Corrupción YPFB. “Será imposible recuperar 13,3 millones de dólares”. En una entrevista con La Prensa, el fiscal que investiga la corrupción en YPFB, Edward Mollinedo, reveló este dato y admitió que será difícil recuperar $us 13,3 millones entregados a una subcontratista de Catler-Uniservice.
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Edward Mollinedo: El fiscal que investiga la corrupción en Yacimientos revela que hay un daño económico irreversible.
La Prensa
“Será imposible recuperar 13,3 millones de dólares”
El fiscal Edward Mollinedo, que forma parte de la comisión investigadora de la presunta corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), afirmó que será imposible recuperar todo el dinero que la empresa nacionalizada invirtió para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz.
—¿Cuáles son las pruebas más importantes del Ministerio Público en contra de Santos Ramírez?
—El Ministerio Público presentó 104 testigos que ofrecieron datos fundamentales para esclarecer todas las fases del proceso, desde que se firma el contrato hasta el 27 de enero (fecha en la que fue asesinado el empresario Jorge O’Connor D’Arlach).
Hemos ofrecido 147 pruebas documentales que fueron acumuladas durante el proceso de investigación en la etapa preparatoria.
Cada una de estas pruebas, obtenidas en allanamientos e inspecciones, irán demostrando de manera objetiva la participación de cada uno de los acusados. Hemos ofrecido pruebas periciales levantadas por expertos que intervendrán en el juicio.
—¿Cuál es la magnitud del daño económico?
—El Ministerio Público presentó la acusación de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Estos dos tipos penales tienen como requisito la identificación del daño al Estado.
A través de los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del Banco Unión, hemos establecido que se entregaron 13,3 millones de dólares como anticipo a la firma Gulsby Process Systems de Estados Unidos. Esta empresa es subcontratista del consorcio Catler Uniservice, al que el Estado aún le paga y garantiza que cumplirá el compromiso, algo que no debería ser.
Es un proceso absolutamente irregular. El Estado no puede ni debe garantizar el pago a terceros que no ha contratado, y quien autoriza ese pago es Santos Ramírez Valverde. Se han identificado pagos, también en calidad de anticipos, a la firma Uniservice, y no a Catler-Uniservice, por 3,3 millones de dólares. El daño total es de 16,6 millones de dólares. A eso se deben sumar daños sociales y otros.
—¿Se podrá recuperar el dinero?
—No, hay un gran daño que se ha inferido al Estado. La Gulsby, a través de los informes que recibimos de personas que viajaron a Estados Unidos, sabemos que no tiene la intención de firmar otro contrato. Esas personas (los fiscales César Romano y Aldo Ortiz) en julio viajaron para tratar de negociar para que esta empresa sea directamente contratada por el Estado. Es una empresa extranjera, de la cual va a ser imposible recuperar los 13,3 millones de dólares ya pagados como anticipo.
De los 13,3 millones de dólares, 3.301.043 se han depositado a favor de la firma Uniservice. De este monto, los representantes de dicha firma retiraron hasta el 27 de enero de 2009 un total de 2.788.408,72 y quedan en la cuenta solamente 512. 624, 28 dólares.
Después de la muerte de Jorge O»Connor (principal ejecutivo de Uniservice), se ha pretendido retirar esos 512 mil dólares. Miguel O»Connor (hermano del anterior) y una de sus empleadas, Gloria Cabello, intentaron hacerlo.
Con una fecha y firma falsa, intentaron transferir, pero el banco detectó la transferencia . Por eso sólo queda depositado ese monto.
De la cuenta abierta en el Banco Unión, el 3 de diciembre de 2008, Mario Cossío retiró 110 mil dólares; Luis Fernando Córdova, 110 mil dólares, y Jorge O»Connor, 580 mil dólares. De este monto, 500 mil dólares van a manos de Santos Ramírez. Eso lo sabemos por las declaraciones de los testigos y los otros acusados.
El 15 de enero se hacen otros retiros: Mario Cossío McGalem saca 55 mil dólares y Luis Fernando Córdova, 20 mil. El 27 de enero cada uno retira 150 mil dólares para sumar 450 mil dólares en total.
Hay otras transferencias y pagos por deudas contraídas por particulares con el dinero destinado a la construcción de la planta. Las declaraciones que estas personas hacen al banco para el retiro, por lo general, mencionan el inicio de obras, compra de tuberías, compra de maquinaria y vehículos para el proyecto, pero se ha establecido que no se puso un solo ladrillo en Campo Río Grande.
El 5 de diciembre del año pasado, hacen otras operaciones, entre ellas de giro de cheques a favor de varias empresas por un total (entre el 2 y el 5 de diciembre de 2008) de 118.525 dólares y los otros 370 mil dólares se hacen gas.
Entre el 3 de diciembre y el 21 de enero se giraron cheques a favor de Eduardo Olivo Gamarra por 100 mil, 80 mil y 20 mil dólares; para Gloria Paola Miranda Meyer, 99 mil y 78 mil dólares. Además, Pedro Alcázar Arana, Jaime Parada Méndez, Gary Guzmán Nava, Eduardo Watanabe y Julio Salazar se beneficiaron con cheques. Esos días se retiró 574 mil dólares. Además, Uniservice dio tres cheques a entidades financieras por $us 127 mil.
¿Por qué ese dinero es de difícil recuperación? Porque indiscriminadamente se han retirado estos montos que se destinaron a cohecho, pagos personales y hechos irregulares para cumplir compromisos del convenio de licitación.
—¿Qué papel juega Javier Navia, el cuñado de Santos Ramírez, en este caso?
—Es una persona clave en este proceso, es una de las personas que ha sido nexo y vínculo entre Santos Ramírez y Jorge O»Connor y Tomás Melano. Es quien conoce toda la actividad de estas personas.
—¿Cuáles son los presuntos delitos de Santos Ramírez en el caso SIPSA?
—Es otro de los casos que se ha iniciado a consecuencia de las irregularidades encontradas. También se ha identificado, entre otros delitos, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, como los principales. También la comisión ha identificado falsedades en cuanto a compra o adquisición de las 200 acciones de la empresa Full Industry. Esperamos culminar las investigaciones y pruebas a corto plazo.
Cronología
El 27 de enero, Jorge O’Connor D’Arlach fue asesinado en la avenida Tejada Sorzano. Le robaron 450.000 dólares.
El 30 de enero, el presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez de la presidencia de Yacimientos.
El 13 de febrero, la juez Marcela Siles dispuso la detención preventiva de Santos Ramírez en el penal de San Pedro.
El 1 de mayo, Miguel O’Connor D’Arlach y Mario Cossío MacGalem, ejecutivos de Uniservice, fueron recluidos en el penal.
El 15 de julio, Miguel O’Connor D’Arlach recibió el beneficio de la detención domiciliaria y dejó el panóptico.
El 9 de septiembre, Mario Cossío MacGalem fue condenado a tres años de reclusión y se benefició con el perdón judicial.
Ese mismo día, Gonzalo Aramayo recibió similar fallo. Se declararon culpables de intermediar en el pago de una coima.
PERFIL
Edward Omar Mollinedo Pinedo es uno de los fiscales del Ministerio Público de La Paz. Tiene bajo su cargo la investigación del caso Santos Ramírez. Obtuvo su título de abogado en provisión nacional el 17 de diciembre de 1999. Egresó y defendió su tesis ante la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.