Se estima que son más de 100 comunidades a nivel departamental que no se benefician con el Prosol, plantean mantener el monto económico del programa, pero que habiliten al 90% de los castigos.
Fuente: https://elpais.bo
Desde la paralela Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) nuevamente presionan a la Gobernación para que habilite a las más de 100 comunidades campesinas castigadas, que a la fecha no reciben beneficios del Programa Solidario Comunal (Prosol), porque en anteriores gestiones se cometieron irregularidades. Enfatizan que es el mismo equipo técnico del Gobierno Departamental el que trunca la habilitación.
El ejecutivo de la FSUCCT, Tomás Velásquez, menciona que hay algunos aspectos que debe solucionar el Gobierno Departamental y no así la comunidad campesina, y eso es lo que hace que anualmente estas no puedan recibir el Prosol, que es el único beneficio que reciben por parte de esta institución, ya que no está ejecutando ningún nuevo proyecto productivo.
“Ahora a nivel departamental, estamos hablando de más de 100 comunidades (que no reciben el Prosol), Cercado es la más afectada, porque hablamos de unas 40 comunidades que están castigadas, no por culpa del comité, por culpa de los técnicos de la Gobernación que dicen tiene que hacer esto, y cuando va a la parte legal lo observan y el técnico empieza a decir que no había recomendado eso”, cuestionó.
Velásquez enfatizó que es necesario conformar un comité que pueda asesorar a las comunidades campesinas para levantar la sanción.
Tomando en cuenta que en semanas pasadas algunos dirigentes campesinos e incluso asambleístas departamentales hablaban de incrementar el Prosol de 2.250 bolivianos a 2.500 bolivianos, Velásquez desestimó esta iniciativa, argumentando que el monto se mantendrá, pero que el pedido es incluir a las comunidades afectadas.
“Ahora también hay comunidades que han vendido su tractor, que vendieron su movilidad, tampoco lo ve la parte técnica, sino que lo ve la parte jurídica si va o no va, pero hay comunidades subsanables, entonces eso es lo que peleamos”, mencionó.
Velásquez instó a la Gobernación a por lo menos habilitar al 90% de las comunidades castigadas, ya del restante 10% que presenten indicios de corrupción sean juzgadas legalmente.
“El único beneficio que está llegando al sector campesino es el Prosol, después de eso, que diga el Gobernador que está haciendo un canal de riego con alguna comunidad, no está haciendo nada por el tema productivo”, expuso.
Cabe mencionar que en el mes de febrero, en su informe de gestión del gobernador, Oscar Montes, había informado que cuando se hizo cargo de la administración departamental, en 2022 se tenían 188 comunidades habilitadas con 8.739 familias beneficiarias, para la gestión 2023 se incrementó a 329 comunidades habilitadas con 14.664 familias beneficiarias.