Resulta imperioso no sólo que el Gobierno rinda un informe tranquilizador, sino que ofrezca pruebas de responsabilidad y de que las políticas de control antidroga nacionales han sido eficaces.
Editorial
Sábado, 27 de Febrero, 2010
La reciente y expresa solicitud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bolivia, para que ponga límites al cultivo creciente de la hoja de coca en el país, nos muestra hasta qué punto ha llegado la preocupación internacional sobre este asunto. Como el pedido se basa en los acuerdos de la Convención de Ginebra de 1991 y en el último informe de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU, a Bolivia no le queda otro camino que la urgente erradicación de los cultivos excedentarios de coca que se han duplicado desde el 2000. Es más, la solicitud del máximo organismo internacional tiene otras connotaciones que conviene analizar.
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En primer lugar, se está invocando el cumplimiento de compromisos asumidos por el país en la Convención de 1991, en la que se ha declarado a la coca como sustancia ilícita. Esto significa que, en virtud de ello, se ha puesto como meta adicional acabar con todos los usos de la hoja de coca que se han señalado como distintos a los fines previstos en la Convención. En los hechos esto quiere decir que Bolivia se había comprometido a declarar como actividades ilícitas las prácticas tradicionales como el acullico y los mates, además de la erradicación de los cultivos excedentarios de la hoja de coca. Sin embargo, en diez años se ha pasado de la consigna “coca cero” al incremento legal de las superficies de cultivo.
Los organismos internacionales que tienen que ver con el control del tráfico de estupefacientes afirman que se está tomando en cuenta los esfuerzos del país para despenalizar la hoja de coca. Se considera que ello tiene mucho que ver con el nuevo escenario político y social donde los pueblos originarios son protagonistas. No obstante, en la solicitud de la ONU a Bolivia se asoma una clara advertencia en sentido que mientras no se apruebe el proyecto de despenalización de la coca, siguen vigentes los acuerdos que la condenan. Dentro de este marco normativo internacional, resulta imperioso que el Gobierno rinda un informe tranquilizador y ofrezca pruebas de responsabilidad.
Se trata ante todo de demostrar que los cultivos de coca legal -que por disposición gubernamental se han incrementado en 8 mil hectáreas- no son fuente de materia prima para la cocaína como estima la comunidad internacional. Existe el convencimiento que no sólo se está incrementando la superficie de cultivo de coca sino que el producto se desvía irremediablemente a la producción de cocaína. Ese es un riesgo previsible. En ese sentido, hará falta demostrar de manera concluyente que las políticas de control antidroga nacionales han sido eficaces y dinámicas, pese a no contar con el apoyo de organismos como la DEA estadounidense, cuya expulsión ha mermado la confianza internacional.
Dentro del circuito de la cocaína, para la ONU y de acuerdo a los informes especializados, sólo Colombia parece estar haciendo buena letra, mientras que Perú y Bolivia permanecen como santuarios de la coca excedentaria. Como tal situación afecta la imagen del país en su conjunto, urge dar señales que se actuará con cada vez mayor firmeza en la lucha contra la fabricación y el tráfico de drogas ilícitas, al mismo tiempo que se hace efectiva la reducción de los cultivos de coca como lo exigen los compromisos contraídos en el terreno internacional. De lo contrario, y pese a lo que se diga y haga, de nada valdrá anteponer los valores y principios de los pueblos originarios.
Resulta imperioso no sólo que el Gobierno rinda un informe tranquilizador, sino que ofrezca pruebas de responsabilidad.