LOS PUENTES FRONTERIZOS SEPARAN A COLOMBIA Y VENEZUELA
MEXICO JOAQUIM IBARZ (CORRESPONSAL LA VANGUARDIA)
En lugar de unir, los puentes están separando a Colombia y Venezuela. La crisis diplomática entre los dos países alcanzó el jueves uno de sus puntos más altos tras la voladura por militares venezolanos de dos puentes artesanales fronterizos.
Colombia envió tropas a la frontera y convocó a las autoridades de la región a un consejo de seguridad.
Aunque en el pasado el presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente colombiano Álvaro Uribe lograron salir del borde del abismo, la mayoría de analistas dice que la actual crisis será más difícil de resolver; algunos analistas incluso señalan que aumenta el riesgo de un incidente violento en una frontera de 2.219 kilómetros.
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El distanciamiento entre los dos países se ahondó aún más después de que Hugo Chávez convocara a los comandantes militares venezolanos a prepararse para la guerra.
Chávez podría sentirse tentado a favorecer un incidente para desviar el malestar de los venezolanos por problemas internos como la elevada inflación, la escasez de agua y el racionamiento de energía eléctrica que han afectado su popularidad.
A Uribe le favorece también las tensiones con Venezuela de cara a su pretensión de buscar una segunda reelección tras una nueva reforma constitucional que, según los más connotados juristas de Colombia, atenta contra todos los principios democráticos. Uribe ha sido acusado, con pruebas contundentes, de comprar el voto de senadores y diputados para cambiar la Carta Magna.
La presentación de Colombia como un agresor respaldado por Washington podría reforzar su imagen de abanderado de la lucha anti Estados Unidos en América Latina y fortalecer el sentimiento “anti-imperialista”.
La destrucción de los puentes peatonales comunitarios volvió a aumentar la tensión entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo Chávez. Bogotá denunciará la demolición de las pasarelas ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Consejo de Seguridad de la ONU por considerar que se trata de un acto agresivo y unilateral contra la población civil de la frontera.
Mientras la comunidad internacional hace reiterados llamamientos a la conciliación y varios países ofrecen sus buenos oficios para ayudar a resolver las diferencias entre Colombia y Venezuela, la voladura de dos puentes colgantes agravó la situación. Aunque las estructuras destruidas tienen una importancia menor, su voladura es un gesto simbólico de hostilidad y de querer cortar la relación entre comunidades que no distinguen de fronteras.
El ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva, confirmó que cuatro militares con uniforme venezolano dinamitaron dos puentes peatonales en el municipio de Rangonvalia, que unían a comunidades de ambos lados de la frontera.
El ministro calificó la acción de "grave". "Estas voladuras violan la ley internacional, la ley humanitaria, y son una agresión contra los civiles", dijo Silva.
Colombia y Venezuela han quedado incomunicadas en un amplio sector fronterizo al no existir ningún tipo de puente que una a los países.
El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales dijo que lo que se voló eran "ilegales pasarelas improvisadas que usan narcotraficantes". Y acusó a Colombia de “manipular la realidad".
El general venezolano Eusebio Agüero dijo que la voladura de los puentes La Lejia y El Chicaro se hizo con explosivos "del lado de nuestro país". El jefe militar señaló que las pasarelas “facilitaban el paso de paramilitares, narcotráfico, contrabando de gasolina y alimentos y precursores para fabricar droga”.
Campesinos colombianos de la zona dijeron que soldados venezolanos pasaron hacia territorio de su país y tras enfrentamientos con la gente destruyeron los dos pasos colgantes que comunicaban la región a través del río Táchira.
Antes de la voladura se produjeron altercados porque los lugareños defendieron los puentes a pedradas. Los militares amenazaron con disparar. La reacción de la gente no impidió la desaparición de las pasarelas construidas hace más de 25 años.
Por otro lado, el Gobierno venezolano se ha incautado de Banco Canarias, Bolívar Banco, Pro Vivienda Banco y Banco Confederado, “por incumplimiento reiterativo de normas administrativas”. Aumentos de capital sin especificar el origen de los fondos, incumplimiento de las carteras dirigidas a áreas productivas, son algunas de las presuntas acciones ilegales cometidas por los bancos incautados. El Gobierno señaló que los “depósitos están garantizados”.