Se acelerará la aprobación de los proyectos de Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Juicio de Responsabilidades; ambas están relacionadas. Los oficialistas pidieron informe de los casos.
LEY • La ministra Nardi Suxo habla de la Ley Marcelo Quiroga ante los senadores opositores y oficialistas; fue ayer.
La Razón
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El MAS aplica su plan para sancionar a ex autoridades
Las ex autoridades de Estado acusadas de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones serán juzgadas y sancionadas, advirtió el oficialismo, que ya tiene una estrategia trazada para comenzar a aplicar su plan.
En esa línea, la primera tarea es aprobar los proyectos de Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, que prevé la imprescriptibilidad de los delitos y el juzgamiento en rebeldía; además de la Ley de Juicio de Responsabilidades, con lo que se pretende que todas las demandas que quedaron pendientes sean autorizadas por la Asamblea Legislativa.
Ambas normas están relacionadas, señalaron los oficialistas, que planean aprobarlas esta semana.
De hecho, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, acusó a los opositores —que desaprueban estos proyectos— de enriquecerse ilícitamente.
“(El proyecto de ley) es calificado como cacería de brujas por aquellas personas que se han enriquecido ilícitamente, por aquellas personas que han cometido actos de corrupción”, afirmó la ministra, quien ayer brindó una explicación sobre la norma al pleno de la Cámara Alta.
Una vez que se apruebe la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz existirá la base legal para procesar a las personas acusadas de corrupción en el ejercicio de sus funciones. Y para que ninguna de las ex autoridades —ex mandatarios, ex prefectos u otros que tienen alguna denuncia— se queden sin ser juzgados, la norma será complementada con la de juicios de responsabilidades que prevé autorizar a la Asamblea para aprobar los procesos pendientes contra ex dignatarios de Estado, entre ellos Jorge Quiroga Ramírez y Eduardo Rodríguez Veltzé.
“Estas leyes de alguna manera tienen concordancia. Estos juicios se van a prever en lo que son las disposiciones transitorias y dependerá del debate que se hará entre las comisiones de Constitución y de Justicia Plural cómo va a tratarse este problema, pero no se puede dejar en el limbo estos procesos que tienen ex autoridades”, argumentó la presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Cecilia Ayllón (MAS).
Las dos comisiones se reunieron ayer para elaborar la norma y decidieron recopilar los datos en detalle de los juicios de responsabilidades que estaban en el anterior Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia, dijo la jefa de bancada del MAS en Diputados, Rebeca Delgado.
Las dos comisiones se volverán a reunir en esta jornada para continuar con la elaboración del proyecto que se prevé estará concluido hasta el día viernes .
La oposición considera que todo es parte de una estrategia para perseguir a los políticos que critiquen o se opongan a la línea del Gobierno. Temen, además, que con el nombramiento de las autoridades judiciales transitorias por parte del presidente Evo Morales no se garantice el desarrollo de juicios imparciales.
El senador Eugenio Rojas (MAS) dijo que los nuevos ministros verán “todos los juicios que estaban en proceso hasta el 6 de febrero del 2009 y por supuesto algunos juicios que están en este marco como el de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros tienen que continuar”.
Delgado complementó que “estas leyes tienen alguna relación, están en el ámbito judicial y de corrupción”. Justificó que el objetivo es impedir la impunidad.
Detalles
Normativa • El actual texto constitucional presenta un vacío en relación a los juicios de responsabilidades que quedaron pendientes.
Procesos • Según la actual Constitución Política del Estado (CPE), sólo pueden ser sometidos a juicio de responsabilidades el Presidente y Vicepresidente del Estado.
El MAS quiere reabrir casos de corrupción de hace 20 años
Investigación: Con la aprobación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el oficialismo pretende indagar hechos de corrupción que no fueron juzgados ni sancionados en anteriores gestiones. La oposición rechaza la norma.
La Prensa
El Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende reabrir e investigar los casos de corrupción que fueron cometidos hace 20 años gracias a la inclusión del principio de retroactividad e imprescriptibilidad en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se encuentra en debate en grande en el Senado desde el lunes.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aclaró ayer que los hechos de corrupción cometidos hace 20 años no prescriben y, por tanto, hay que procesarlos, investigarlos y sancionarlos.
“Todos los casos que no hubieran sido procesados, que no hubieran sido concluidos con una sentencia, tienen que ser, por supuesto, procesados, no pueden declararse prescritos por imperio de la Constitución Política del Estado y ahora por la Ley Marcelo Quiroga”.
La Ministra, quien ayer fue convocada por la Cámara Alta para sustentar el contenido de la norma que fue presentada por el MAS en 2006, recalcó que no porque pase el tiempo los hechos de corrupción dejarán de ser delitos, por tanto, no se puede permitir que se plantee la prescripción de éstos.
La oposición en el Senado cuestiona el carácter imprescriptible y retroactivo de esta ley, pues considera que el oficialismo busca hacer una cacería de brujas de los dirigentes opositores al Gobierno del presidente Evo Morales.
La titular del Defensor del Pueblo, Rielma Mencias, también objetó estos aspectos de la norma y sugirió al Senado revisarla para ampliar el plazo de la prosecución del delitos pero sin hacerlos imprescriptibles, pues existen convenios internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por Bolivia, que consideran que los hechos de corrupción no son imprescriptibles.
Suxo rechazó esta observación y dijo que la Defensora “al parecer no conoce la Constitución”, porque en ella se establece que esos delitos no prescriben.
El debate en el Senado ingresó en cuarto intermedio hasta la tarde de hoy y se prevé aprobar la ley el viernes.
La norma tiene el objetivo de establecer los mecanismos, normas y procedimientos para recuperar el patrimonio estatal, y prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores públicos y ex servidores en el ejercicio de sus funciones y de personas particulares, naturales o jurídicas, privadas, nacionales o extranjeras que afecten los recursos del Estado.
El proyecto de ley también determina el juzgamiento en rebeldía, es decir que el proceso avance en contra del imputado en su ausencia y establece que el Estado le otorgará un abogado de oficio.
Suxo dijo que si bien la norma dice que el denunciado debe ser notificado, si éste no ésta presente no tiene por qué paralizarse el juicio, pues es él quien se pone en indefensión al no estar presente.
“La persona que sabe que no tiene nada que temer, que tiene cómo probar que los hechos por los que se los está denunciando no son verídicos, por supuesto que asumirá defensa y permanecerá en el país, pero la persona que está denunciada y huye del país, es ella la que se pone en indefensión, no se puede permitir que una garantía, si se quiere, sea manipulada para dejar en la impunidad un hecho de corrupción”.
En ese marco, dijo que el ex prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa y el ex dirigente cívico cruceño Branko Marinkovic podrán ser juzgados sin que estén presentes en las audiencias.
Otro punto que es observado por los opositores es la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, porque creen que será un ente inquisitivo que se convertirá en juez y parte, ya que las entidades que la integran son parte del oficialismo.
Suxo rechazó esta observación y dijo que esa instancia no investigará ni sancionará, sólo elaborará políticas de lucha contra la corrupción y ejercerá un control para que éstas se cumplan.
Ese consejo estará formado por los ministerios de Transparencia, de Gobierno, el Ministerio Público, Contraloría del Estado, Procuradoría General del Estado, UIF y representantes de la sociedad civil organizada. Estará presidido por el ministro del área. Actualmente esa instancia está dirigida por Suxo.
Marinkovic y Reyes Villa podrán ser juzgados en rebeldía.