La Ley de la Servidora y el Servidor Público reemplazará al Estatuto del Funcionario. Se les devolverá el desahucio y otros beneficios sociales. La Ley de Gestión que reemplazará a la Safco ya fue concluida. Un anteproyecto del Gobierno dispone la modificación del modelo fiscal para la implementación de las autonomías, cambia el sistema administrativo y abre una puerta amplia para el control social.
La Prensa. El anteproyecto de Ley de Gestión Pública que elabora el Gobierno reemplazará a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Safco), modificará el modelo fiscal del país, transformará la administración del Estado y regulará el control social en todo el aparato público.
La Prensa accedió al documento que, según el Ejecutivo, permitirá la implementación de todos los niveles de autonomías a través de una readecuación en la distribución de los gastos y permitirá que la gestión comunitaria se incorpore en el Estado.
Poco después de que se promulgara la Constitución Política, el 7 de febrero, todos los ministerios de Estado empezaron a trabajar en una norma que ponga en marcha el denominado Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico.
El director del Sistema Nacional de Administración de la Gestión Pública, Raúl Prada, explicó que esta norma en los hechos es “el acto fundador de la segunda República”.
El documento se encuentra en su etapa final de redacción. Trascendió que los representantes de los ministerios trabajaron en la elaboración para consensuar el anteproyecto por la complejidad de sus alcances.
Incluso la Contraloría General aportó con propuestas para el reemplazo de la Safco. El titular de esa entidad, Gabriel Herbas, afirmó que se requerirá “una reingeniería del control” y calificó a la norma vigente como “muy dificultosa y con escasos resultados después de 20 años”.
La Ley de Gestión reemplazará los ocho sistemas administrativos establecidos en la Safco: Programación
de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada y el Sistema de Control Gubernamental.
Según el anteproyecto, se creará una gestión productiva que mida el impacto social y no sólo los resultados. El cambio de la Safco planteará además una gestión ambiental de los recursos naturales y con un “enfoque territorial”.
Una autoridad oficialista que trabaja con municipios aseguró que la Ley de Gestión Pública no cometerá el error de la Safco de plantear procesos administrativos homogéneos a gobiernos locales urbanos y rurales, sino que ahora habrá pautas diferentes para comunas de la ciudad, del campo y para los municipios indígenas.
Prada explicó que la Ley 1178 tenía una “concepción únicamente empresarial de la administración, mientras que en el anteproyecto existirá una visión integral, participativa y con control social”.
La Ley de Gestión Pública concebirá además las pautas de la administración comunitaria, en la que la participación y el control social serán la “columna vertebral” de todo el andamiaje del Estado.
La norma dispondrá la forma, aún no definida, en la que la ciudadanía ejercerá el control. Una de las innovaciones, según el viceministro de Transparencia, Tamer Medina, será que las propias instituciones públicas y hasta la Policía deberán generar, promover, financiar y brindar los espacios para el control social. Así, la ciudadanía y los sectores sociales podrán formar parte de los procesos administrativos disciplinarios o las auditorías.
El control social, al igual que las autonomías y los servidores públicos tendrán sus propias leyes que deberán compatibilizarse con la norma marco de Gestión Pública que será aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La Ley de Gestión cambiará el modelo fiscal para aplicar autonomías.
Habrá tres niveles de fiscalización
El anteproyecto de Ley de Gestión Pública que plantea el Gobierno establece que existirán tres niveles de control en la administración pública.
El nuevo modelo que el Órgano Ejecutivo pretende implementar establece que la fiscalización y vigilancia en todas las entidades públicas del Estado tengan tres dimensiones: una interna, una externa y una social. La primera tiene que ver con las auditorías internas y los procesos administrativos y disciplinarios que podrán efectuarse en las instituciones. La segunda está relacionada con el trabajo que cumplirá la Contraloría General del Estado Plurinacional. Se prevé que esta oficina sea fortalecida para abarcar la nueva arquitectura del país una vez que entren en vigencia las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales. El tercer nivel es el control social, que será protagonizado por las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Esta instancia podrá formar parte de los dos niveles anteriores.
El viceministro de Transparencia, Tamer Medina, aclaró que la nueva instancia no sustituye los mecanismos tradicionales de “control social punitivo”, como ser el sistema penal público de persecución de delitos, el control gubernamental y los mecanismos de fiscalización como el Parlamento nacional y departamental, y las representaciones legislativas municipales.
“Los mecanismos estatales y los mecanismos de participación y control social se complementan”. La autoridad gubernamental indicó que además de las plataformas de participación y control social que se deberán crear, la ciudadanía podrá acompañar a los procesos internos y de la Contraloría.
Para destacar
El oficialismo tiene una batería de 100 leyes para poner en marcha al Estado Plurinacional Autonómico.
La Ley de Gestión modifica cuatro elementos de la administración para cumplir ese objetivo.
Se prevé que sea una de las normas que se aprueben en el primer trimestre de 2010.
Norma del Servidor restituirá derechos de los funcionarios
La Prensa. Cambio: La Ley de la Servidora y el Servidor Público que alista el Ejecutivo devolverá la indemnización, el desahucio y otros derechos a los trabajadores del Estado. Los funcionarios deberán aplicar una “visión comunitaria”.
La nueva Ley de la Servidora y el Servidor Público restituirá los beneficios sociales a los trabajadores del Estado y los funcionarios serán la “cara visible” de la estructura Plurinacional, y deberán incorporar la “visión comunitaria” en sus actos.
El objetivo del Ejecutivo es que el nuevo Estado del bienestar no se convierta en el primer empleador del país, sino en el “mejor empleador y modelo para la empresa privada”.
El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, informó que la nueva Ley de la Servidora y Servidor Público, cuyo anteproyecto ya se terminó de redactar, restituirá los derechos de los trabajadores en servicio público que se perdieron con la Ley del Estatuto del Funcionario Público 2027.
“Uno de los elementos más importantes es que los trabajadores del Estado Plurinacional podrán tener acceso al cobro de sus beneficios sociales, es decir, a su indemnización”.
Chipana dijo que su despacho tiene listo un paquete de cinco anteproyectos de ley que ya fueron puestos a consideración de la Presidencia, para que a su vez sean remitidos a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional.
Se trata de los anteproyectos de ley: Nuevo Código Procesal del Trabajo, Ley de Extensión de la Seguridad Social, Ley de la Servidora y del Servidor Público, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley de Cooperativas, así como el Plan Nacional de Empleo.
El director de Servicio Civil, dependiente de la cartera de Educación, Ramiro Aguilera, precisó que “la ley buscará restituir todos los derechos laborales que el neoliberalismo les quitó, precisamente por las recetas del Fondo Monetario Internacional. Los derechos que de aquí en más tendrán los servidores públicos tienen que enmarcarse en lo que será en el futuro inmediato la nueva Ley General del Trabajo, como todos los trabajadores, el Estado tiene que dar el ejemplo como empleador”
Además, la “visión comunitaria” se incorporará en las actividades de los funcionarios a través de la inclusión de los lenguajes originarios, la aplicación de las costumbres indígenas y el reconocimiento de las “cosmovisiones de los pueblos” en los actos del Estado.
Aguilera afirmó que la futura norma tiene diferencias “cualitativas y cuantitativas con la del Funcionario Público, pues responde a los principios y valores establecidos en la Constitución, tiene como fundamento esencial la función que debe cumplir el servidor público como la imagen y la cara visible del Estado”.
El Gobierno quiere que el Estado sea el “mejor empleador” del país.
Capacitarán a los “controladores”
“No queremos repetir la experiencia de la (Ley de ) Participación Popular”. Ésa es la consigna del Ejecutivo para poner en marcha la Ley de Participación y Control Social. Bajo esa premisa se determinó que los sectores sociales, organizaciones y ciudadanos particulares que vayan a realizar el denominado control social sean capacitados en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.
El director del Sistema Nacional de Administración de la Gestión Pública, Raúl Prada, explicó que habrá tres etapas de inspección en el aparato estatal: el interno, a través de las auditorías y sistemas administrativos de la Ley de Gestión; el externo que será realizado por la Contraloría General del Estado, y el social, mediante la ciudadanía. “Para esto se requerirá una cualificación importante de todos los ‘controladores’ porque participarán en procesos complejos que requerirán conocimientos en áreas como los hidrocarburos y las telecomunicaciones”.
La autoridad gubernamental explicó que la Ley de Participación Popular, promulgada en 1994 por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, fue “retórica”, por lo que la participación de la ciudadanía no se efectivizó y fue deficiente.
Se creará el Gobierno Electrónico
El anteproyecto de Ley de Adquisiciones propone que todas las entidades del Estado incorporen en sus sistemas administrativos el denominado Gobierno Electrónico o e-Government. El objetivo es transparentar el manejo de lo público en el Estado y la desburocratización del país.
El Gobierno Electrónico es la modificación de los procedimientos administrativos, trámites, servicios, atención al ciudadano y sociedad civil, así como la rendición de cuentas. Busca la reducción del tiempo requerido para la atención del proceso de manera electrónica, así como la disminución del uso de papel y otros insumos. Se pretende la desburocratización total del Estado.
Hay pocas experiencias de implementación. El primer ministerio en aplicarlo es el de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. La Prefectura de Tarija también lo incorporó.
Para destacar
La Ley 2027 quitó los beneficios de retiro, desahucio e indemnización a los funcionarios públicos.
El objetivo en ese entonces era reducir el Estado, una de las denominadas “fórmulas neoliberales”.
El oficialismo busca cambiar esa idea y convertirse en el mejor empleador del país.
El viejo Estado del bienestar era el primer empleador, el MAS quiere convertirse en el mejor.
Para eso también existe una Escuela de Gestión, para cualificar a los servidores públicos.
Gobierno denuncia cobro ilegal por cargos públicos
ADVERTENCIA • El viceministro Chávez dijo que se aplicarán sanciones a los implicados.
La Razón. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, denunció ayer que hay “personas inescrupulosas” que, a nombre del MAS, ofrecen cargos públicos en varios distritos del país a cambio de montos de dinero. Esta actitud no es, de ninguna manera, avalada por el Gobierno, recalcó la autoridad.
“Debe quedar totalmente claro que no hay ni puede haber ninguna persona autorizada, ni a nombre de nuestras autoridades —como el Presidente, el Vicepresidente, ministros o a nivel político como los dirigentes nacionales o regionales—, que puedan elaborar listas para acceder supuestamente a cargos públicos", enfatizó el viceministro.
Para Chávez, la gente que se dedica a esta actividad engaña a los “incautos” que buscan obtener un cargo en las reparticiones públicas de manera no transparente. “Ningún dirigente o autoridad puede cobrar un solo peso para que la gente acceda al servicio público”, recalcó y añadió que se investigarán las denuncias y se aplicarán sanciones.