litoral cautivo” de manos chilenas, sale a las calles a defender los intereses de las empresas que pretenden vender gas a Chile. Nada será más grave para las FF.AA. que la imputación de pro-chilenas.
El 20 de septiembre, el ejército asesina 7 comunarios en Warisata. El gobierno ratifica su posición de exportar gas a los Estados Unidos. El mensaje del poder es claro: viabilizar la exportación de gas a Chile y Estados Unidos cueste lo que cueste.
Entre el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre los militares asesinan 58 personas en El Alto.
La indignación es nacional.
El lunes 13 de octubre, miles de personas se descuelgan de El Alto con la consigna de no a la exportación del gas y exigen la renuncia del asesino Gonzalo Sánchez de Lozada. La dirigencia campesina a la cabeza de Felipe Quispe el Mallku se suma a este pedido.
Se desatan movilizaciones en todo el país.
3.000 mineros cooperativistas armados con dinamitas y viejos fusiles Mauser llegan a Patacamaya y 50.000 se alistan para avanzar hacia la ciudad de El Alto y La Paz. Llegan columnas de campesinos aymaras a la ciudad. Movimientos sociales desde múltiples puntos se desplazan armados hacia la sede de gobierno para combatir al Estado y enfrentar al aparato de guerra desplegado por el poder.
El vicepresidente Carlos Mesa se aleja del gobierno por los asesinatos. Oportuna u oportunista, esta medida plantea una salida liberal a la crisis estatal vía la sucesión que será seguida por la clase media paceña, partidos tradicionales, empresarios, Iglesia y medios de comunicación conservadores.
El martes 14, la clase media paceña asustada por la movilización nacional y popular que se radicaliza, en cuyo centro están los indígenas y mineros armados, se suma al conflicto a través de la reconocida periodista Ana María Romero, quien entra en huelga de hambre, solicitando “sucesión constitucional”: Mesa por Sánchez de Lozada. Un cambio para que nada cambie, como se verá en lo posterior. La idea de fondo es salvar la poca institucionalidad democrática liberal que queda.
El miércoles 15 de octubre, el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo último apoyo está en la Embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas, convoca a un diálogo (¡después de asesinar más de 60 personas!) sobre tres puntos: referéndum consultivo para la exportación de gas, revisión de la Ley de Hidrocarburos y aprobación de la Asamblea Constituyente. Es demasiado tarde. Para la nación movilizada, sólo cabe la renuncia del masacrador de octubre.
En el plano internacional, los gobiernos de Lula y Kirchner retiran su apoyo al gobierno.
Por la mañana del jueves 16 de octubre, 300.000 personas, organizadas en juntas vecinales, mineros cooperativistas, clases medias empobrecidas, sectores populares y comunarios del altiplano empuñando la tricolor boliviana y la Whipala, se apropian de la sede de gobierno, invalidando el orden público, las leyes y la autoridad con el que se los condenaba a la exclusión, miseria y muerte. Es la mejor demostración de la unidad nacional.
La huelga de hambre se masifica en el país. Los guaraníes en el Chaco y ayllus en el norte de Potosí se movilizan y se suman al pedido de renuncia. El conflicto es nacional en términos discursivos y territoriales y amenaza con liquidar el sistema de poder.
Se vive un proceso pre revolucionario.
El poder gana tiempo y prepara varias alternativas: 1) Una salida militar a la crisis si no es aceptada la sucesión constitucional, 2) Una intervención militar extranjera al país, si la maquinaria represiva y militar del Estado es insuficiente.
El viernes 17, el último día del conflicto, 400.000 personas, desde diversos puntos de la ciudad y sectores sociales, bajan desde El Alto a la urbe paceña para expulsar del Palacio de gobierno a Gonzalo Sánchez de Lozada. Las Fuerzas Armadas se repliegan y abandonan al presidente. Al medio día, se conoce extraoficialmente que Sánchez de Lozada dejará la presidencia. Esta noticia, baja la tensión del conflicto. Los movilizados esperan. Por la tarde, Sánchez de Lozada fuga con ayuda de las Fuerzas Armadas y deja su renuncia a consideración del Congreso Nacional. Luego de una tensa espera, el Congreso en sesión extraordinaria acepta la renuncia y posesiona como Presidente a Carlos Mesa.
La táctica reformista y liberal se impone, bajo la mirada vigilante de los desheredados y desposeídos del sistema que han fracturado a los partidos políticos y el Estado transnacional, pero que no lo han derrotado totalmente.
Al final de la batalla, está en la conciencia del pueblo boliviano que la Guerra del gas no ha terminado y que el tiempo establecerá los nuevos términos del enfrentamiento entre nación oprimida y el imperialismo por la querella del excedente económico de este recurso.
Desde entonces, el país vivirá la confrontación entre un proyecto nacional popular que busca la nacionalización de la política y la economía y un proyecto transnacional oligárquico derivado de la Capitalización y la Ley de Hidrocarburos que utilizará todo el bagaje transnacional para derrotar o cuando menos bloquear las aspiraciones del pueblo movilizado.
Carlos Mesa fue posesionado como presidente el 17 de octubre y prefirió desde el principio de su mandato, antes que aplicar el programa nacional popular derivado de la insurrección, transar con el poder petrolero. No encontró nada mejor para apuntalarse y subsistir en el gobierno, en medio de un proceso de acumulación política radical alrededor de la nacionalización, que entregar al imperialismo su gobierno para el saqueo inmisericorde de la riqueza hidrocarburífera, apoyando la exportación masiva del gas como materia prima.
Sin embargo, Mesa no alcanzará el cometido de anular la querella por el excedente económico de los hidrocarburos. Su Referéndum de julio de 2004 será insuficiente para acabar con la polarización creciente de las masas alrededor de la nacionalización del gas, a pesar de la parafernalia mediática oficialista que lo catapultó como “ganador” del plebiscito. Los hechos se empecinaron en mostrar una realidad atravesada por este programa revolucionario.
Fue obligado a renunciar por la última movilización contundente del pueblo boliviano en mayo de 2005.
Después de esto, el poder transnacional consensuará con el sistema político, incluyendo al jefe del MAS, Evo Morales, un cóctel electoral circense para ganar tiempo y neutralizar la polarización política del pueblo boliviano movilizado en las calles: convocatoria a elecciones generales, Asamblea Constituyente y referéndum por las autonomías. El pueblo movilizado no había pedido nada de esto.
Evo Morales: un proyecto etnicista para bloquear la polarización en torno a la agenda de octubre
Después de la derrota de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa se desarrollaron dos estrategias para bloquear el programa de octubre: el indigenismo y el autonomismo. El enemigo principal de estas dos estrategias será la unidad lograda de la nación boliviana que articuló en octubre de 2003 un proyecto político alrededor de los hidrocarburos que derrotó el estado neoliberal y sus dispositivos de poder como las formas de representación partidocráticas.
Gonzalo Sánchez de Lozada, en su carta de renuncia, vaticinó el quiebre de la unidad nacional para evitar que Bolivia inicie transformaciones profundas. A partir de entonces, se profundizará y acelerará la confrontación regional, étnica y territorial en Bolivia y se crearán todas las condiciones teóricas, históricas y materiales para la guerra civil entre regiones y “naciones” de Bolivia.
No importará, en el cálculo del sistema de poder transnacional, la cantidad de muertos para lograr la división y la confrontación nacional, regional y local, como se demostrará posteriormente en la K´alancha-Sucre (3 muertos) o Porvenir-Pando(13 muertos).
Entonces, lo central del período 2005-2009 será crear una nueva polarización entre indios y blancos; collas y cambas; autonomistas y centralistas para destruir la unidad nacional y liquidar la polarización histórica entre la nación boliviana y el imperialismo por la querella del excedente.
Como se ha dicho, este plan de confrontación será impulsado por Evo Morales desde el momento de su posesión al imponer al país un discurso racista con la retórica de los 500 años de dominación colonial. Morales, para ocultar su incapacidad de aplicar el programa de octubre, promoverá un proceso de etnicización e indigenización de la política. Le seguirá la derecha fascista y racista que buscó a través de la oligarquía de la “media luna” la división del país vía la autonomía departamental como única y última forma para proteger los negocios petroleros de sus amos.
Ya en mayo de 2005, el sistema político en decadencia, incluido el MAS, frente al flujo revolucionario que buscaba la expulsión de las empresas petroleras transnacionales, había aprobado la Ley 3065 que otorgaba a Tarija, que tiene el 87% de las reservas de hidrocarburos de Bolivia, la propiedad y la exportación de gas al margen del estado central. En caso de nacionalización, las empresas guardaban bajo la manga este oculto dispositivo legal para precautelar sus intereses.
En lo posterior, ambos discursos del poder transnacional se plasmarán en la nueva Constitución Política del Estado y en los Estatutos autonómicos departamentales, que cuestionaron las mismas bases de la ciudadanía y el espacio territorial del estado y sobre todo, la propiedad de la nación boliviana sobre los recursos naturales que quedarán en manos de entidades débiles y etéreas como los “gobiernos departamentales” y las “naciones indígenas” (37 en total), fáciles de manejar por las empresas transnacionales.
A pesar de ello y como balance final del período, sin bien el indigenismo y el autonomismo, al propiciar la confrontación regional y étnica, bloquearon y postergaron las luchas del pueblo boliviano alrededor de una verdadera nacionalización y desviaron la disponibilidad social hacia temas secundarios como “autonomías”, “capitalidad”, “Asamblea constituyente”, no lograron respaldo y consenso del conjunto de los bolivianos para tomar las armas y emprender una guerra civil, supuestamente por el “proceso de cambio”, la “democracia” o la “libertad”.
Por ello a los indigenistas del gobierno y autonomistas de la “media luna” comprometidos con el quiebre de la unidad nacional y las matanzas de Sucre, Pando y Cochabamba, la historia no los absolverá.
Quedó claro que a las trasnacionales no les importaba, frente al ascenso de la nación boliviana, quién garantizaba desde el gobierno nacional o departamental su control sacrosanto sobre los recursos naturales y el excedente. Lo que les importaba era evitar otra insurrección del pueblo boliviano.
Balance a seis años de La Guerra del gas
La Guerra del gas de 2003 significó un proceso de acumulación política creciente que se concentró en la ciudad más pobre del país, El Alto.
La insurrección de octubre que tuvo su punto de partida en la denominada Guerra del agua del año 2000, que fue eminentemente urbana y en las Jornadas de septiembre del mismo año, que fue rural, sintetizó abril y septiembre, y en su densidad involucró a las clases nacionales fundamentales de la nación boliviana. En su despliegue, la Guerra del gas, dejó convertido en mil pedazos el Estado transnacional y las mediaciones partidarias liberales.
En perspectiva, tanto la Guerra del agua del año 2000, como la Guerra del gas del año 2003, mostraron la vigencia de las luchas por la nacionalización del excedente económico de los recursos naturales como el único medio serio contra el poder transnacional para salvaguardar la existencia nacional y las condiciones básicas del desarrollo de una nación.
La respuesta del poder petrolero a la movilización en defensa del gas de octubre de 2003 fue contundente: 67 muertos y más de 400 heridos.
Esta masacre del gas en pleno Siglo XXI se conectó a las masacre de Uncía, Catavi, San Juan y Amayapampa del siglo XX. La última perpetrada por Sánchez de Lozada en su primer gobierno.
La explicación de la ferocidad con la que actuó el gobierno asesino de Gonzalo Sánchez de Lozada hay que encontrarla en la lógica del poder transnacional y en los importantes intereses que se tejieron alrededor de la riqueza del gas.
Es decir, si bien Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron crueles asesinos -que deben ser juzgados como tales- cuando asesinaron lo hicieron obedeciendo a un régimen de gobierno que expresó los intereses transnacionales y de un sector minoritario de la sociedad boliviana sin amor a la patria.
En octubre, el pueblo boliviano recompuso el bloque histórico triunfante de 1952 y 1979 contra el poder petrolero.
En ese contexto, los planteamientos étnicos y corporativos de una parte dirigencial e intelectual del movimiento aymara que hablaban de una “nación aymara” excluyente, quedaron rezagados por la fuerza de los hechos. Los indígenas movilizados en octubre, junto a los obreros y sectores desposeídos, desplegaron una interpelación para toda la nación boliviana.
Entonces la Guerra del gas fue la tesis que expresó el verdadero pensamiento del pueblo articulando campo y ciudad por encima de las diferencias en un sólo frente incontenible contra el Estado transnacional. La unión campo-ciudad, fue expresión de la superación de la desconfianza y del odio incubado por el poder que intentó separar arteramente la nación en “dos, tres o cuatro Bolivias” -”nación camba”, “nación chapaca”, “nación aymara”- para limitarla en su proyección histórica.
Se trató de una articulación lúcida que combinó las luchas coloniales con las luchas antiimperialistas. Un nuevo nacionalismo encarnado en los sectores originarios, clase obrera y clases empobrecidas que impidió la exportación del gas a través de un puerto chileno y pidió la nacionalización, refundación de YPFB e industrialización del gas en territorio boliviano y en su plexo geopolítico cuestionó la estructura continental de dominación imperial, al costo de 67 vidas.
Volver a octubre
A seis años de aquella gesta y cuatro años del “gobierno del cambio”, este proyecto ha sido traicionado, pero no derrotado.
Frente a la estrategia del poder petrolero para mantener su dominio sobre el país, vía la etnicización de la política, golpe de estado, guerra civil o intervención militar extranjera, el pueblo boliviano debe reorganizarse para reencauzar la Agenda de Octubre.
La nación boliviana busca una auténtica revolución social y económica para superar el empobrecimiento estructural que la constituye desde la fundación de la República.
Queda claro que las transnacionales que hoy miran al Litio no van a dar el brazo a torcer sino cuando el pueblo boliviano se levante como en octubre de 2003.