La falta de autoridad ha sido factor para el florecimiento de la informalidad y la ilegalidad. Ahora es la autoridad la que las está fomentando.
Editorial El Día
Evo Morales es el líder que mejor entiende a Bolivia. Cuando dijo aquella vez “yo le meto nomás”, estaba resumiendo en una sola frase toda la visión, la conducta y las aspiraciones de una gran parte de los bolivianos que está gozando de un sistema complaciente con la ilegalidad y la informalidad. El Presidente sólo tiene que ir a favor de la corriente y su popularidad estará asegurada. El problema serán las consecuencias.
La Aduana Nacional acaba de reconocer que la ropa usada sigue ingresando al país con la venia de la institución, pese a que este tipo de mercadería está prohibida desde hace meses. “Es por una cuestión social”, han dicho los responsables del organismo estatal, argumento que podría servir para “dejar hacer y dejar pasar” cualquier tipo de actividad ilegal en el país. Y de hecho eso es lo que está ocurriendo. La gente le “está metiendo nomás” a todo, sin importar si es legal o no. Y pruebas hay de sobra.
Acaba de comprobarse que las exportaciones de productos agrícolas del Chapare han caído significativamente, mientras que la economía de la coca goza de una salud inmejorable. Las plantaciones de banano, palmito, piña, pimienta, maracuyá y tantos otros cultivos que venían promoviéndose para quitarle terreno al narcotráfico, se van volviendo marginales, así como producir café en los Yungas, pese a la fama mundial que ha ganado este producto, se vuelve cada vez más difícil. Los cocaleros presionan e imponen un régimen que intimida a los osan con desafiar a la ilegalidad.
Se ha comprobado que el contrabando ha crecido en estos dos últimos años y actualmente supera un valor de mil millones de dólares con pérdidas de casi 300 millones de dólares para el erario nacional. En el Altiplano se multiplican los pueblos que han constituido verdaderas fuerzas paramilitares para proteger a los contrabandistas. En Chile, hace unos días, fue detenida una mujer de apariencia humilde que estaba por ingresar a Bolivia 80 camionetas robadas, actividad que venía desarrollando hace años por pasos fronterizos que, gracias a esta política tan permisiva, se han vuelto tierras de nadie. Algo similar ocurre en poblaciones del departamento de Cochabamba que protegen a los productores y traficantes de cocaína. Los reportes sobre enfrentamientos de estos nuevos “movimientos sociales” con la Policía son cotidianos y de a poco las fuerzas antinarcóticos van reduciendo su radio de acción.
A toda esta economía ilegal protegida por el Gobierno hay que agregarle por supuesto, las decenas de invasiones campesinas a minas otorgadas en concesión a productores privados, donde acaba de aprobarse una reglamentación llamada “licencia social”, que les otorga a las organizaciones sindicales la potestad para vetar una inversión.
Narcotráfico, contrabando, avasallamientos, irrespeto a la propiedad privada, crecimiento de la informalidad, corrupción. ¿Qué clase de Estado se puede construir sobre estas bases? Ni siquiera los bonos, que constituyen el otro gran pilar de la popularidad del MAS pueden asegurarse con este sistema de cosas, sin respeto a las leyes, sin impuestos, sin instituciones ni seguridad.