Los nuevos elementos y pruebas que van apareciendo en torno al caso Rósza, y más precisamente al operativo policial desarrollado en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, en el que resultaron muertos los integrantes de lo que una supuesta célula terrorista, ameritan un tan necesario como urgente viraje en las investigaciones que lleva adelante el fiscal paceño Marcelo Soza.
Dicha investigación no sólo que comenzó y se ha desarrollado en medio de serios cuestionamientos sobre la transparencia y probidad del fiscal Soza, sino que ha sido conducida de manera funcional a los criterios políticos que configuran este caso.
Cada vez son más evidentes los elementos que apuntan a que en dicho operativo policial, antes de producirse un enfrentamiento, lo que hubo es una ejecución de las personas a las que el Gobierno acusó de magnicidas, primero, y de separatistas y terroristas, después.
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La última revelación pública fue aportada por un video filtrado desde la propia Policía Nacional a los medios de comunicación, en el que aparecen imágenes parciales pero confusas de lo que ocurría dentro del hotel Las Américas durante el operativo policial.
El caso, por sus propias connotaciones y por las implicaciones internacionales que ha tenido, ya tendría que ser motivo de una intervención de la Fiscalía General de la República, que hasta hoy ha demostrado poco o ningún interés en reconducir debidamente las investigaciones.
La urgencia de esclarecer el caso sin la intervención de juicios o presiones políticas tendría que ser percibida a tiempo y de manera oportuna, antes de que, por la ineficacia de las instituciones bolivianas, se haga cada vez más necesaria una investigación internacional.
Subeditorial Los Tiempos